El Gobierno confirmó que no posee las grabaciones de las cámaras de seguridad de la quinta de Olivos que la Justicia solicitó en relación a la denuncia de violencia de género presentada por Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández.
Según un alto funcionario, las grabaciones más recientes son de mayo de este año y no existen registros de 2021. Además, explicó que el Gobierno deberá clarificar ante la Justicia el funcionamiento del disco rígido que almacena las imágenes.
El fiscal Ramiro González había requerido los videos de las zonas internas y alrededor del chalet presidencial y la casa de huéspedes, correspondientes a abril y agosto de 2021. La denuncia de la ex primera dama alega que Fernández la golpeó en el ojo, abdomen y brazos durante esos meses.
La responsable de responder a este pedido judicial es Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. El mantenimiento de las cámaras de seguridad está a cargo de Automation Systems, empresa dirigida por Armando Raúl Mayora, un veterano de la guerra de Malvinas, cuyo contrato fue renovado en marzo por un monto de $30.360.000 para el mantenimiento de las cámaras de seguridad en la Casa Rosada, el Museo del Bicentenario y la Residencia Presidencial de Olivos.
Las grabaciones se almacenan en un disco rígido con capacidad para registrar entre mes y medio y tres meses, lo que impide acumular filmaciones de años anteriores. Un alto funcionario detalló que las cámaras eliminan automáticamente los registros cuando se alcanza el límite de almacenamiento, razón por la cual el Gobierno no comprende por qué el fiscal solicitó ese material.
Sin embargo, Balcarce 50 se comprometió a colaborar con la Justicia entregando los registros de ingresos del personal doméstico y del exdirector de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, además de los datos del personal de Casa Militar que acompañó a Yañez en un viaje a Misiones en 2021.
El juez federal Julián Ercolini desestimó el pedido de inspección judicial en la residencia presidencial, pero ordenó investigar las comunicaciones entre Yañez y Fernández desde 2016 hasta finales de 2023. Además, la Justicia citó a declarar a la exsecretaria privada de Fernández, María Cantero, al médico Federico Saavedra, al exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, así como a la madre de la denunciante, Miriam Yañez Verdugo, y a Sofía Pacchi, quien también ha sido convocada como testigo.
