El juez Alejandro Piña, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza, condenó a la exsenadora provincial sanrafaelina Raquel Páez (55) a la pena de cuatro años y cuatro meses de prisión por el delito de tráfico y comercialización de estupefacientes, a raíz de un hecho ocurrido el año pasado.
En esta misma instancia, el juez dictó idéntica condena para María Laura Narváez (35) y dispuso una condena condicional de 3 años de prisión para Renzo Molina, hijo de la exlegisladora, por haber sido considerado partícipe secundario en el hecho. En este último caso, Molina –que estaba detenido en la capital provincial– recuperó su libertad.
La causa tiene origen el 15 de noviembre de 2019. Páez y su hijo fueron aprehendidos por personal de Gendarmería Nacional que seguía instrucciones como parte de una investigación para encontrara una red de tráfico y comercialización de drogas. La detención de la exlegisladora y su hijo se produjo cuando Gendarmería desarrollaba un control en la Ruta Nacional 40, a la altura del paraje Zapata, en Tunuyán. Allí se halló algo más de un kilo de marihuana en su automóvil Chevrolet Agile.
Acto seguido se procedió a allanar el domicilio de las personas investigadas donde se incautaron 48,8 gramos de marihuana fragmentada lista para la comercialización, plantines y frascos con aceite de cannabis, 21 gramos de una sustancia destinada presumiblemente para corte, envoltorios, papel films, cuadernos con anotaciones, dinero en efectivo, celulares, computadoras, GPS y una placa identificatoria con la leyenda “senadora provincial”.
En la Ciudad de Mendoza fue detenida Narváez, quien por entonces era pareja de un hombre que estaba detenido en el penal provincial. Este sería el encargado de digitar los movimientos de la organización.
Un reclamo y un conflictivo paso por la Legislatura
Raquel Páez fue electa senadora por el Partido Justicialista en 2001 y, un año después, llegó a ocupar su banca en la Legislatura. En 2004 tuvo su salto a la “fama”.
Por aquellos días llevó adelante un reclamo de casi 50.000 pesos por salarios propios y de tres colaboradores por los nueve meses que había demorado en asumir su cargo.
Así mantuvo un conflicto con la Justicia Electoral, pese a que en ese tiempo igual cobraba el sueldo de empleada de la Municipalidad de San Rafael.
Su protesta no surgió efecto; por el contrario, terminó siendo suspendida en la Legislatura por 15 días por “falta ética”.
En 2006 terminó su función como legisladora.
