El 6 de febrero se dará a conocer la sentencia en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Ese día, los integrantes del tribunal de Dolores definirán si consideran que las pruebas presentadas en dicho juicio demostraron que la víctima fue asesinada a partir de un plan ideado o si fue una agresión desmedida que derivó en muerte.
En caso de entender que fue un homicidio planeado, los magistrados María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia tendrán que precisar además si consideran que los ocho imputados actuaron como un bloque, si hubo o no roles diferenciados en el ataque a la víctima, y si en base a eso pueden establecerse grados de responsabilidad penal y condenas distintos, informó Télam.
La sentencia se dará a conocer el primer lunes de febrero a las 13, en la sala de audiencias de la Cámara de Apelaciones de Dolores, donde el último 2 de enero se puso en marcha el juicio a los acusados, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).
Los ocho llegaron a juicio imputados por “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y el mismo delito fue sostenido en sus alegatos de cierre del último miércoles por los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García, y por los abogados Fernando Burlando y Fabián y Facundo Améndola, quienes representan a Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de la víctima, y en ambos casos pidieron perpetua para todos en calidad de coautores.
En tanto, el defensor Hugo Tomei, quien pidió la absolución o que el hecho sea encuadrado como un “homicidio en riña”, que prevé una pena máxima de seis años de prisión, y también fue rechazada por los propios imputados, quienes en su últimas palabras ante el tribunal pidieron perdón a la familia de Fernando y negaron la intención de matar.
La fiscalía entendió que “no hubo roles”, que “todos hicieron todo, todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon”, según el análisis realizado de la prueba incorporada durante la instrucción y de 87 testimonios brindados en el juicio, decenas de videos reproducidos y pericias detalladas en las distintas audiencias.
Para Dávila y García, los imputados atacaron “por sorpresa, a traición” a Fernando “sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse” frente al boliche “Le Brique”, luego de que tanto él y algunos de sus amigos como los acusados fueran expulsados del local por un incidente en la pista de baile.
García señaló que ese cruce previo, ocurrido cerca de las 4.30, fue el “móvil” del crimen, y que tras ser echados instantes después, los acusados permanecieron “alrededor de siete minutos cerca” del joven “acordando durante ese período de tiempo matar a Báez Sosa, esperando el momento adecuado para hacerlo”.
Precisó además que “la alevosía” con la que actuaron “agrava la menor posibilidad de defensa de la víctima”.
Para respaldar su planteo, la fiscalía exhibió ante el tribunal imágenes captadas tanto dentro del boliche -en las que Thomsen realiza “un gesto amenazante” presuntamente a Báez Sosa-, como videos sincronizados del momento en que ambos grupos echados y distintas secuencias del ataque.
“No hubo pelea, obviamente que no hubo pelea”, afirmó García, y subrayó: “Hubo concurso premeditado de dos o más personas que se pusieron de acuerdo para matarlo y eligieron esa manera, con múltiples golpes de puño y patadas, sobre todo a la cabeza”.
La acusación fue rechazada en la última jornada de alegatos, que se desarrolló el jueves, por parte del defensor, quien planteó en primer término la “incongruencia” entre la imputación original y la sostenida durante el pedido de penas, y solicitó en ese sentido que los imputados fueran absueltos.
Tomei pidió a su vez que en caso de que sean condenados, el hecho sea encuadrado como un “homicidio en riña”, que prevé una pena máxima de seis años de prisión.
De manera subsidiaria, el defensor planteó que se consideren las figuras de “homicidio simple con dolo eventual” -con una pena en expectativa de 8 a 25 años- o de “homicidio preterintencional” -que prevé hasta 6 años-.
Para Tomei, “no se pudo comprobar el plan para matar” ni las causales de muerte, y “no hubo estado de indefensión, bajo ningún concepto” por parte de la víctima.
En ese sentido, consideró que “hubo una agresión” y que el hecho “se encuadra en un homicidio en agresión conocido como riña”, por lo que “con la pena que están cumpliendo de tres años quedarían todos en libertad”.
