Durante los alegatos del secuestro extorsivo y el asesinato de Diego Aliga –considerado por la Justicia Federal como “mano derecha” del juez federal Walter Bento, en el caso por presuntas coimas a cambio de beneficios procesales- se solicitaron penas menores para Yamil Rosales, el único acusado que ha logrado alejarse de una condena a prisión perpetua, tras acogerse a la figura de “imputado arrepentido”.
Esta mañana, la abogada Gabriela Massad consideró durante su alegato que no se le puede achacar a Rosales responsabilidad en relación a la muerte, o al homicidio, sea cualquier tipo de homicidio que se puedan atribuir en el caso que se llegue a condena.
Además consideró que su cliente no tuvo nada que ver en el secuestro coactivo y en el secuestro extorsivo, y menos del robo que habría hecho barrera en la casa de Aliaga, ya que Rosales no tenía idea del mismo. “Achacarle eso, su señoría, va en contra de la ley, por eso voy a pedir la absolución de mi pupilo procesal”, dijo la defensora.
Luego, al analizar los hechos, sostuvo que Rosales, en la casa de Bandera de Los Andes, le pegó a Aliaga un golpe que no le produjo lesión y si se la produjo, se podría hablar de una legítima defensa putativa.
“Con posteridad a la muerte de Aliaga, todos los actos que podría haber realizado Rosales están en un contexto de encubrimiento, agravado por el delito precedente”, dijo Massad, definiendo así el tipo de delito que para ella podría haber cometido su cliente.
“Voy a pedir la absolución porque no hay delito para condenarlo y voy a pedir la absolución adhiriendo al planteo de (el abogado) Leonardo Pérez Videla (defensor de Barrera). Y en el caso que fuera condenado, que sea por omisión de auxilio o legítima defensa putativa y encubrimiento agravado”.
Pero para cualquiera de los casos, solicitó “que se tenga en cuenta el pacto de colaboración. Mi cliente entregó un cuerpo y permitió que llegáramos hasta acá. Ese es el vital aporte que hizo Rosales y de ninguna manera no puede verse reflejado en una condena”, sostuvo la defensora.
Finalmente enumeró el pedido realizado: 1) Absolución lisa y llana por las nulidades planteadas; 2) Absolución por el beneficio de la duda; 3) legítima defensa putativa u omisión de auxilio; 4) encubrimiento agravado; y 5) secuestro coactivo con muerte no querida (ya que se trataría de un homicidio culposo).
Así las cosas y a la espera de que el próximo martes aleguen ante Tribunal Oral Federal 1 –conformado por los jueces Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli- las abogadas Gemina y Anahí Venier (defensoras de Sacolle y a sus dos hijos), estos son los pedidos realizados por las partes durante los alegatos;
La fiscal de cámara María Gloria André: perpetua para Diego Barrera (52) su pareja, Viviana Sacolle (52) y para los hijos de la mujer, Gastón (30) y Lucas Curi (28); y 25 para Yamil Rosales.
Luego, Juan Day, abogado que representa a los hijos y a la hermana de Aliaga, solicitó tres perpetuas: para Barrera, su pareja y para Gastón Curi ; y para Lucas Curi y Yamil Rosales, 15 años para cada uno.
El defensor oficial Leonardo Pérez Videla, representando a Diego Barrera, abrió el turno de los alegatos defensivos con una serie de pedidos que los jueces deberán analizar: 1) absolución para Barrera y que el juicio se declare nulo por vicios en la instrucción; 2) que sea condenado por homicidio preterintencional (muerte accidental, con pena de hasta 3 años de cárcel); 3) homicidio con dolo eventual; y 4) secuestro coactivo agravado por muerte no querida. 5) Además, pidió que se declare la inconstitucionalidad de la prisión perpetua.
La acusación fiscal
El Ministerio Público Fiscal le atribuye a la familia Barrera y a Rosales haber planificado e intervenido en la sustracción, el ocultamiento y la retención de Aliaga, con el fin de obligarlo, con amenazas y coacciones, a que les otorgase la documentación de dos propiedades sin pagarlas: un boleto de compraventa y un recibo de cancelación de venta de la casa ubicada en la manzana 41 del barrio Dalvian, de Ciudad, y otro boleto de compraventa de una oficina del segundo piso de la Galería Bamac, en Ciudad. Ambas propiedades de Aliaga.
También obligaron a la víctima a develar dónde guardaba los documentos de un Chevrolet Camaro y un Jeep Wrangler con el fin de quedárselos. Además, querían evitar que Aliaga les quitara dos minibuses Mercedes Benz Sprinter que habían sido adquiridos en junio y julio de 2020 y pagados en efectivo con dólares que les había entregado Aliaga. Los vehículos estaban a nombre de Sacolle, pero la víctima tenía formularios 08 firmados por la mujer como vendedora.
Todo comenzó el 28 de julio de 2020 a las 8.48, cuando las cámaras de la seguridad de Palmares registraron a la víctima y a una mujer saliendo a bordo de una camioneta BMW X6 para llevarla a su casa, en Maipú. A las 9.30 se dirigió a la casa que tenía en Bandera de los Andes 9840 de Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Dejó el auto en la puerta, ingresó y esa fue la última vez que fue visto con vida.
En esa casa estaba Barrera esperándolo porque allí ambos iban a montar centro de rehabilitación para discapacitados que iba a dirigir Sacolle. Lo cierto es que entre Barrera, Gastón Curi y Rosales lo redujeron y lo habrían subido a una Sprinter naranja que llevó hasta el lugar Lucas Curi. Las cámaras de la zona permitieron ver cómo estos sujetos entraron y luego salieron con la Sprinter y un Chevrolet Celta y se iban luego hacia un depósito ubicado en Jujuy 840 de Ciudad de Mendoza, donde llegaron cerca de las 11.
En ese depósito Barrera y Rosales y tal vez otras personas que no han sido identificadas retuvieron a Aliaga por la fuerza. Mientras este ocurría Viviana Sacolle se comunicaba por teléfono con sus hijos y su pareja.
Por la tarde, Barrera fue a la casa de Aliaga, desconectó la cámara de seguridad y se habría apoderado de la documentación de las casas y los vehículos. Estos documentos fueron secuestrados luego en la casa que los Barrera habitaban en el barrio Dalvian pero que le pertenecía a Aliaga.
Para los investigadores, los Barrera habrían realizado un llamado extorsivo al hermano de la víctima para obtener un rescate. El 30 de julio, mientras Gonzalo Aliaga denunciaba en la Oficina Fiscal 19 la desaparición de su hermano, recibió un llamado: “Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar”. La investigación determinó que esa llamada la hizo Gastón Curi. A partir de ese momento no se volvió a recibir ningún mensaje.
Caso Aliaga: víctima y presuntos victimarios residían en exclusivos barrios.
Según la información que se logró determinar a través de la necropsia, antes del 10 de agosto Aliaga fue asesinado. La muerte fue ocasionada por asfixia mecánica para ocultar el secuestro y robo de documentación de bienes registrables y personales, celular y reloj de la víctima.
Tras darle muerte, los acusados habrían llevado el cadáver de Diego Aliaga hasta un campo inculto en la localidad de Costa de Araujo, Lavalle, ubicado a unos 5 kilómetros, en Callejón Estrella y ruta 142.
Allí, en la tarde del 10 de setiembre, la Policía encontró el cadáver de la víctima enterrado, cubierto parcialmente por una frazada. El cadáver tenía un bóxer de color negro y un cuello polar negro y una bufanda del mismo color le cubría la cabeza. También una cinta adhesiva de azul le cubría la boca.
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