Entre los más de 30.000 abusadores sexuales que tienen condena firme en todo el país, según los números oficiales del Registro Nacional de Datos Genéticos, uno es mendocino. Se trata de Pablo José Antonio Navarro, de 38 años, quien recién lleva cumplidos tres años y siete meses de los 23 a los que fue condenado en un juicio abreviado.
Con ese tipo de debate, el mayor violador serial de la historia delictiva de Mendoza evitó el escarnio popular y una más amplia difusión de los hechos, que se traducen en la confesión lisa y llana de nueve casos de violación con acceso carnal a jovencitas de entre 14 y 16 años, algunas estudiantes de la escuela Misiones de Godoy Cruz.
Navarro empezó a transformarse en el mayor violador serial de la provincia de todos los tiempos a fines de diciembre del año 2017, cuando se conoció la primera denuncia, a la que en sólo horas se sumaron otras dos.
Curiosamente, todas fueron recepcionadas por las autoridades de la oficina fiscal ubicada en la comisaría Séptima, de Godoy Cruz, y sumando el hecho de que todas tenían como “patrón” común que las agresiones se habían cometido en una zona cercana al parque Benegas, en ese departamento.
Cada una de las víctimas a su turno, superando la barrera del pudor, fueron coincidentes en describir al depredador sexual como un sujeto que se movilizaba en una moto de color negro, que exhibía un arma de fuego y que, sin sacarse el casco, las obligaba a subir a la motocicleta. Tras ello las llevaba hasta un decampado (identificado en el expediente como “campito verde”) donde, además de la violación, le sumaba el robo de sus pertenencias, como celulares y mochilas.
Con el transcurrir de los días se sumaron denuncias hasta que el depredador sexual fue detenido el 9 de febrero, casi 60 días después de la primera denuncia, a la que se habría llegado tras la declaración que hizo una ex pareja, y luego de que el cotejo de ADN con la base de datos que tiene el Poder Judicial mendocino diera positivo en los casos denunciados. Antes se había descartado, por las mismas pruebas de laboratorio, a dos sujetos que habían sido detenidos.
Con el violador confeso y alojado con prisión preventiva en la vieja cárcel de Boulogne Sur Mer, seis meses después de la instrucción -a cargo de la fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Virginia Rumbo- se llegó a un acuerdo de partes, es decir, con base en un juicio abreviado se pactó una pena de 23 años de prisión, 13 años menos de lo que establece nuestro Código Penal, avalada por el juez David Mangiafico, del Fuero Penal Colegiado.
Navarro fue acusado de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y robo agravado por el uso de arma y amenazas.
Advertencia en redes sociales
Pese al estricto secreto de la investigación, se supo que la primera denuncia fue hecha por una joven de 16 años. Y en ese relato, después reiterado ocho veces, se señaló al sujeto con un tatuaje en su brazo derecho, que vestía ropa oscura y montado en una moto negra. Pero se desconocía su rostro, que estaba oculto por un casco también negro.
Por entonces una advertencia por WhatsApp alertaba a las madres de alumnas adolescentes. “A una chica que venía de la escuela la agarró un tipo en una moto, la amenazó con un revólver y la violó”, rezaba el mensaje que se multiplicaba por los teléfonos de la zona.
Ante esa situación, mujeres policías actuando como “señuelos” humanos se apostaron en las zonas donde el violador serial operaba. Además, se multiplicaron las patrullas con vehículos sin identificación ocupados por efectivos de la Dirección de Investigaciones y como resultado se logró la aprehensión de dos hombres que terminaron desvinculados de los hechos.
Sin embargo, distinta fue la tercera detención, ocurrida mientras Navarro caminaba por calle Alem. Pese a que llevaba un DNI falso las pruebas de ADN permitieron identificarlo. Es que las muestras fueron coincidentes con los restos de semen obtenidos de las prendas íntimas de las víctimas. Desde ese momento, en el año 2018, y hasta ahora hubo unas 700 denuncias de violaciones aisladas en toda la provincia.
Desde julio del año pasado el mayor violador serial mendocino pasa sus días de encierro en la unidad 11 perteneciente al penal Almafuerte II, un sector reservado para condenados por delitos contra la integridad sexual.
