Condenaron a 10 años y medio de cárcel a la madre y al padrastro de una mujer que, siendo niña, fue explotada sexualmente durante 8 años, hasta que a los 14 decidió escapar de su casa, ubicada en el departamento de La Paz.
La condena fue dictada por la jueza federal María Paula Marisi y recayó sobre Mónica Maturano, y a su pareja y padrastro de la joven, Alberto Orozco, por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y abuso sexual en calidad de coautores, con tres agravantes –por ser más de tres personas; porque hubo violencia y la víctima estaba en situación de vulnerabilidad; porque hubo un pago, y porque estaban bajo su guardia, siguiendo el pedido de la fiscal Cristina Valpreda, auxiliar de la fiscal de cámara María Gloria André, que se ocupó de llevar adelante la acusación.
Por otra parte, la jueza ordenó que la víctima -una mujer que hoy tiene 24 años que solicitó el cambio de nombre-, reciba la suma de $4.000.000 a modo de reparación de daño padecido. Este dinero proviene Fondo de Asistencia Directa a Victimas de Trata que se financia con el dinero que surge de los bienes que son decomisados a las personas condenadas por el delito de trata de personas.
Durante 9 años la menor apareció en sistemas de búsquedas de Interpol y Missing Children y finalmente, en 2021, cuando tenía 24 años, fue detectada mientras hacia un trámite personal en Buenos Aires. En ese momento denunció a sus progenitores y a otro hombre, un amigo de la familia que la abusaba y que nunca fue detenido porque había fallecido.
La declaración de la víctima
Durante el debate se reprodujo la prueba principal: la declaración que realizó la mujer en cámara Gesell durante la instrucción. Además, volvió a declarar a pedido de las partes contestando algunas preguntas puntuales, para evitar la revictimización.
En su declaración la víctima indicó que en mayo de 2020 realizó una consulta a la web del Ministerio de Desarrollo Social, donde denunció los abusos sufridos durante 8 años diciendo que había vivido un verdadero “infierno”. Detalló que era frecuente que Maturano ejerciera violencia física contra ella y que “nunca se comportó como una madre, que jamás se ocupó de ella, que tan sólo la usaba porque era rubia de ojos claros”.
Además, señaló que debido a todos los abusos sufridos en su infancia decidió “matarse psicológicamente, porque nunca se atrevió a hacerlo físicamente”. Esto se tradujo en que solicitara su cambio de identidad “porque la vieja era sinónimo de una niña explotada y abusada”, en cambio la nueva es la de “una mujer capaz de forjar una vida distinta, una vida digna”.
La investigación
Según la investigación, cuando la joven era una niña de 6 años, la pareja acusada la retiró de la casa de sus abuelos para ser “explotada sexualmente y sometida a distintos actos vejatorios contra su libertad, dignidad e integridad sexual, física y psíquica por su madre su padrastro y Romero”. Esos abusos se prolongaron durante 8 años -desde 2003 hasta mediados de 2011- es decir desde que la niña tenía 6 años hasta que cumplió 14. El acuerdo entre los tres mayores consistía en recibir al abusador mensualmente durante una semana para que la agrediera sexualmente a cambio de dinero y alimentos.
Ante esta larga situación de abusos, la adolescente escapó de su casa y se abrió una causa por trata de personas. Entonces comenzó una búsqueda que fue realizada tanto por la Justicia Federal como provincial, en las que se realizaron investigaciones tecnológicas, documentales, testimoniales de su círculo cercano y además se insertaron su foto y datos personales en distintos sistemas de búsqueda, como Missing Children e Interpol. Nada dio resultado.
Pero en mayo de 2020, la mujer –con otro nombre- fue al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a solicitar el reconocimiento de los derechos de los hijos que tiene con su actual pareja en Buenos Aires. Entonces saltaron las alarmas y el caso fue abordado por el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas y la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial del Ministerio de Seguridad.
En Mendoza el caso recayó en el Juzgado Federal 1, a cargo del juez Walter Bento, y la investigación fue realizada por el fiscal Alcaraz, que el 30 de diciembre de 2020 ordenó un allanamiento realizado por Gendarmería Nacional en la casa del matrimonio en el Este mendocino. Allí fue detenida la pareja acusada.
Se cambió el nombre
A pedido de la mujer, Alcaraz y la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), solicitaron al juez Bento que tramitara el cambio registral de su identidad pues la víctima había “reconfigurado su vida en relación con el nombre elegido por ella”.
El pedido se efectivizó meses después de forma inusual, ya que la mujer no tuvo que realizar ningún trámite, sino que lo hizo la Justicia.
El dictamen de los fiscales detallaba que la historia de vida y las vulneraciones sistemáticas que padeció, generaron que su propia psiquis elaborara estrategias para asegurar la supervivencia, entre las cuales se destaca la adopción de una nueva identidad.
La mujer fue acompañada durante todo el proceso judicial por el programa especial de atención a víctimas de trata y explotación de personas de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas del MPF (Dovic).
Las especialistas del programa y el dictamen fiscal remarcaron en la presentación la “necesidad imperiosa de adquirir una identidad no relacionada con su entorno familiar primero, para no ser encontrada, y luego, para romper todo lazo que la unía a ellos y que le recordase el dolor y el horror vivido, originado desde el propio seno familiar y por quienes debían protegerla”.
