Tras un año de debate, finalmente, la Justicia penal condenó esta tarde al ex juez de Paz de Santa Rosa, Hugo Leonardo Torino (66), quien había sido denunciado por su ex pareja –una mujer nacida en Haití- en 2017.
Esta tarde, el Tribunal Penal Colegiado Nº 2, integrado por Alejandro Miguel, Nancy Lecek y Ramiro Salinas fijó una pena de 14 años para el magistrado jubilado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia de género y amenazas en tres hechos. Además de tenencia de “Material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes (Masnna)”.
Torino comenzó a ser juzgado el 16 de junio de 2023 y la etapa de alegatos se abrió recién en abril pasado, cuando Daniela Chaler, jefa de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual, y Belén Sanz, fiscal de Violencia de Género, tras repasar la acusación, pruebas y testimonios escuchados en el demorado debate, solicitaron una pena de 15 años de prisión por los siguientes delitos: abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia de género y amenazas en tres hechos; además de tenencia de “Material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes (Masnna)”.
Las fiscales sostuvieron que Torino habría abusado sexualmente de su ex pareja en su casa de Dorrego unas dos veces por semana desde octubre de 2015 de mayo de 2017, es decir, desde que la mujer llegó al país hasta que se separó.
Estos abusos fueron sin el consentimiento de la mujer, ya que sufría amenazas de Torino, quien le habría dicho que iba a quitarle a su hija.
Las fiscales sostuvieron que el sometimiento no sólo era por una cuestión de género sino que habría aprovechado que tenía la visa de turista vencida tenía dependencia económica absoluta y no dominaba el castellano.
Además, la habría privado de su libertad, y si bien le permitía salir de la casa, el ahora condenado controlaba todos sus movimientos y horarios.
Las fiscales indicaron que Torino se esforzó por negar los hechos pero que terminó reconociéndolos, aunque disfrazándolos de demostraciones de cariño y cuidados.
Por otra parte, explicaron que las mismas amigas de Torino ayudaron a que la mujer pudiera escapar y denunciarlo, tal como lo reconocieron al declarar en el juicio.
Semanas más tarde, los abogados querellantes por la denunciante, Silvina Bustos y Lucas Lecour, integrantes de la organización Xumek, siguieron la posición de las fiscales pero solicitaron una pena de 20 años y 8 meses de prisión. En tanto que posteriormente la defensa solicitó la absolución por falta de pruebas.
El largo camino judicial
En mayo de 2017, una mujer haitiana residente en Mendoza se presentó en la justicia federal a denunciar a Torino por trata de personas diciendo que el exjuez la había contactado en 2014 por Facebook, para luego trasladarla a Mendoza en 2015 y alojarla en una casa de Guaymallén. La mujer había denunciado que el hombre no la dejaba salir de su casa y ejercía violencia psicológica.
La justicia federal dictaminó falta de mérito por el delito de trata de personas. “Los hechos no configuran el delito de trata de personas, ni ninguna otra infracción penal. Se trata de una relación de pareja que terminó mal, con las particularidades de que ella es extranjera y que él era juez en ejercicio del cargo desde el inicio y hasta el final de la relación”, explicó la resolución.
Aclarando o que “el imputado se enamoró de una mujer haitiana, joven, bella y de buen nivel sociocultural. Facilitó su viaje a la República Argentina, inició una relación de pareja, tuvo con ella una hija y la mantuvo económicamente para que pudiera formarse para poder ejercer la docencia en nuestro país”.
Tras dictar la falta de mérito la justicia federal giró la causa a la justicia provincial que inició otra investigación en la que la fiscal de Violencia de Género Mónica Romero imputó a Torino por “abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravad por ser cometida con violencia de género, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad contra una persona a quien se le debe respeto especial y además, coacciones simples en tres hechos.
Fotos y videos secuestrados
En octubre de 2019, la fiscal Romero ordenó un allanamiento en la casa del juez jubilado, luego de que su ex mujer declarara que el hombre se habría encerrado bajo llave en una habitación de su casa con una adolescente y mandaba a su ex mujer a hacer alguna tarea doméstica para que estuviera ocupada.
Esta declaración de la denunciante sobre la cual no se obtuvo ningún tipo de pruebas, se descartó. Pero en el allanamiento se secuestraron teléfonos, una CPU, un disco rígido y otros dispositivos electrónicos. Luego, llegó a la fiscalía un informe de la Udapif con el contenido de un pendrive de 8 GB con gran cantidad de Material de Abuso Sexual de Niños, Niñas y/o Adolescentes, observándose que algunas de estas imágenes son de contenido explícito”.
Se trata de 1.486 fotos en total, 1.380 de las cuales son de niños y niñas en ropa interior, trajes de baño o desnudos de índole sexual y algunas de contenido explícito. El informe de la Udapif advierte que estas imágenes habían sido borradas meses antes de que el pendrive fuera secuestrado.
Algunas “screenshot” –capturas de pantalla- encontradas en el pendrive pertenecen a videos pornográficos con participación de menores de tipo viral que han sido detectados en otras investigaciones de grooming, tenencia y/o distribución de masnna.
