El chofer y barra de club Maipú, Washington Yamil Rosales (32) -quinto imputado por el secuestro extorsivo del empresario y despachante de aduana Diego Aliaga (51)- ha quedado en una situación muy beneficiosa de cara a un futuro juicio. En uno de los escenarios posibles, Rosales podría recibir una pena no mayor a los 15 años de cárcel; en otro, una penal menor, de cumplimiento condicional.
Rosales, tal como Diego Barrera (51), su pareja, Viviana Sacolle (46) y dos hijos de ella, Lucas (26) y Gastón Curi (28), está imputado actualmente por el delito de “secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas”. Esta carátula será cambiada en los próximos días por la de “secuestro extorsivo agravado seguido de muerte”, delito que tiene como pena la prisión perpetua.
Pero Rosales decidió acogerse a la figura de “arrepentido”, lo que le permitió firmar un acuerdo entre el fiscal federal Fernando Alcaraz y la abogada defensora Gabriela Massad que, a futuro, podría ser muy beneficioso, de ser encontrado culpable. Es que la figura de arrepentido baja la escala penal, en este caso, igualándola a la de tentativa del mismo delito. Por ello, podría recibir una pena de hasta 15 años de cárcel.
Pero la situación de Rosales podría cambiar en un futuro inmediato, si el fiscal entiende que la participación del hincha de Maipú se produjo después de que Aliaga muriera. Y en este -por ahora- supuesto caso, la imputación que recaería sobre Rosales sería sólo la de “encubrimiento” del crimen con una pena de cárcel menor y de cumplimiento condicional.
Esta posibilidad está atada a la fecha de muerte que establezca el forense en la necropsia. Hoy por hoy los investigadores no saben qué día murió Aliaga. Pero sí saben -por la ubicación de los celulares en Lavalle- que fue enterrado el sábado 1 de agosto, es decir, cuatro días después del 28, fecha en que Aliaga fue visto con vida por última vez.
Se arrepintió pero dio un dato falso
Rosales aparece por primera vez en el expediente judicial, que ya tiene 1.700 fojas, como uno de los tres empleados de la empresa de transporte El Solcito, propiedad de los Barrera. El fiscal entonces le tomó una declaración testimonial, como a sus compañeros de trabajo. Pero un cambio de chip en el teléfono de Rosales el día de la desaparición lo puso en la lista de los sospechosos.
Luego, cuando empezaron a ver las cámaras de seguridad de la casa de Aliaga ubicada en Bandera de los Andes al 9000 -donde el dueño y los Barrera pensaban montar una clínica de rehabilitación- apareció una combi Mercedes Benz Sprinter de color naranja con rayas blancas. Ese vehículo, propiedad de los Barrera, era habitualmente conducida por Rosales. Pero en las cámaras, si bien se puede identificar a Diego Barrera y a Lucas y Gastón Curi, no se lo ha identificado a Rosales.
Siempre en la lista de sospechosos, el jueves 3 de agosto Rosales decidió dar otra declaración -ya como testigo de identidad reservada- y ofreció un dato falso. Al día siguiente, la Policía realizó un rastrillaje en la Crucesita, Luján, buscando el cadáver de Aliaga. El resultado fue negativo.
En ese momento, los investigadores no tenían todavía un dato clave: las antenas de telefonía ubicaron a Rosales (y también a Barrera y los Curi en Lavalle).
Es por eso que, si el forense determina que Aliaga fue asesinado entre más cerca del 28 de junio que del 1 de agosto -la fecha exacta sería difícil de determinar- Rosales podría tener hasta la oportunidad de quedar libre, incluso antes de un juicio.
