Cinco policías continuarán detenidos con prisión preventiva por cuatro meses, acusados por la “tortura seguida de muerte” de Jorge Gatica, un hombre de 36 años que el lunes último había sido demorado por no pagar unos “chorizos” de un comercio y dos horas después fue encontrado asesinado con “cincuenta lesiones” en una celda de la comisaría de la ciudad rionegrina de Cipolletti, tras sufrir una “hemorragia hepática interna provocada por múltiples fracturas costales”, según consigna la agencia Télam.
La decisión de la jueza de garantías en feria, Agustina Bagniole, recayó sobre el sargento Vilmar Alcides Quintrel (30), el cabo primero Jorge Luciano Sosa (28), la sargento primera Andrea Carmen Henríquez (35), el cabo primero Walter Denis Carrizo (33) y el oficial ayudante Gastón Alexis Moraga (34).
Durante la audiencia realizada por Zoom, los fiscales Gustavo Herrera y Juan Pablo Escalada detallaron la formulación de cargos sobre los policías, a los que consideraron coautores del delito de “torturas seguida de muerte”.
Escalada detalló que el lunes por la noche Gatica iba a bordo de una camioneta S10 manejada por Martín Urrutia hasta que la víctima le dijo que lo esperara en calles Río Negro y San Antonio porque “iba a ir a una despensa a comprar unas cosas”.
“Ingresa al mercado, pide chorizos y carne, se retira corriendo sin abonarlos. Gatica corre a la camioneta pero es interceptado por los dueños de la despensa que salieron a correrlo. Urrutia intercede para que no lo lesionen”, relató.
En ese marco, “una menor de edad que pasaba por la comisaría 45 que queda a escasos metros del lugar avisa al personal que allí se encontraba”.
De acuerdo al representante del Ministerio Público, Carrizo y Moraga fueron caminando hacia ese lugar, Quintrel y Sosa fueron en patrullero.
“Lo redujeron con una toma por el cuello y lo demoran, todo esto pasa en presencia del señor Urrutia. Lo trasladan a la comisaría en calidad de demorado. A las 22.15 los efectivos Henríquez, Sosa y Quintrel lo trasladan al hospital para ser revisado por la médica de guardia”, precisó el fiscal.
Según lo investigado, la doctora “lo examina y certifica con hora 22.30 trauma facial, escoriaciones, probablemente sufridos al momento de la detención”, por lo que “constata que no son lesiones que necesiten otra intervención y regresan a la comisaría”.
“Aproximadamente a las 22.40 del lunes 9 de enero los policías, manteniendo un dominio funcional por un período aproximadamente hasta las 0.30 del otro día, lo golpean de distintas formas con patadas, rodillazos, elementos de borde romo en todas las partes del cuerpo, más de 50 lesiones según la autopsia”, explicó Escalada.
Según el funcionario judicial, “los golpes fueron variados, uno o más en la zona abdominal que le produjeron una hemorragia producida por múltiples fracturas, siete costillas fracturadas, que son las que lesionan el hígado y por ende ocasionan la muerte”. Al planteo de la fiscalía adhirieron los abogados Rubén Antiguala y Diego Vázquez, representantes de la familia de la víctima, mientras que solamente el defensor Michel Rischman esbozó una crítica sobre la médica de guardia dado que aparentemente Gatica le indicó que “le dolía la región costal derecha”.
“¿No estaremos en presencia de una mala praxis médica? No podemos dejar de soslayar que todos conocíamos a Gatica que tenía antecedentes penales, no era una persona trabajadora, tenía conflictos con la sociedad y no sabemos qué hizo antes”, añadió el letrado, quien enumeró su prontuario, lo cual fue rechazado por el fiscal jefe Herrera dado que consideró en todo caso debió iniciarse una causa por “hurto” y de ninguna manera debió terminar en una “muerte”.
En tanto, la policía Henríquez declaró y llorando señaló a su compañero Sosa como el autor de la golpiza.
“Lo veo a Sosa que le estaba pegando, tenía la rodilla o el pie arriba del detenido (señaló el abdomen) que creo tenía las esposas, le dije que basta y cuando salió le pegó una patada”, lo incriminó.
También declararon Moraga y Carrizo, quienes agregaron información acerca del lugar en el que estaban al momento del hecho y donde se encontraba el resto de los imputados.
Mientras que Sosa y Quintrel se negaron a declarar, informaron fuentes judiciales.
Finalmente, la jueza Bagniole avaló la formulación de cargos presentada por la fiscalía y dispuso cuatro meses de prisión preventiva para los imputados, mientras se da curso a la investigación.
Sosa y Quintrel cumplirán el plazo en una unidad de detención, mientras que en el caso de Henríquez, Moraga y Carrizo, la jueza ordenó que lo hagan bajo el régimen de prisión domiciliaria, tal como lo solicitó fiscalía y la querella.
