El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dio por formalizada ayer la investigación penal y dictó la prisión preventiva para un comandante mayor retirado de Gendarmería Nacional y otros siete imputados que fueron detenidos el 13 de enero con más de 34 kilos de cocaína y casi uno de éxtasis, acusados de conformar una organización narcocriminal que desde hacía tres meses traficaba drogas desde la ciudad salteña de Orán hacia la provincia de Mendoza.
Los ocho acusados son el exjefe de Gendarmería Miguel Ángel Torres, su hijo Miguel Emanuel Torres Ibba, Sandra Mariela Areco Florentín y su pareja Daniel Antonio Olivera Serrano -ella actual empleada administrativa y él exmiembro desplazado del Servicio Penitenciario salteño-, Antonio Agustín Gutiérrez, Francisco Salinas Campos, Paul César Heredia Comandiri y Diego Andrés Bahamonde. Todos quedaron imputados por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.
Con excepción de Areco Florentín, a quien se la adjudicó la condición de partícipe secundaria, el resto quedó imputado como coautores. A Comandiri y Salinas Campos, en tanto, también se les imputó los delitos de almacenamiento de estupefacientes y tenencia ilegal de armas, en concurso ideal y real respectivamente, informaron desd el Ministerio Público Fiscal.
La investigación es liderada por los fiscales generales Eduardo Villalba y Carlos Martín Amad, por la Fiscalía de Distrito de Salta, y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias, y el auxiliar fiscal de la PROCUNAR NOA Jorge Viltes Monier, áreas que ya tenían en la mira a distintos integrantes de esta organización.
A pedido de los fiscales, el juez dispuso la prisión preventiva de los ocho acusados, medida que, en el caso de Areco Florentín, se cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que el resto lo hará en una unidad carcelaria federal.
Al presentar el caso, el auxiliar fiscal explicó que la detención de los acusados se produjo el lunes último en la localidad mendocina de Guaymallén, entre las 18 y las 19.30, en el marco de un operativo que incluyo tareas de seguimiento y diversos allanamientos en las provincias de Salta y Mendoza.
Los procedimientos, a cargo de personal de las policías provinciales de Salta y Mendoza y de Gendarmería Nacional, fueron solicitados desde la Fiscalía de Distrito a partir de una investigación previa que se desprende de un caso registrado el 7 de mayo del año pasado, cuando se logró el secuestro de 99 kilos de marihuana en un control de ruta, en el puesto El Naranjo, en el sur de la provincia de Salta, donde se detuvo a tres personas.
De este caso, surgió el nombre de Gutiérrez, que se convirtió en el hilo conductor sobre quien se iniciaron tareas investigativas, las que dieron paso a la identidad de otros implicados como el gendarme retirado Torres, Areco Florentín, Bahamonde y Olivera Serrano.
A partir de tareas de campo e inteligencia, como ser el análisis de llamadas e intervenciones telefónicas, entre otras, se logró establecer que los acusados habían conformado una organización criminal, con distribución de roles y de orden trasnacional, pues adquirían la droga desde el Estado Plurinacional de Bolivia, para luego acopiarlo en la ciudad de Orán y, desde allí, transportarlo a Mendoza.
Convoy con “coches punteros”
La modalidad de tráfico se llevaba adelante mediante convoy de dos o tres vehículos, uno en el que iba la droga y el resto que hacían de “coche puntero”, cuya función era la de ir por delante a fin de advertir al rodado cargado con los estupefacientes sobre los controles que las distintas fuerzas de seguridad apostaban en las rutas.
En el marco de esta logística, el auxiliar fiscal Viltes Monier resaltó en la audiencia la labor de Torres, quien se retiró de Gendarmería Nacional con el grado de comandante mayor, además de llegar a ocupar cargos importantes en distintas unidades de esa fuerza, con lo cual tenía un gran conocimiento en la materia.
Según el MPF, por su amplia experiencia, Torres tenía una función de liderazgo, pues era el que coordinaba las operaciones de tráfico, y siempre viajaba solo, en este caso, en un automóvil Fiat Argo, mientras que el resto de los integrantes de la organización, incluido su hijo Torres Ibba, de 25 años, lo hacían de a dos o tres.
