El abogado de la familia de Diego Aliaga (51) solicitó prisión perpetua que tres de los acusados del asesinato y secuestro de del despachante de aduana que, para la Justicia Federal, habría sido la mano derecha de juez federal Walter Bento, en el caso por presunta coimas. En tanto que para otros dos integrantes de la presunta banda, las penas pedidas fueron de 15 años de cárcel.
Además, Juan Day, el representante de la querella por los hijos y la hermana de la víctima, le pidió al Tribunal Oral Federal 1 –conformado por los jueces Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli- que se les restituya a sus clientes los vehículos y bienes inmuebles que quedaron bajo custodia judicial durante la investigación que realizó el fiscal federal Fernando Alcaraz.
La semana pasada, la fiscal de cámara María Gloria André había solicitado durante su alegato acusatorio perpetua para Diego Barrera (52) su pareja, Viviana Sacolle (52) y para los hijos de la mujer, Gastón (30) y Lucas Curi (28)
En tanto que para el chofer Yamil Rosales la pena solicitada fue de 25 años de prisión ya que este imputado prestó colaboración para hallar el cuerpo de Diego Aliaga.
Hoy fue el turno de la querella que fijó algunas posiciones distintas, solicitando perpetua para Barrera, Sacolle y Gastón Curi. En tanto que para Lucas Curi y Yamil Rosales, las penas solicitadas fueron de 15 años para cada uno.
“Compartimos con la fiscalía la perpetua para Barrera, Sacolle y Gastón Curi. Entendemos que fue un hecho planificado por varios y en el cual todos tiene su aporte, su granito de arena”. Los tres junto a Yamil fueron coautores aunque a este último hay que considerar su valioso aporte para una reducción de la pena por su calidad de testigo arrepentido” dijo Day.
Para el querellante, Diego barrera “hizo todo”: planificó y ejecutó el crimen, engañándolo, reduciéndolo y luego participando físicamente en hecho. “La muerte era la única posibilidad ante la violencia física a la que fue sometida. En Diego Barrera se dan todas las acciones, incluido el llamado extorsivo a la familia”, dijo Day.
En cuanto a Sacolle, “merece la misma pena. Es responsable; sin su engaño a Aliaga no se hubiera producido el desenlace. Se ve su rol principal en los elementos probatorios pero no por el delito de secuestro extorsivo”.
Además, consideró que la mujer era la beneficiaria principal de los minibuses que eran de Aliaga y de los inmuebles cuya compra se intentó fingir, agregando que su participación en comunicaciones fundamentales para que se produjera el hecho.
En cuanto a Gastón Curi, fijó su rol como “coautor”, porque manipuló el teléfono de Aliaga, participó del llamado extorsivo y realizó vigilancia en para que se concretara el secuestro extorsivo.
Para Day, Yamil Rosales también cumplió el rol de coautor. “Es uno de los actores principales”, dijo agregando que habría participado en el crimen, en el secuestro y luego lo habría enterrado. Pero, por otro parte, “hizo un aporte importante, con una información que permitió encontrar el cadáver” por lo que –según la ley lo establece para los imputados arrepentidos- la pena solicitada fue de 15 años de prisión.
La misma pena solicitó el querellante para Lucas Curi, pero consideró que su rol fue el de participe secundario: “Su aporte no es indispensable y necesario para la ejecución del plan. No intervino en las llamadas, ni en el secuestro, ni era beneficiario. Cooperó pero no hizo aporte fundamental: solicitamos 15 años de prisión”.
Apoyando la hipótesis de la fiscalía, el querellante sostuvo que no fue una muerte “accidental” sino que se trató de una “muerte planificada que tuvo como móvil las deudas” que los Barrera tenían con Aliaga.
La muerte de Diego Aliaga
El Ministerio Público Fiscal le atribuye a la familia Barrera y a Rosales haber planificado e intervenido en la sustracción, el ocultamiento y la retención de Aliaga, con el fin de obligarlo, con amenazas y coacciones, a que les otorgase la documentación de dos propiedades sin pagarlas: un boleto de compraventa y un recibo de cancelación de venta de la casa ubicada en la manzana 41 del barrio Dalvian, de Ciudad, y otro boleto de compraventa de una oficina del segundo piso de la Galería Bamac, en Ciudad. Ambas propiedades de Aliaga.
También obligaron a la víctima a develar dónde guardaba los documentos de un Chevrolet Camaro y un Jeep Wrangler con el fin de quedárselos. Además, querían evitar que Aliaga les quitara dos minibuses Mercedes Benz Sprinter que habían sido adquiridos en junio y julio de 2020 y pagados en efectivo con dólares que les había entregado Aliaga. Los vehículos estaban a nombre de Sacolle, pero la víctima tenía formularios 08 firmados por la mujer como vendedora.
Todo comenzó el 28 de julio de 2020 a las 8.48, cuando las cámaras de la seguridad de Palmares registraron a la víctima y a una mujer saliendo a bordo de una camioneta BMW X6 para llevarla a su casa, en Maipú. A las 9.30 se dirigió a la casa que tenía en Bandera de los Andes 9840 de Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Dejó el auto en la puerta, ingresó y esa fue la última vez que fue visto con vida.
En esa casa estaba Barrera esperándolo porque allí ambos iban a montar centro de rehabilitación para discapacitados que iba a dirigir Sacolle. Lo cierto es que entre Barrera, Gastón Curi y Rosales lo redujeron y lo habrían subido a una Sprinter naranja que llevó hasta el lugar Lucas Curi. Las cámaras de la zona permitieron ver cómo estos sujetos entraron y luego salieron con la Sprinter y un Chevrolet Celta y se iban luego hacia un depósito ubicado en Jujuy 840 de Ciudad de Mendoza, donde llegaron cerca de las 11.
En ese depósito Barrera y Rosales y tal vez otras personas que no han sido identificadas retuvieron a Aliaga por la fuerza. Mientras este ocurría Viviana Sacolle se comunicaba por teléfono con sus hijos y su pareja.
Por la tarde, Barrera fue a la casa de Aliaga, desconectó la cámara de seguridad y se habría apoderado de la documentación de las casas y los vehículos. Estos documentos fueron secuestrados luego en la casa que los Barrera habitaban en el barrio Dalvian pero que le pertenecía a Aliaga.
Para los investigadores, los Barrera habrían realizado un llamado extorsivo al hermano de la víctima para obtener un rescate. El 30 de julio, mientras Gonzalo Aliaga denunciaba en la Oficina Fiscal 19 la desaparición de su hermano, recibió un llamado: “Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar”. La investigación determinó que esa llamada la hizo Gastón Curi. A partir de ese momento no se volvió a recibir ningún mensaje.
Según la información que se logró determinar a través de la necropsia, antes del 10 de agosto Aliaga fue asesinado. La muerte fue ocasionada por asfixia mecánica para ocultar el secuestro y robo de documentación de bienes registrables y personales, celular y reloj de la víctima.
Tras darle muerte, los acusados habrían llevado el cadáver de Diego Aliaga hasta un campo inculto en la localidad de Costa de Araujo, Lavalle, ubicado a unos 5 kilómetros, en Callejón Estrella y ruta 142.
Allí, en la tarde del 10 de setiembre, la Policía encontró el cadáver de la víctima enterrado, cubierto parcialmente por una frazada. El cadáver tenía un bóxer de color negro y un cuello polar negro y una bufanda del mismo color le cubría la cabeza. También una cinta adhesiva de azul le cubría la boca.
