Con 27 sospechosos imputados y un expediente que ya acumula 3.500 fojas –de las cuales se han desprendido 98 incidentes–, la megacausa que investiga las supuestas coimas en la justicia federal mendocina y que tienen como presunto líder al juez Walter Bento, se ha transformado en una suerte de gigantesca bola de nieve que empezó a rodar en mayo de 2021 y promete no parar en 2022.
De hecho, en los últimos días no sólo ha vuelto a declarar el magistrado procesado por otros casos de cohecho, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, sino que también lo ha hecho un comerciante en calidad de “colaborador” o “arrepentido” como se denomina la jerga.
Bento se defendió a través de un largo escrito sobre las nuevas imputaciones que el Ministerio Público le endilgó en diciembre pasado cuando fueron imputados el abogado Luis Francisco “Chato” Álvarez y Fabián Vaia, un empresario que se dedica al rubro de los insumos médicos.
Hace pocos días, el juez negó tener relación con estos sujetos y lanzó sus dardos contra el médico Daniel Palumbo, padre de Sebastián, actualmente juzgado como integrante de una banda dedicada al contrabando.
Por otro lado, el nuevo “arrepentido”, Marcos Adrián Calderón, afirmó haber pagado 80.000 dólares –”en especies”: entregó dos joyas de alta gama: un BMW y una camioneta Mercedes Benz X6– en una causa por asociación ilícita fiscal que investigaba Bento y en la cual se le habría dictado la falta de mérito.
¡A juicio ya!
La declaración de este comerciante no ha sido la única novedad de la presente temporada judicial: ha resultado al menos llamativo el pedido realizado al juez Eduardo Puigdéngolas por parte de los defensores del magistrado para que la causa se abra en dos y que, prontamente, el juez sea sometido a juicio por las 12 causas de cohecho. Y, por otro lado, que el fiscal Dante Vega siga adelante con las pesquisas por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Así lo solicitaron en una audiencia informal los abogados Mariano Cúneo Libarona y Gustavo Gazali, con la presencia del fiscal Dante Vega.
Este pedido para que las causas por coimas sean elevadas a juicio, en principio, choca con algunas realidades: es el Ministerio Público Fiscal (Vega) quien al finalizar una investigación tiene la potestad de elevar un expediente a juicio. Pero, por otro lado, la investigación en curso está todavía activa y bien activa: tanto que, tras la reunión, se produjo la explosiva declaración de Calderón.
Por otra parte, haciendo números gruesos, se estima que falta bastante para cerrar la investigación por coimas: de la información recolectada durante los allanamientos realizados a algunos detenidos –muchos de ellos en estudios y casas particulares de abogados hoy procesados– sólo se ha procesado e incorporado a la causa un 50%. Y no se descarta que, de esa “información” y de otra que pueda aparecer de peritajes de teléfono o de documentos, surjan más posibles novedades (léase, nuevos imputados, nuevos casos de presuntas coimas).
Por lo pronto, varios actores del asunto se han quedado medio descolocados con el pedido de los defensores para que se haga el juicio. A la hora de especular el pedido de un rápido juicio, no hay que olvidar la crónica morosidad de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura en relación a la investigación por presunto mal desempeño del juez federal mendocino.
Que se expida al respecto esta comisión parece algo lejano y complejo si se tiene en cuenta que en enero la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley que en 2006 redujo la cantidad de miembros del Consejo. Se cree que ese fallo podría usarse de pretexto para no avanzar, invocando la necesidad de dictar una nueva ley en el Congreso.
El pedido de rapidez en la investigación judicial choca de frente con la lentitud de la Magistratura. Para los conocen el tema, esta extraña combinación hace pensar que la estrategia de los abogados de Bento podría ser la siguiente: que Bento llegue a juicio con el estatus de magistrado en funciones (sin haber sido destituido por la Magistratura, libre, sin ser detenido) para ser luego declarado inocente. Luego, si esto llegara a pasar, la investigación posterior por lavado de activos y enriquecimiento ilícito perdería sustento. Mientras tanto, este pedido de un juicio rápido podría repercutir en la Magistratura como un gesto de buena voluntad de parte del magistrado de someterse a la justicia.
Coimas, aprietes y autos de alta gama
Esta semana se sumó al caso Bento la declaración de Marcos Adrián Calderón, un comerciante “arrepentido” que se encuentra imputado y con prisión domiciliaria por dos hechos: un cohecho activo (el pago de 80.000 dólares) y un cohecho activo en calidad de partícipe secundario (habría sido la persona que contactó a Sebastián Palumbo con los abogados que luego le pidieron coimas a cambio de beneficios).
Según declaró ante el fiscal Vega y el juez Puigdéngolas, Calderón pagó un soborno a través del abogado Lucio Ortego (uno de los letrados procesados), a quien tuvo que contratar en la causa por asociación ilícita fiscal que tramitaba el juez Bento y por la cual terminó sobreseído.
El hombre explicó que había conocido a Ortego en una mesa de póker y que, al comentarle su problema, le dijo que había una forma de arreglarlo y conseguir el sobreseimiento, proponiéndole reunirse con Diego Aliaga.
Fue así como declaró que los tres se reunieron en un café donde le pidieron 80.000 dólares. “Yo accedí y le entregué a Ortego y Aliaga dos vehículos: un BMW 335 negro que tenía a la venta y otro que era una camioneta Mercedes Benz X6 que me pidió Ortego que se lo llevara a la casa de Aliaga”.
Calderón indicó que obtuvo la falta de mérito por parte de Bento y cuando solicitó el sobreseimiento, Ortego y Aliaga le pidieron 30.000 dólares más y “empecé a tener problemas con ellos”.
“Nunca pensé que iba a terminar así, con las amenazas, la extorsión de que me iban a meter preso”, declaró Calderón afirmando que una vez estuvo en el despacho de Bento y juez le dijo que “lo que se dijera ahí es como una charla de café”.
