En menos de una semana, Juan Ramón Blanco Varas (49) recibió el segundo revés de la Justicia y seguirá preso en el penal. Este hombre de San Rafael confesó haber compartido material de abuso sexual infantil y está cerca de ir a un juicio.
Las idas y venidas en la situación procesal del acusado comenzaron en junio de este año, cuando fue arrestado tras un allanamiento en su casa de calle Pedro Vargas. Tenía orden de arresto por parte de la fiscalía que, tras el alerta de una organización internacional, lo identificó como el responsable de haber enviado videos de pedofilia desde un chat de Facebook hacia un contacto de México.
Esto se detectó en octubre del 2020 y meses después generó la imputación por “facilitación de material de abuso sexual infantil, agravado por ser las víctimas menores de 13 años”.
El contenido de lo que mandó Blanco era una serie de virales en los que aparecían niños asiáticos de unos 5 años siendo abusados. El detenido contó que esto le había llegado por un grupo de WhatsApp y que pensó que el hecho de reenviarlo no era tan grave, hasta que le bloquearon la cuenta de Facebook.
Este relato admitiendo la situación más otras pruebas tecnológicas dejaban muy encaminada la investigación, sin embargo, en la audiencia de prisión preventiva el juez Sergio González lo liberó por la presunción de inocencia y el nulo peligro de fuga por el arraigo en San Rafael, ya que Blanco vive con su familia y es dueño de un taller metalúrgico. Todo esto a pesar de que el delito que le endilgan no es excarcelable y tiene penas de 4 a 8 años.
La decisión del magistrado fue apelada por el fiscal Javier Giaroli, y el expediente llegó a un juez de segunda instancia. Fue Jorge Yapur quien el miércoles pasado dirimió el punto y avaló la postura de la parte acusadora.
De esta manera el acusado quedaba nuevamente preso, y este martes recibió la confirmación en una nueva audiencia de prisión preventiva. Esta vez fue la doctora María Laura Vera Godoy quien dictó la medida de coerción para el hombre y rechazó el pedido de domiciliaria.
A partir de este avance, el camino queda allanado para que la fiscalía en poco tiempo pida la elevación a juicio del caso, teniendo el reconocimiento del hecho del propio Blanco y otras pruebas ya incorporadas,
El puntapié de la investigación la dio la organización estadounidense Ncmec -en español, Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados-, que descubrió que desde un dispostivo de Argentina se había compartido pornografía infantil. A partir de esta información le dieron intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de Buenos Aires y el recorrido de la pesquisa derivó en San Rafael, donde comenzó el trabajo del fiscal con competencia en todas estas causas en el Sur de la provincia, Javier Giaroli.
