El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Mendoza condenó a 6 personas por lavado de activos provenientes del narcotráfico agravado por la habitualidad, a penas de entre 2 años y 5 años y 3 meses de cárcel, y a pagar multas que suman más de 100 millones de pesos, en tanto también dispuso el decomiso de 23 bienes.
Las condenas se dieron el 30 de octubre pasado en el marco de un juicio abreviado acordado entre el fiscal federal a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mendoza, Fernando Alcaraz, y los imputados, ante un tribunal unipersonal a cargo del juez Alberto Carelli, según se informó desde el Ministerio Público Fiscal.
El tribunal condenó a Julio César Alandi Tejerina a una pena de 5 años y 3 meses de prisión y una multa de 38 millones pesos como autor del delito de lavado de activos agravado por la habitualidad. Dado que contaba ya con una pena en curso, la condena fue unificada en 7 años y 6 meses de prisión, además de ser declarada su reincidencia.
Por su parte, Miguel Ángel Rivero López y Carlos Adrián Cáceres Amarilla fueron condenados a 3 años de prisión como coautores del delito de lavado de activos, con multas de 33 millones de pesos y 6 millones de pesos, respectivamente.
El TOF también condenó a Margarita Cristina Jiménez Claros a 3 años de prisión y multa de 8 millones de pesos en carácter de partícipe secundaria por las operaciones de lavado de activos en las que colaboró, mientras que su hijo, César Emanuel Alandi Jiménez, recibió una pena de 2 años y 10 meses de prisión y multa de 14 millones de pesos por el mismo delito, agravado por la habitualidad.
Por último, Talía Daniela Verónica Galván recibió una pena de 2 años de prisión condicional y una multa de 1.550.000 pesos, también como partícipe secundaria. Si se suman las cinco multas impuestas a los condenados, la cifra total asciende a 100.550.000 de pesos.
Además, se ordenó el decomiso del dinero secuestrado, un inmueble individualizado como “Complejo Sueños Dorados” en Guaymallén, ocho automóviles y catorce motos, todos ellos adquiridos como parte de las maniobras de lavado de activos por parte de los acusados.
La investigación
El caso se inició a fines de septiembre de 2021, a instancias del mismo fiscal federal Alcaraz, en ese entonces a cargo de la Fiscalía Federal Nº2 de Mendoza, luego de otro acuerdo por juicio abreviado en el que Alandi Tejerina terminó condenado 6 años de prisión por la tenencia con fines de comercialización de 7,170 kilogramos de marihuana en diferentes formas de empaque y 1,495 kilogramos de cocaína compactada, agravada por la intervención de tres personas de forma organizada para cometerlo.
En tan solo tres meses de iniciada la investigación, el Ministerio Público Fiscal recolectó evidencias suficientes que sustentaron los pedidos de allanamientos para seis domicilios vinculados a la organización, la detención de otras cinco personas por lavado de activos agravado por la habitualidad y la adopción de medidas cautelares de carácter patrimonial.
La fiscalía determinó que las maniobras de narcotráfico de la organización databan de varios años atrás, dado que Alandi Tejerina había sido condenado por esa actividad ilícita en 2007 y 2015 por hechos ocurridos en 2005 y 2010.
En esta instancia, el MPF también pudo probar que Alandi Tejerina había sido investigado en la República de Chile por introducción de narcóticos y que fue considerado por las autoridades del vecino país como un abastecedor de importancia de marihuana para organizaciones criminales de la capital chilena, con secuestros judiciales que alcanzaron las tres toneladas entre 2009 y 2010.
Esas sentencias se incorporaron como prueba documental a través del empleo de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, con la asistencia del titular la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) de la Procuración General de la Nación, Diego Solernó.
El patrimonio de los imputados
La investigación patrimonial llevada adelante por el MPF permitió detectar que, entre 2017 y 2021, Alandi Tejerina y los demás imputados pusieron en circulación en el mercado de la provincia dinero proveniente del tráfico de estupefacientes, adquiriendo tres viviendas, 11 vehículos (entre ellos, dos camionetas Toyota Hilux, una SUV Range Rover Evoque, un Volkswagen Vento y Volkswagen Scirocco) y 13 motos de variada gama (algunas de ellos marca BMW, Yamaha y Honda, con valores por unidad que rondaban los 20.000 dólares). Además, instalaron, abrieron y explotaron una peluquería y barbería y una concesionaria de automotores que les sirvió para disimular las adquisiciones personales de los vehículos.
Según la fiscalía, todo este crecimiento patrimonial fue logrado a lo largo del tiempo en distintas operaciones conectadas entre sí. Entre las operaciones destacadas por el MPF se encuentra la adquisición en el término de dos años de tres inmuebles colindantes, que fueron anexados para concretar un proyecto inmobiliario que nombraron “Complejo Sueños Dorados”, ubicado en el distrito Los Corralitos, en el departamento mendocino de Guaymallén.
En estas maniobras, además del dinero empleado para la adquisición de los predios, hicieron reformas y mejoras de las instalaciones, montaron un salón de fiestas e iniciaron la construcción de departamentos, que no llegaron a finalizarse.
La investigación fiscal trazó una estrategia del caso para recabar la evidencia que sustenta la hipótesis acusatoria. Por un lado, lo relativo al cúmulo de ilícitos precedentes y la ausencia de ingresos lícitos suficientes por parte de los condenados y las condenadas y, por otro lado, la identificación acabada de los bienes que fueron objeto del lavado de activos
Narcocriminalidad y lavado de activos, las normativas
Desde la fiscalía remarcaron que, tal como indican las Resoluciones PGN N°208/2013 y 914/2012 y las convenciones internacionales en la materia, la teoría de caso elaborada por el MPF estuvo a la altura de las exigencias que insume una investigación por narcocriminalidad y lavado de activos, que no solo debe limitarse al aspecto de las maniobras de tráfico de estupefacientes, sino que debe extenderse al producto y provecho patrimonial que generan las ganancias de este rentable ilícito criminal, con mayor empeño en casos como este de carácter transnacional.
Para cumplir con las finalidades asignadas por ley al decomiso de los bienes -en este caso fueron inmuebles y vehículos, algunos de alta gama- el fiscal federal mendocino contó con la asistencia de dos áreas especializadas de la Procuración General de la Nación: la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de María del Carmen Chena, y la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), cuya titular es María Fernanda Bergalli.
También se solicitó la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Unidad de Información Financiera (UIF) por lavado de activos.
