Las denuncias contra efectivos policiales por ejercicio de diferentes tipos de violencias han ido en aumento los últimos años. Pero en particular, se destaca que 7 de cada 10 son por cuestiones de género. Según datos del Ministerio Público Fiscal que maneja la Dirección de Participación Comunitaria del Ministerio de Seguridad de Mendoza, en total, por diversos tipos de violencias, fueron 110 las denuncias en 2021, 177 en 2022 y este año, cuando recién va por la mitad, van 140, lo que permite suponer que se superará el registro del año anterior.
Si se toma el último año cerrado, 2022, implica que se recibió una denuncia por violencia día por medio. La mayoría de ellas fueron por hechos vinculados a cuestiones de género. Este año han sido 97 por esta causa, esto es 69,29% del total por violencia. En 2021 habían sido el 77,27% (85 de 110) y en 2022, 74,58% (132 de 177).
Los casos pueden haber sucedido en el ejercicio de su actividad, como por ejemplo en la calle o en un operativo, dentro de la Fuerza o vinculado a su vida familiar y sus hogares. Según se observa, a estas últimas corresponde la mayoría.
La directora del área, Elizabeth Ormezzano, estimó que los hechos intrafamiliares reúnen en torno a 90% de los asociados a cuestiones de género. El resto de las violencias ejercidas son institucional y laboral. En 2022 a la primera correspondieron 22 denuncias y a la segunda, 17.
Ormezzano explicó que su área toma intervención cuando llega una denuncia vinculada a un efectivo policial, ya sea como víctima o como victimario. En cuanto al aumento de denuncias, destacó: “Hoy las mujeres se animan más, también incluso varones que sufren violencia de género”.
Es que, además de suponer que hay más hechos, también se considera que los afectados buscan más hacer la denuncia. Aseguran que se trata siempre de un tema complicado cuando intervienen policías. Es que, por un lado, la violencia puede aparecer invisibilizada y hasta naturalizada pero, por otro, la víctima puede sentirse verdaderamente vulnerable y en riesgo si la realiza. Pero dado que el tema está en agenda, que se generan espacios y se toman ciertas medidas para acompañar el proceso, se van rompiendo barreras.
“Hay que decir que el personal policial es un ciudadano más que ya trae estas conductas, por mencionarlas de algún modo. La violencia no es de un día para el otro, son personas que ingresan a una institución pero son miembros de una comunidad”, explicó Ormezzano.
Para Belén Bobba, directora de Género y Diversidad de Mendoza, como para el resto de los consultados, también se trata de un reflejo de lo que sucede en la sociedad. “Yo creo que no es la fuerza de seguridad en particular, me parece que tiene que ver con la sociedad en general, porque la verdad es que sólo poner foco en las fuerzas de seguridad es obviar toda la cultura patriarcal que existe en la sociedad. Tiene que ver con lo cultural”, consideró.
En la Inspección General de Seguridad (IGS), casi la mitad de los sumarios administrativos iniciados por violencia son por cuestiones de género. En 2022 se iniciaron un total de 1.000 en un registro que se divide en 23 ítems, tales como robo o pérdida de elementos de trabajo, abuso de autoridad o irregularidades. A violencia corresponden tres ítems y a fines del año pasado se sumó uno más. El total de sumarios por violencias es de 258 ese año, más de un cuarto de todos los casos mientras que 119 fueron por violencia de género. Esto implica que, dentro de las violencias, ocupan 46% de los hechos y el 11,9% del total de las denuncias, más de uno de cada 10.
Un sumario administrativo se inicia a partir de una denuncia que se cree que puede tener sustento para investigar.
Posición de poder
El policial es un ámbito en el que pueden registrarse denuncias y llevar controles, por eso se hace visible. Pero, por otra parte, son personas que cumplen un determinado rol dentro de la sociedad, que asumen posiciones de poder y tienen una responsabilidad.
“Creo que con las fuerzas de seguridad en particular lo que hace que sea tan preocupante, obviamente, es el manejo y acceso a armas de fuego y el poder que generan las mismas dentro de un hogar, que es un poder tanto físico como un mensaje psicológico”, remarcó Bobba.