El auxiliar fiscal explicó que la vinculación de Torres no solo surgió de su relación, directa o indirecta con Gutiérrez, sino también de aportes que fueron provistos por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad (UFINAR) del MPF de Salta, tal como lo promueve el Código Procesal Penal Federal respecto a la tarea conjunta entre fiscales federales y provinciales.
Al respecto, explicó que los Torres, padre e hijo, registran vinculaciones con una banda narco que opera en Orán, con la cual habrían tenido inconvenientes con una deuda, lo que derivó en que el comandante retirado tuviera que vender un inmueble para saldar ese pasivo y evitar represalias.
También hizo especial alusión a otros dos acusados relacionados con una fuerza de seguridad. Se trata de Areco Florentín y su expareja, Olivera Serrano. La primera se desempeña como agente en el área administrativa del Servicio Penitenciario de la provincia de Salta, mientras que su marido, hasta hace poco, también cumplía tareas en esa fuerza, pero fue dado de baja.
De Orán a Guaymallén
Al referirse al operativo que el lunes13 pasado culminó con la detención de los imputados y el secuestro de más de 34 kilos de cocaína, casi uno de éxtasis, dos armas de fuego, dinero en efectivo y varios vehículos, el representante del Ministerio Público Fiscal reveló que, dado que los principales implicados ya estaban siendo monitoreados, se supo que habían iniciado un nuevo convoy, esta vez de tres vehículos.
A través de los registros de geolocalización de los teléfonos, se detectó que Gutiérrez y Torres Ibba se movilizaban en un automóvil Fiat Cronos, el que ya se hallaba en Catamarca y se dirigía a Mendoza, mientras que Torres lo hacía en un Fiat Argo, con el mismo destino. En un tercer vehículo, una camioneta Fiat Toro, iban el expenitenciario Olivera Serrano, su expareja y Bahamonde.
Coordinados desde la fiscalía, los investigadores y el personal operativo vigiló el paso de los dos primeros vehículos desde La Rioja hasta la ciudad mendocina de Guaymallén, donde se pudo identificar dos destinos. Uno era un hotel, en el que quedó alojada la agente penitenciaria Areco Florentín. El otro, una casa ubicada en la calle Adolfo Calle al 9100, fue el destino del Fiat Argo, el primero en llegar. Allí, Torres previo a ingresar a la casa, hizo un gesto de aprobación al conductor de una camioneta Volkswagen Amarok que luego se marchó.
Luego, apareció el Fiat Cronos que fue interceptado en inmediaciones del inmueble. Se detuvo a sus ocupantes, Gutiérrez y Torres Ibba, y en el vehículo se hallaron 14 ladrillos de cocaína. Acto seguido, y con el respaldo judicial del caso, se procedió al allanamiento de la casa, donde fueron detenidos Comandiri y Salinas Campos.
El Fiat Cronos donde los imputados transportaron la cocaína desde la provincia de Salta hacia la de Mendoza y detrás uno de los “coches punteros”. Foto: Gendarmería Nacional
En una habitación, en la que ambos dormían, se secuestraron otros 18 paquetes de la misma droga, un envoltorio con 995 gramos de éxtasis, dos armas de fuego -una pistola y una ametralladora-, más de 300 mil pesos y varios teléfonos celulares, entre otros elementos de interés.
Asimismo, se procedió a la detención de los otros cuatro acusados -Torres, Bahamonde, Olivera Serrano y Areco Florentín-, con lo que se completó el cuadro delictivo que había salido de Orán, como así también los dos destinatarios de la droga en Mendoza, quienes eran los encargados de la comercialización local del estupefaciente, aunque no descarta que también sea traspasada a Chile.
Tras las detenciones, y con una serie de inmuebles identificados, la fiscalía supervisó varios allanamientos más, gracias a los cuales se pudieron reunir más elementos de pruebas, como ser computadoras y documentación. El pesaje de la cocaína superó los 34 kilos.
Descripto el hecho y los roles de los acusados, la fiscalía enumeró las pruebas recolectadas, tras lo cual solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, la que fundó en la gravedad del hecho, la logística evidenciada, los riesgos de fuga y entorpecimiento, como así también la imposibilidad de que los acusados, atento a la alta escala penal de los delitos imputados, puedan tener una pena de ejecución condicional.
Ante la imputación, la defensa se abstuvo de hacer objeciones, tanto a la acusación como al pedido de prisión preventiva. Ante ello, el juez Bavio se expidió en favor de los términos requeridos por el Ministerio Público Fiscal.
