Con la nueva declaración de Diego Barrera (52) - presunto autor del crimen- terminó la etapa de testigos en el juicio por el secuestro y posterior asesinato de Diego Aliaga (51), el despachante de aduana que mutó a informante policial y que, para la Justicia Federal, habría sido la “mano derecha” del juez federal Walter Bento, en el caso por presuntas coimas a cambio de benéficos procesales que actualmente se realiza.
Durante la instrucción de la causa, Barrera intentó despegar del crimen a su pareja, Viviana Sacolle (52) y a los hijos de la mujer, Gastón (30) y Lucas Curi (28), diciendo que había sido el autor del crimen, pero que había sido casi de forma accidental: “se me murió”, había dicho, quitándole responsabilidad a su familia y negando que se hubiera producido un secuestro y luego la muerte, tal como sostiene la acusación realizada por el fiscal Fernando Alcaraz.
Ayer, los jueces del Tribunal Oral Federal 1 –conformado por los jueces Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli- escucharon a Barrera volver a dar la misma versión ampliada, aceptando preguntas de la fiscal de cámara María André y de los defensores.
Barrera pidió disculpas a la familia de Aliaga, quien era su socio en un emprendimiento que iban a tener en la vivienda de la calle Bandera de los Andes. Allí se habría producido una discusión sobre el control de ese emprendimiento que terminó de forma violenta: tras un cruce de golpes, Washington Yamil Rosales -el chofer de la empresa de transporte de los Barrera- golpeó a Aliaga con una llave y, para que no se escucharan los gritos, Barrera le puso un trapo en la boca y luego una cinta. Con eso logró silenciarlo, pero en pocos segundos, la víctima dejó de respirar.
De cara al futuro del debate, con este testimonio Barrera completó el panorama de las defensas de forma tal que todos los que declararon terminaron armando un rompecabezas en el cual Barrera se ubica como autor del homicidio cuya causa fue la asfixia, al tiempo que al situar la muerte en la vivienda de Guaymallén niega el secuestro que sostiene la fiscalía; y niega la participación de su familia se encuentra implicada por las llamadas que realizaron.
Además, sostiene que el móvil de asesinato fue la pelea por el negocio del cual era socio y no como sostiene la acusación: que lo mataron para que les entregara los papeles de dos propiedades que no querían pagar.
En tanto que el caso de Washington Yamil Rosales –defendido por la abogada Gabriela Massad- es distinto, ya que había declarado inicialmente y decidido acogerse a la figura de testigo “arrepentido”, firmando un acuerdo con la Fiscalía para recibir una pena menor. Pues, bien, el 8 de agosto volvió a declarar, negando lo dicho y ajustando el nuevo relato con la versión que ayer dio a Barrera. El próximo martes Gastón Curi ampliará su declaración y la siguiente semana comenzarán los alegatos de la fiscal André.
La acusación del caso
El Ministerio Público Fiscal le atribuye a la familia Barrera y a Rosales haber planificado e intervenido en la sustracción, el ocultamiento y la retención de Aliaga, con el fin de obligarlo, con amenazas y coacciones, a que les otorgase la documentación de dos propiedades sin pagarlas: un boleto de compraventa y un recibo de cancelación de venta de la casa ubicada en la manzana 41 del barrio Dalvian, de Ciudad, y otro boleto de compraventa de una oficina del segundo piso de la Galería Bamac, en Ciudad. Ambas propiedades de Aliaga.
También obligaron a la víctima a develar dónde guardaba los documentos de un Chevrolet Camaro y un Jeep Wrangler con el fin de quedárselos. Además, querían evitar que Aliaga les quitara dos minibuses Mercedes Benz Sprinter que habían sido adquiridos en junio y julio de 2020 y pagados en efectivo con dólares que les había entregado Aliaga. Los vehículos estaban a nombre de Sacolle, pero la víctima tenía formularios 08 firmados por la mujer como vendedora.
Todo comenzó el 28 de julio de 2020 a las 8.48, cuando las cámaras de la seguridad de Palmares registraron a la víctima y a una mujer saliendo a bordo de una camioneta BMW X6 para llevarla a su casa, en Maipú. A las 9.30 se dirigió a la casa que tenía en Bandera de los Andes 9840 de Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Dejó el auto en la puerta, ingresó y esa fue la última vez que fue visto con vida.
En esa casa estaba Barrera esperándolo porque allí ambos iban a montar centro de rehabilitación para discapacitados que iba a dirigir Sacolle. Lo cierto es que entre Barrera, Gastón Curi y Rosales lo redujeron y lo habrían subido a una Sprinter naranja que llevó hasta el lugar Lucas Curi. Las cámaras de la zona permitieron ver cómo estos sujetos entraron y luego salieron con la Sprinter y un Chevrolet Celta y se iban luego hacia un depósito ubicado en Jujuy 840 de Ciudad de Mendoza, donde llegaron cerca de las 11.
En ese depósito Barrera y Rosales y tal vez otras personas que no han sido identificadas retuvieron a Aliaga por la fuerza. Mientras este ocurría Viviana Sacolle se comunicaba por teléfono con sus hijos y su pareja.
Por la tarde, Barrera fue a la casa de Aliaga, desconectó la cámara de seguridad y se habría apoderado de la documentación de las casas y los vehículos. Estos documentos fueron secuestrados luego en la casa que los Barrera habitaban en el barrio Dalvian pero que le pertenecía a Aliaga.
Para los investigadores, los Barrera habrían realizado un llamado extorsivo al hermano de la víctima para obtener un rescate. El 30 de julio, mientras Gonzalo Aliaga denunciaba en la Oficina Fiscal 19 la desaparición de su hermano, recibió un llamado: “Dejá de revolver el avispero y andá juntando el palo verde que ya te vamos a llamar”. La investigación determinó que esa llamada la hizo Gastón Curi. A partir de ese momento no se volvió a recibir ningún mensaje.
Según la información que se logró determinar a través de la necropsia, antes del 10 de agosto Aliaga fue asesinado. La muerte fue ocasionada por asfixia mecánica para ocultar el secuestro y robo de documentación de bienes registrables y personales, celular y reloj de la víctima.
Tras darle muerte, los acusados habrían llevado el cadáver de Diego Aliaga hasta un campo inculto en la localidad de Costa de Araujo, Lavalle, ubicado a unos 5 kilómetros, en Callejón Estrella y ruta 142.
Allí, en la tarde del 10 de setiembre, la Policía encontró el cadáver de la víctima enterrado, cubierto parcialmente por una frazada. El cadáver tenía un bóxer de color negro y un cuello polar negro y una bufanda del mismo color le cubría la cabeza. También una cinta adhesiva de azul le cubría la boca.
