Un caso que conjugaría violencia económica y abuso sexual es investigado por la Fiscalía de Violencia de Género de San Martín, que ordenó la detención de un comerciante del Este provincial y le aplicó una dura imputación. El expediente, según la hipótesis de los investigadores, conjuga estos elementos habituales en el marco de la violencia machista pero que, por lo general, no se dan juntos: el sometimiento económico y la agresión sexual.
“La violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela”, define la ONU Mujeres a este tipo de control machista.
Según la denuncia que una peluquera del Este provincial realizó en 2019, su ex pareja la habría obligado a mantener relaciones sexuales apelando a la extorsión: si no tenían sexo, el hombre –dueño de algunos locales comerciales- no le pasaba el dinero de la cuota alimentaria del hijo.
Por estos días la pareja pasa por un proceso de separación de bienes más o menos tranquilo, pero el miércoles pasado, tras analizar si el hombre debía ser sometido a debate en libertad o detenido, de cara la elevación a juicio de caso, el fiscal de Violencia de Género Tabaré Ezcurra ordenó la detención del denunciado porque había violado la restricción de acercamiento.
Luego le endilgó una dura imputación: abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real, agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género.
Sin embargo, algunos observadores que conocen el expediente opinan que no está muy claro que estos delitos hayan existido como tales y que, en todo caso, sería difícil probarlos durante un juicio. Es que la denunciante habría aceptado las exigencias de su ex marido.
Además, durante el largo proceso judicial, ella ha realizado unas seis declaraciones, en algunas de las cuales ha dicho que, en ciertas ocasiones, ella tenía deseos de tener sexo. “Pero, ¿cómo se puede saber en qué ocasiones habría sido forzada y en cuales accedió por propia voluntad?”, opina una fuente judicial consultada. También, a veces, la mujer dejaría ver que hay intereses cruzados en relación a los bienes del matrimonio, tales como que el ex marido le habría ocultado la existencia de algunos bienes.
El este particular caso se habría producido una violencia económica: el hombre habría obligado a su ex a mantener relaciones cinco días por semana y él, a cambio, le entregaba los 20.000 pesos que se habían pautado a modo de cuota alimentaria. Es decir que había una suerte de extorsión, aunque la acusación no incluye este delito.
Por otra parte, la denunciante sostiene que su ex le envió a través de WhatsApp un archivo en PDF que sería una suerte de contrato en el cual se detallaba que debían tener sexo cinco días a la semana y, en caso de no cumplir con ese régimen, le iba a descontar una suma fija por cada falta. Pero la peluquera no aportó ese mensaje de WhatsApp, aunque un testigo de su entorno sostiene que vio ese archivo pero no pudo confirmar que se lo hubiera enviado el detenido.
El largo camino judicial
La causa penal se inició en 2021 en la Fiscalía de Junín. Tras la pandemia de Covid-19 pasó a tramitarse en la Unidad Fiscal de Violencia de Género de San Martín, bajo la órbita del fiscal Germán Hnatow, quien realizó el grueso de la investigación. Ya en agosto de este año fue retomada por el fiscal Tabaré Ezcurra, quien ordenó la detención de acusado al elevar la causa a juicio. Tras esta medida, dejo su cargo en Violencia de Género.
Esta semana el abogado del comerciante solicitó a Mariana Gutiérrez, nueva fiscal de Violencia de Género, que su cliente recupere la libertad, medida que es analizada.
A fines de 2018, la peluquera y el comerciante dieron fin a una relación que habían mantenido durante unos 10 años, tiempo en el cual tuvieron un hijo. En abril del año siguiente la mujer denunció a su ex pareja diciendo que el hombre la obligaba a tener relaciones sexuales bajo presión.
Desde ese momento comenzó un largo proceso judicial que se demoró primero por la pandemia y luego por las dificultades que planteaba el caso. A la par se ha venido desarrollando un acuerdo entre las partes en relación a la causa civil de partición de bienes, que estaría a punto de cristalizar. Esta es la razón por la cual ambas partes (con sus representantes legales) prefirieron no hablar en esta nota.
