La auxiliar de la policía de Mendoza Soledad Herrera – la mujer que ignoró una llamada al 911 que alertaba sobre el brutal asesinado de la adolescente Florencia Romano (14) fue condenada a 3 años de cárcel en suspenso durante un juicio abreviado que se cerró hoy por videoconferencia.
La policía que se desempeñaba atendiendo llamadas que ingresaban al Centro Estratégico de Operaciones (CEO), a través del 911, fue condenada por el juez David Mangiafico por dos delitos: abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en contexto se violencia de género. Ambos tienen la misma pena: de 2 a 6 años de prisión. Al recibir una pena de 3 años, la mujer que ya fue expulsada de la fuerza evitó que, un juicio “extendido” en el que podría haber recibido una pena mayor, de encierro efectivo.
Herrera aceptó ser culpable de los delitos como cierre del acuerdo al que llegaron el abogado defensor con Laura Rousselle, jefa de la Fiscalía de Delitos no Especializados, algo que fue aceptado por los abogados Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena.
De esta forma, luego que, en julio pasado, también en un juicio abreviado, Pablo Arancibia (33) fuera condenado a prisión perpetua por el femicidio, se cierra el caso que arrancó el 12 de diciembre de 2020, cuando la adolescente fue asesinada en Maipú.
Herrera fue imputada el 23 de diciembre el año pasado y en junio de 2021 la investigación se terminó y la causa fue elevada a juicio. Si bien los delitos por los cuales fue condenada hoy no tienen altas penas en la escala penal, las consecuencias fueron graves: si se hubiera dado curso a la llamada, aunque tal vez no se habría salvado la vida de la chica, sí se hubiera resuelto el caso de inmediato.
La inacción de esa policía es una de las razones por la cuales el femicidio de la adolescente de Guaymallén provocó el repudio de organizaciones feministas y la población en general, que protagonizaron movilizaciones multitudinarias, incluso con desmanes en la Casa de Gobierno y la Legislatura.
A fines de abril, la Inspección General de Seguridad (IGS) cerró el sumario interno contra la uniformada, con la solicitud de que quedara desvinculada definitivamente en su trabajo, algo que ocurrió en julio pasado, cuando el Ministerio de Seguridad ordenó la baja definitiva. .
La prueba principal del caso es la grabación de la llamada que nunca fue tomada en cuenta por la policía. En la misma, el vecino que denuncia advierte que se trata de una situación de “violencia de género”, sin especificar -porque obviamente no podía saberlo- si sólo eran gritos o se trataba de una pelea, por ejemplo.
El audio es elocuente: Herrera cortó la llamada sin razón alguna. Y aun en el caso de que el denunciante la hubiera insultado -algo que no ocurrió- la policía estaba obligada a no cortar porque, según la Ley de Policías, todos los uniformados tienen “un deber de tolerancia” que están obligados a cumplir.
La adolescente fue asesinada tarde del 12 de diciembre de 2020 y su cuerpo apareció recién el 17 de diciembre en una acequia de Guaymallén. El caso tuvo gran repercusión mediática a nivel nacional y generó algunas marchas donde se pedía por la aparición de la niña.
El 17 de diciembre pasado, una la multitudinaria marcha por el femicidio de Florencia Romano terminó en incidentes provocados por un grupo minoritario de manifestantes. Primero rompieron ventanas e incendiaron oficinas en Casa de Gobierno, Palacio de Justicia y luego en la Legislatura.
