El juez federal Walter Bento sumó dos imputaciones que se conocieron esta mañana en la investigación donde está procesado como presunto líder de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios judiciales. Una de las nuevas acusaciones también afecta a Marta Boiza, esposa del magistrado. Concretamente al juez con competencia electoral se lo acusa de haber mentido al Banco de la Nación Argentina para obtener un crédito hipotecario y de haber “freezado” un expediente.
Las flamantes imputaciones también recayeron sobre una mujer y un hombre que se dedicaban a la venta ilegal de divisas. El fiscal general Dante Vega cree que los nuevos imputados, actualmente con prisión domiciliaria, pagaron para que la investigación en su contra por la venta de divisas ilegal se ralentizara o se obviara.
Los pesquisas esgrimen una excesiva demora de parte del juez para investigar el hecho y permitir que las monedas extranjeras siguieran a la venta mientras continuaba el proceso. En otras palabras, Vega sostiene que Bento, quien de esta manera suma otra imputación por cohecho pasivo, “freezó” el expediente en el que se investigaba la “cueva” financiera.
La otra imputación que acumuló el magistrado es por falsedad ideológica ya que se sostiene que habría aportado datos falsos para acceder a un crédito del Banco Nación de manera irregular. Es que Bento y su esposa Boiza habrían indicado que el dinero se destinaría a la compra de una vivienda única familiar cuando ya tenían al menos tres propiedades y un millonario patrimonio, que fue embargado.
El juez que entiende en el expediente, Eduardo Puigdéngolas, a fines de julio pasado se pronunció en favor de las acusaciones del fiscal y le trabó embargos millonarios a todos los implicados. Por ejemplo a Bento, sindicado como el líder de la banda y sospechado de cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de la justicia, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, lo embargó por $177.610.000.
La causa cuenta con más de 20 imputados, algunos de ellos en la cárcel, otros con prisión domiciliaria y los restantes en libertad. Entre los detenidos que habrían pagado para obtener beneficios hay supuestos contrabandistas y narcos, delitos de competencia en la Justicia Federal y en cuyas causas habría intervenido Bento.
Cuando inició septiembre, el instructor del expediente disciplinario radicado en el Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, solicitó el desafuero del magistrado y que lo releven o suspendan de su cargo mientras se lo investiga en la Justicia. El pedido lo hizo mediante un documento al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Molea.
Como los jueces tienen fueros, según establece la Ley 25.320, es necesario que sea el propio Consejo de la Magistratura quien decida en plenario la posibilidad de quitárselos. Si esto ocurre, podría desembocar en el arresto preventivo del magistrado, y la suspensión o remoción de su cargo.
