La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, dictó el sábado prisión preventiva para diez individuos que, supuestamente en representación de la Fundación Lucio Dupuy, habrían obstaculizado la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña.
Desde mediados de septiembre, estos procesados se encontraban detenidos bajo la sospecha de haber influido en miembros de la familia Peña para que no compartieran información crucial. Al ser llamados a indagatoria, su situación legal se complicó, lo que llevó a la jueza a ordenar su traslado a diferentes cárceles federales.
Los delitos que se les imputan a los miembros de la Fundación Dupuy incluyen “atentado y resistencia a la autoridad”, “falso testimonio agravado”, “estafa calificada”, “violación de medios de prueba”, “violación de secreto profesional”, “encubrimiento agravado” y “privación ilegítima de la libertad”.
“Nos encontramos con un monumental encubrimiento que busca obstruir la justicia”, expresó el abogado de la familia de Loan, Juan Pablo Gallego.
El abogado indicó que consiguió información sobre el caso a través de los padres del niño y descubrió evidencias que sugieren que cinco personas estuvieron presentes durante la desaparición del menor. “Resulta increíble observar cómo se han mantenido a testigos clave en un hotel desocupado”, destacó.
Gallego subrayó la importancia de aclarar los roles de las diez personas implicadas, algunas de las cuales habrían estado en contacto con el director de la Fundación Dupuy. “Estamos cerca de descubrir la verdad. Por primera vez, tenemos roles claramente definidos, lo que nos ayuda a entender la dinámica de este caso tan complejo”, señaló.
En este contexto, persiste la pregunta de por qué la Fundación Dupuy se resiste a revelar la ubicación de Loan. “Es crucial encontrar la pieza que falta para comprender el motivo detrás de este encubrimiento”, explicó el abogado.
En su extenso fallo de más de 500 páginas, Pozzer Penzo examinó un expediente relacionado con la desaparición de Loan, quien fue visto por última vez el 13 de junio, después de almorzar en la casa de su abuela, Catalina, en el Paraje “El Algarrobal”, en 9 de Julio, Corrientes.
Entre los procesados se encuentra Nicolás Gabriel Soria, de 42 años, apodado “El Americano”, quien, junto a los abogados Elizabet Noemí Cutaia y Alan Juan José Cañete, también detenidos, aisló a los hijos de Laudelina Peña, la principal acusada en este caso, en un hotel no habilitado.
Soria, quien solía presentarse como agente de la CIA y, en ocasiones, como miembro de Interpol, también enfrenta acusaciones por “suministro gratuito de estupefacientes” y usurpación de títulos.
El grupo procesado incluye a Pablo Noguera, esposo de Cutaia; Leonardo Rubio, quien es abogado y policía; y a Delfina Taborda, Verónica Machuca Yun, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo, todos con diferentes roles en esta compleja trama.
El caso se originó tras un incidente en el que Soria intentó evitar que el personal de seguridad ingresara al hotel donde se encontraban las hijas de Laudelina, un establecimiento que recibe financiamiento del intendente local. En su fallo, Pozzer Penzo señala: “El intento de obstaculización por parte de este grupo se hizo evidente cuando la Prefectura buscó llevar a cabo un reconocimiento en el hotel, respaldados por una orden judicial debido a la presencia de menores”.
