La Cámara Federal de Mendoza le negó el permiso a viajar a España a un productor musical que está procesado en la causa conocida como “coimas en la Policía Federal”, que tiene como procesadas a 14 personas, entre ellas, algunos ex uniformados.
Se trata de Juan Manuel Moral, uno de los integrantes de la presunta asociación ilícita acusada de lavado dinero que provenía de joyerías céntricas que se usaban como pantallas para la venta de dólares y que habrían contado con la “protección” del ex jefe de la Policía Federal de Mendoza, el comisario Dino Rossignoli.
El abogado de Moral había solicitado un permiso para que su defendido pudiera salir de la provincia 20 días rumbo a España por cuestiones laborales: unos músicos a los que representa harán una gira por ese país entre el 15 de julio y el 4 de agosto.
En el pedido realizado por la defensa de Moral se dice que le producirá un daño irreparable si se le impide trabajar. Advierte también que no ha quebrantado nunca, ninguna de las prohibiciones que le ha sido impuesta y que se encuentra procesado pero no condenado.
Afirma que es indispensable en la ejecución del contrato, y alega que el principal elemento para la contratación de los músicos es la confianza en el representante artístico. Moral no pidió el levantamiento o modificación de la medida de no salir de Mendoza, sino sólo un permiso por un plazo de 20 días para cumplir con sus obligaciones laborales.
Ofreció una caución y prometió volver antes si su presencia no fuera necesaria, al tiempo que pidió se le restituya el pasaporte.
La fiscalía, por su parte, respondió el 11 de julio pasado rechazando el pedido del imputado y solicitando que se confirme la resolución que rechazó su salida de país dada la situación: Moral se encuentra procesado por el delito de asociación ilícita en calidad de miembro y por el delito de lavado de activos en calidad de partícipe necesario.
Luego indicó que, si bien se le dio el beneficio de la excarcelación, se le impusieron ciertas limitaciones, entre ellas, la prohibición de viajar fuera de la provincia.
Además, fue la misma Cámara Federal la que impuso la prohibición de salida del país y que el Ministerio Público ya ha presentado el requerimiento de elevación a juicio lo que permite sostener que se encuentra próximo a comenzar el debate oral.
Esta situación impone la necesidad de restringir al máximo su salida del país a los fines de asegurar la sujeción del imputado al proceso y evitar los riesgos de una eventual fuga.
“La severidad de los delitos imputados al recurrente -específicamente, asociación ilícita como autor y lavado de activos agravado por la habitualidad como partícipe necesario-, justifica la imperiosa necesidad de limitar al máximo su posibilidad de abandonar la provincia de Mendoza”, sostuvo la Fiscalía.
En tanto que el viernes pasado el juez Manuel Pizarro, integrante de la Cámara Federal de Mendoza, se inclinó por el pedido de la Fiscalía y le negó al acusado la posibilidad de viajar.
Amasaron una fortuna durante la pandemia
La investigación encabezada por el juez federal Marcelo Garnica, Juzgado Federal de Mendoza N° 3 sobre el presunto pago de coimas por parte de Nicolás Bazán al comisario Rossignoli surgió luego de que el 6 de julio de 2022, la Policía de Mendoza allanara 22 joyerías y “cuevas” de Ciudad dedicadas a comprar y vender divisa extranjera. Los negocios eran regenteados por dos jóvenes –Nicolás Bazán y Renzo González- quienes durante la pandemia amasaron una fortuna que les permitió diversificar la actividad comercial a través de boliches y bares.
En los allanamientos de julio se secuestraron 4.100.000 pesos, 49.900 dólares y 7.480 euros –contabilizando una suma de más de 28 millones de pesos- y se identificó a 74 personas, muchos de ellos “arbolitos”.
Para los investigadores las joyerías Sttefano Cannela” y “Vía Roma” serían una suerte de “tapadera” ya que casi no tenían joyas y las que se encontraron eran de baja calidad. En cambio, se secuestraron 19 máquinas de contar dinero y además se descubrió que los locales estaban acondicionados con ventanillas y otros sistemas para ocultar la actividad cambiaria”.
Durante la pandemia de Covid-19, los dos jóvenes habrían incrementaron notablemente su patrimonio, adquiriendo vehículos y abrieron nuevos comercios bajo las engañosas fachadas, en la zona del microcentro.
Uno de estos comercios es un bar llamado “La rosa club”, ubicado en Catamarca 53 de Ciudad y dos locales bailables que servirían para el “blanqueo de divisas”, uno con el mismo nombre de bar, ubicado en Ruta 82, km 26 de Luján de Cuyo y otro conocido como “Praga”, en calle Godoy Cruz 318 de Ciudad.
Los procesados son: Nicolás Ernesto Bazán Sánchez, Renzo Fabio González, Dino Enzo Rossignoli Pérez, Ernesto Esteban Bazán Cannella (con prisión domiciliaria), María José Degregorio Flores (con domiciliaria), Marcelo Eduardo Salcedo Salinas, Roberto Antonio María Bustos Herrera (con arresto domiciliario), Ángel Alberto Fava Bustos (arresto domiciliario), Félix Masera Bastan (arresto domiciliario), Juan Manuel Moral (arresto domiciliario), Alejandro Agustín Moral (domiciliaria) Andrés Francisco Bauco (domiciliaria), Eduardo Ezequiel Fernández y Jonathan Emanuel Fernández Olmedo.
En mayo de 2023 el juez Garnica imputó a la Joyería Sttefano Cannella –en tanto “persona jurídica”- por cohecho. De llegar a un juicio, esta “persona jurídica” (es decir, la joyería y sus sucursales) podría recibir una condena que se podría materializar en sanciones y multas que determinarían su cierre y extinción.
