La situación Alejo Arias González (24), el joven mendocino detenido desde el año pasado en El Salvador, ha tenido algunos avances, por lo que familiares y abogados no descartan que en junio próximo pueda llegarse a realizar un juicio abreviado cuyo resultado podría determinar su regreso al país.
“No perdemos las esperanzas ni la fe en Dios y, dentro de lo complejo que es el caso, creemos que hay más posibilidades pero la incertidumbre siempre está”, confió a Los Andes el padre, Mauricio Arias, haciendo referencia al estado de excepción que rige en el régimen del presidente Nayid Bukele.
En principio, un cambio sustancial es que Alejo ya no se encuentra detenido en el Centro Penal de Jucuapa, en el distrito Usulután, una cárcel de seguridad intermedia ubicada a 200 kilómetros de la capital de El Salvador, sino que ha pasado a una cárcel común. Esta prisión tiene un régimen más leve, donde están presos algunos diplomáticos y funcionarios de fuerzas de seguridad.
El 10 de abril pasado el joven rivadaviense fue llevado a la nueva cárcel junto a un grupo de extranjeros, según explicó su padre, al tiempo que Juan Carlos Pierri, el reconocido abogado porteño que lo asiste desde Argentina junto a un letrado salvadoreño, sostiene que la presentación realizada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sirvió para que se ordenara el cambio de prisión.
Sin embargo, el régimen de aislamiento no se ha levantado aunque creen que en la nueva cárcel Alejo podría encontrarse con su abogado salvadoreño por primera vez.
Con este panorama, la familia Arias espera con impaciencia una audiencia que se tendría que haber realizado en enero y que, se espera, sea concrete en junio. Allí, la estrategia sería pautar con la fiscalía un juicio abreviado por una pena menor, excarcelable, que permita luego que Alejo vuelva al país.
Preso e incomunicado desde marzo de 2023
Para la Justicia salvadoreña, Arias es parte de una red de estafadores conformada por más de 100 personas, en su mayoría colombianos, además de tres salvadoreños y un guatemalteco. Según las autoridades, los detenidos habrían organizado algunas microfinancieras de forma ilegal y otorgaban créditos que cobraban luego a través de amenazas.
Para las autoridades centroamericanas, el fin último de la organización era enviar a Colombia cantidades millonarias de dinero, movimientos que estarían relacionados con el narcotráfico y las pandillas. Dicen que desde 2021 habrían enviado a su país 20 millones de dólares.
Alejo llegó a El Salvador el 6 de marzo del año pasado para trabajar como cobrador en una financiera dirigida por ciudadanos colombianos, a través de un contacto familiar que le consiguió ese trabajo.
Cobraba 600 dólares por mes –en pagas semanales de 150- y su idea era estar seis meses o tal vez un año para ahorrar dinero y seguir con sus estudios. Había terminado segundo año de Diagnóstico por imágenes y la idea era ahorrar dinero para poder seguir con sus estudios en Mendoza.
Pero el 14 de julio pasado fue detenido junto a otras 40 personas y enviados a la cárcel El Penalito, una instalación policial ubicada en San Salvador, capital del país.
En agosto pasado, en una audiencia colectiva y con la presencia de sólo cuatro abogados, a 40 detenidos se les dictó la prisión preventiva por seis meses por una grave acusación: asociación ilícita, lavado de activos y receptación (recibir, adquirir, ocultar o aprovecharse de los efectos de hecho delictivos). La prisión preventiva podía extenderse por medio año más, siempre bajo la modalidad de incomunicado.
“A los procesados se les atribuyen los delitos de lavado de dinero y activos, receptación y agrupaciones ilícitas. La audiencia de imposición de medidas se llevó a cabo en el Tribunal 6 Contra el Crimen Organizado”, informó vía Twitter la Fiscalía General de la República de El Salvador.
