La investigación contra dos policías de San Rafael, iniciada por balear a un chiquito de 4 años y llevarse aprehendidos a su hermano de 11 y a la madre de ambos, tendrá mañana una de las pruebas claves para avanzar en la acusación de los efectivos: los menores declararán en cámara Gesell y, tras esta medida, podrían quedar imputados los integrantes de la Fuerza que están en la mira.
A más de dos semanas del hecho, ocurrido el 27 de julio en el barrio Constitución, los hermanos serán llevados este jueves para ser abordados por psicólogos, que intentarán que a su modo les cuenten qué ocurrió aquella tarde.
El mayor desafío de los profesionales será poder entrevistar al más chico, de muy corta edad y con un vocabulario que recién empieza a desarrollar, por lo que esperan que se encuentren en condiciones para poder expresarse.
Distinta es la situación del otro nene, que es varios años más grande. Además, él fue el que dio inicio al episodio ya que los uniformados lo fueron a atrapar porque estaba con una pistola, que luego se comprobó que era a sebitas.
Incluso su declaración se torna muy valiosa porque desde la Policía aseguran que los dos auxiliares acusados fueron tras él porque les apuntó con lo que a ellos les pareció que era un arma de fuego real.
El relato de los hermanos será seguido por las partes a través de una videoconferencia, para conservar el distanciamiento social. En la fiscalía cuentan con la declaración de la madre de los chicos y la testimonial de los vecinos y del resto de los efectivos que llegaron en apoyo una vez que ya había incidentes.
Las versiones son opuestas; mientras los lugareños hablan de un accionar desmedido de la Policía, los compañeros de los sospechosos sostienen que hubo una defensa frente a una "lluvia" de proyectiles que caía sobre ellos.
En toda esa batahola se registraron dos heridos: el nene de 4 años con dos lesiones en la espalda por los perdigones disparados por la Policía, presuntamente para dispersar, y uno de los uniformados con un corte en la cabeza por un piedrazo. Todo está detallado en el acta de procedimiento sentada en la comisaría Octava.
La situación de estos auxiliares en principio es complicada y todo indica que, tras la medida en cámara Gesell, serían imputados por privación ilegitima de la libertad agravada. Una vez que sean acusados formalmente, podrán declarar y defenderse.
Los pesquisas buscan saber por qué se llevaron a la comisaría al nene de 11 años y a su madre, luego de que habían comprobado que el revólver era de juguete. Una de las versiones es que la Policía había sido notificada por la Fiscalía de Menores para trasladar al niño y a su progenitora por la violación del artículo 57 del Código Contravencional por “portación de elemento idóneo para delinquir”.
Los efectivos habían arribado en moto al barrio por un llamado al 911 que daba cuenta de un jovencito armado en la calle. Cuando lo divisaron, lo persiguieron corriendo; incluso entraron a un domicilio desde lo sacaron. Allí aparecieron en escena la madre y los vecinos y comenzó la revuelta que terminó con el pequeño con dos posta de goma en su cuerpo.
El caso está a cargo del fiscal Javier Giaroli, quien además de definir si hubo la privación ilegítima de la libertad, tendrá que analizar si las lesiones al menor fueron dolosas, culposas o en legítima defensa del ataque al que eran sometidos los policías.
Mientras, los investigados continúan trabajando normalmente en la división de Cuerpos Especiales, hasta tanto se expida la Inspección General de Seguridad.
