Un excomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) y un cabo fueron condenados a pagar 71.000 pesos de multa porque, debido a su “negligencia”, un arma de fuego que tenían a su resguardo fue sustraída de una seccional del barrio porteño de Retiro y en marzo de 2009 fue utilizada para cometer un crimen en la Villa 31, en el marco de una disputa entre bandas rivales, informaron hoy fuentes judiciales.
La sentencia fue homologada por el juez Federico Salva del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 27, tras un juicio abreviado propuesto por el fiscal Diego Rodríguez Montero y las defensas de los policías Luis Alberto Norte (65) y Marcelo Alfredo Elías (48).
En el fallo, el magistrado dispuso que ambos paguen 71.000 pesos de multa como coautores del delito de “malversación de caudales culposa”, luego de que la fiscalía determinó que no hubo dolo en su accionar.
Según la sentencia, el 1 de enero de 2008 un sargento extravió su pistola calibre 9 milímetros marca Browning y, luego, fue secuestrada el 23 de septiembre de ese año durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Güemes, de la Villa 31, y quedó a resguardo en la armería de la seccional policial.
“Dicha arma, con anterioridad al 15 de marzo de 2009, fecha en que fue utilizada para dar muerte a Juan Gabriel Veizaga, fue sacada de la armería de la excomisaría 46, en donde se encontraba a resguardo, y posteriormente luego de causar con ella la muerte indicada, fue devuelta a la seccional mencionada”, afirmó el juez.
La pericia de Gendarmería confirmó que el arma homicida fue la sustraída a los policías
En la investigación de ese crimen, el informe de la División Balística de Gendarmería Nacional determinó que los cinco proyectiles extraídos del cuerpo de la víctima fueron disparados por la misma pistola, todo lo cual fue nuevamente corroborado por la ampliación de la pericia que fuera solicitada por los acusados.
“Al momento de realizarse el allanamiento en la comisaría, se encontraba a cargo del recinto de armas, el cabo Marcelo Alfredo Elías, quien indicó que las personas responsables del cuidado de los elementos allí existentes eran el jefe de la dependencia (Norte) y el nombrado, encontrándose el sector cerrado al resto del personal, siendo que ellos solos eran los que tenía las llaves para el ingreso a la misma”, sostuvo el fallo.
Sin embargo, “no se pudo establecer una relación concreta entre los condenados por el homicidio de Veizaga y el personal de la comisaría 46″.
“Por su negligencia, dieron ocasión a que otra u otras personas sustrajeran el arma que fue utilizada en el hecho por el que se diera muerte a otra persona, para luego ser ingresada nuevamente la misma a la comisaría, todo ello lógicamente en connivencia con algún dependiente de esa dependencia”, aseguró el juez Salva, quien aclaró: “No existe prueba alguna que lleve a sostener que Norte y Elías hubieran sido quienes sustrajeron el arma en cuestión”.
De esta manera y por el delito endilgado que solo estipula una multa, ambos deberán pagar 71.000 pesos dentro de los próximos 10 días corridos tras tener en cuenta como agravantes “las funciones que cada uno cumplía en la Seccional interviniente, el valor del bien sustraído como el hecho para el cual se utilizó el arma que se sustrajo de la dependencia policial”.
El crimen de Veizaga ocurrió el 15 de marzo de 2009, entre las 20.15 y las 21, cuando caminaba junto a su novia en las inmediaciones de la Manzana 32 del barrio denominado YPF, de la Villa 31.
En mayo de 2015, la Corte Suprema confirmó la condena del TOC 19 a 17 años de cárcel para Abel Carlos Federico Moreira y Jonathan Gabriel Frías por el homicidio cometido en el marco de una añeja disputa entre dos grupos antagónicos, “Los Violines” y “Las Larvas”.
“Los atacantes, al ver a Veizaga, gritaron ‘un larva’ y simultáneamente cubrieron sus cabezas con capuchas, extrayendo al menos tres armas de fuego con las que comenzaron a dispararle a Veizaga, quien intentó en vano huir del lugar, recibiendo en su cuerpo once impactos de bala, que poco tiempo después provocaron su muerte cuando se le prestaban los primeros auxilios en el Hospital Fernández”, determinó la justicia.
