Uno de los abogados que permanecía detenido en la cárcel federal de Cacheuta por estar imputado en el caso Bento accedió a la prisión domiciliaria al no haber quedado procesado como uno de los integrantes de la asociación ilícita investigada. Se trata del letrado porteño Luis Francisco “Chato” Álvarez, quien desde el principio de la mega-investigación por coimas a cambio de beneficios procesales aparece nombrado en el expediente como quien le prestó un automóvil BMW al despachante de aduanas Diego Aliaga antes de que fuera asesinado. Además está acusado de intervenir en el cohecho y de pactar con familiares de presos los pagos.
Álvarez fue arrestado en Buenos Aries el pasado 13 de diciembre. Quedó detenido e incomunicado a la vez que fue imputado por asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con cohecho activo agravado en calidad de coautor y por tres hechos, en concurso real entre sí y en concurso real con el anterior delito, en relación a los casos número Diez (Daniel Martínez Pinto) y Once (Sebastián Palumbo y José Rodríguez Núñez).
Pero “Chato”, quien desde hace algunos años es vecino del juez federal Walter Bento en el barrio Palmares, pasó poco más de dos meses tras las rejas luego de que en los últimos días el juez que lleva adelante la causa, Eduardo Puigdéngolas, aprobara un pedido de sus abogados defensores -atendiendo a que no estaba procesado como uno de los integrantes de la asociación ilícita- y le concediera la prisión domiciliaria tras el pago de una caución de 5 millones de pesos.
El magistrado consideró que no existe riesgo de que Álvarez se fugue ni entorpezca la investigación mientras está en su casa. Además, en caso de ser condenado, la pena impuesta no sería tan elevada por los delitos que se le imputan, de acuerdo a la lógica de Puigdéngolas.
Tras la decisión del juez de la causa, el fiscal federal Dante Vega no se quedó de brazos cruzados y apeló la medida ya que no comparte sus argumentos, por lo que la Cámara Federal de Apelaciones será la que deberá resolver sobre la situación.
“Cuando Aliaga no tenía éxito en sus tratativas, ingresaba Luis Francisco Álvarez”, sostiene la acusación en el expediente para graficar el accionar del imputado. El abogado porteño ofrecía “una puesta en escena más sofisticada: siempre pide dinero a cambio de la obtención de una libertad espuria, pero en vez de entrar en contacto con los presos lo hace con sus familiares o amigos, en reuniones pactadas en un café y, como Aliaga, insisten en la presencia de las esposas de los detenidos en las ‘reuniones de negocios’, esto para agregar un factor de presión adicional”, agrega la acusación.
Para el fiscal, Álvarez nombraba a Bento a la hora de hacer “la propuesta” como la “lapicera que le falta” o la “lapicera que le faltaba arreglar”.
“Además de intervenir activamente en el cohecho activo y pasivo realizado por Daniel Martínez Pinto, mantuvo con éste una relación asidua, siempre por fuera de la defensa técnica propia de un abogado y sin que pueda catalogarse como una amistad”, sostiene la acusación fiscal.
Con 27 sospechosos imputados y un expediente que ya acumula 3.500 fojas, de las cuales se han desprendido 98 incidentes, la megacausa que investiga las supuestas coimas en la Justicia Federal mendocina y que tienen como presunto líder al juez Walter Bento, se ha transformado en una suerte de gigantesca bola de nieve que empezó a rodar en mayo de 2021 y promete no parar en 2022.