Es lo mismo que manifiesta el “Observatorio ahora que sí nos ven”, que lleva un registro de femicidios y sus circunstancias. Desde 2020 incorporó al registro nacional de femicidios la variable de agresores que pertenecen a fuerzas de seguridad y armadas. En un informe reciente, con datos entre el 1 de enero de 2020 y el 25 de mayo de 2022 (dos años y medio), 44 de los femicidios fueron cometidos por personal de estas fuerzas: 38 femicidas eran policías y 6 militares.
“Esto indica el alto riesgo de vida de las mujeres que están en pareja con agentes de las fuerzas de seguridad y, por otro lado, da cuenta de que cuando la violencia machista se ejerce en el marco de un poder institucional muchas veces impune y con ciertas vinculaciones dentro del poder al que pertenecen o con otros, finalmente nos encontramos con que quien nos tiene que cuidar no lo hace”, expresa el informe.
“Entendemos que el hecho de que el agresor forme parte de una fuerza de seguridad o armada implica un factor de riesgo, dado el fácil acceso de los agresores a las armas de fuego, forma utilizada en el 23,1% de los casos en el último año”, refiere.
Marcelo Puertas, titular de la IGS, coincidió en que se trata de un reflejo de la sociedad pero también aceptó que, dado que se trata de policías, la cantidad de casos los impulsa a tomar medidas. “El tema está más expuesto. Antes se callaba, ahora la víctima se atreve al ver que tiene reconocimiento por parte de las instituciones. Además, el tema está instalado socialmente y hay mayor control pero la Policía y la penitenciaría no son ajenas a la problemática social”, apuntó.
Opinó que son los viejos paradigmas de violencia que tiene la sociedad en general, indistintamente del trabajo. No cree que sea un problema propio de la Policía ni que haya dentro de ella estructuras y paradigmas que favorezcan actitudes violentas.
“No es que antes no existiera, sino que ahora es más visible”, subrayó Puertas y por eso dijo que desde hace unos ocho años se está trabajando en la formación y la reflexión.
“Nos llama la atención y por eso se trabaja. Es tan importante para nosotros, que hemos creado un área especial de violencia de género”, remarcó. Se trata de instructores que hacen seguimiento de las causas y capacitan a los policías en actividad y a los cadetes que todavía no se reciben.
Estrategias
La directora de Género y Diversidad, Belén Bobba, explicó que se trata de una situación compleja que ha requerido participación de diversas áreas. En este sentido, comentó que el año pasado desde esa dirección se acompañó la creación de un protocolo para las fuerzas de seguridad que apunta a recibir denuncias por violencia. Fue presentado el 15 de noviembre.
Ante una denuncia, una de las primera medidas es retener el arma al agresor, pero Bobba señaló que muchas veces su pareja también es policía, por lo que por cuestiones preventivas, también se le retiene el arma. Esto implica dificultades en el desempeño de su actividad, en particular para quienes prestan servicios extraordinarios, complementarios a su trabajo dentro de la Fuerza, lo que tiene impacto sobre los ingresos del grupo familiar y puede afectar a los hijos, si los hay.
Ante esto, la inquietud es que esta variable desaliente las denuncias, ya sea por el factor económico como porque se incremente el temor de la persona violentada, destacó que esto pone en evidencia lo complejo del escenario.
“Nos tuvimos que sentar a pensar, nos convocamos muchos organismos del Estado: la Dirección de Género, el Ministerio Público Fiscal, la Dirección de la Mujer de la Corte, el Instituto Universitario de Seguridad Pública. Este protocolo fue construido colectivamente para dar respuesta a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género y que tienen miedo de denunciar porque implica esto, un agravio económico para ellas y su familia. Implica más miedo, obviamente, porque así como hay un mensaje de poder también, ellas piensan que esa persona tiene más poder del que tal vez tiene o que hay una institución que lo respalda y, en realidad, es una institución que está trabajando para adentro las situaciones de violencia de género”, detalló Bobba.
A partir de la iniciativa se generaron también espacios de abordaje a los varones y agregó que el Ministerio de Seguridad es uno de los que más se capacitó en la Ley Micaela y que este contenido se incorporó al IUSP.
