Un operativo de Gendarmería Nacional en el paraje Vallecito, en San Juan, terminó con el secuestro de $120.934.030 en efectivo que transportaban dos hombres oriundos de Mendoza.
Los detenidos fueron interceptados por Gendarmería en un control sobre la ruta provincial 141, en Caucete. La firma para la que trabajan aseguró que habían realizado cobranzas en La Rioja y Catamarca.
Secuestraron $120 millones a dos mendocinos en San Juan.
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Un operativo de Gendarmería Nacional en el paraje Vallecito, en San Juan, terminó con el secuestro de $120.934.030 en efectivo que transportaban dos hombres oriundos de Mendoza.
Los ocupantes de una camioneta Volkswagen Amarok, identificados como Ariel Acevedo y Leonardo Cisneros, fueron demorados mientras se investigaba la procedencia de los fondos y la posibilidad de una maniobra vinculada al presunto lavado de dinero. El procedimiento se realizó el martes por la noche en un control ubicado sobre la ruta provincial 141, en Caucete.
Durante la requisa, los efectivos encontraron once bolsines cerrados con precintos detrás de los asientos del vehículo. Los hombres explicaron que trabajaban como cobradores para una empresa mendocina y que regresaban de realizar una recaudación en La Rioja y Catamarca.
Sin embargo, los papeles y las facturas que presentaron en ese momento no alcanzaron para despejar las dudas de los gendarmes. También llamó la atención que trasladaran una suma millonaria en una camioneta que no estaba preparada para el transporte de caudales y sin elementos específicos de protección y seguridad.
Según fuentes del caso, reportadas por medios locales, los efectivos advirtieron que Acevedo y Cisneros vestían de civil y no contaban con identificación como personal de transporte de caudales.
Además, señalaron que circulaban fuera del horario autorizado para ese tipo de actividad y que, para realizar esos traslados, debían disponer de una autorización del Banco Central de la República Argentina.
Ante esas circunstancias, Gendarmería consultó al fiscal federal de turno. La orden fue secuestrar los once bolsines con el dinero, la documentación y los teléfonos celulares de los dos hombres, quienes fueron trasladados a dependencias judiciales para avanzar con las actuaciones.
La investigación quedó orientada a establecer de dónde provenían los fondos y si el traslado se había realizado bajo las condiciones legales correspondientes.
Durante la mañana del miércoles, la abogada María Filomena Noriega se presentó ante la Justicia Federal en representación de Guerrier SAS, una empresa de seguridad con sede en Mendoza para la que trabajan Acevedo y Cisneros. La letrada sostuvo que no hubo ninguna maniobra delictiva y que el transporte del efectivo formaba parte de una tarea habitual de la firma.
De acuerdo con la explicación empresarial, Guerrier había sido contratada por Al Norte Distribuciones S.R.L., una distribuidora mendocina, para cobrarles a sus clientes en La Rioja y Catamarca. La compañía habría tercerizado esa actividad por razones de seguridad y falta de personal, mediante un acuerdo privado que autorizaba a Guerrier a recaudar y trasladar el dinero en su nombre.
La firma también indicó que la camioneta contaba con seguimiento mediante GPS satelital y cámaras de seguridad instaladas dentro de la cabina para registrar los movimientos durante el recorrido.
Según el descargo presentado ante la Justicia, los $120.934.030 correspondían a pagos parciales de facturas de ocho clientes de Al Norte Distribuciones. El efectivo estaba distribuido en once bolsines cerrados con precintos, de acuerdo con el procedimiento que, según Guerrier, habían establecido ambas empresas.
Una vez finalizado el recorrido, la recaudación debía ser entregada a la distribuidora. Para respaldar su versión, la empresa presentó facturas, recibos de cobranza, el contrato de prestación de servicios y documentación sobre su habilitación como firma de seguridad.
Después de la intervención de la abogada y de la presentación de esos elementos, Acevedo y Cisneros recuperaron la libertad. De todos modos, la Justicia Federal deberá analizar la documentación y determinar si el dinero tenía el origen comercial que sostiene la empresa o si existió alguna irregularidad en las condiciones del transporte de caudales.
