La Aduana, en su rol de querellante, solicitó que sea condenada una banda de presuntos contrabandista por intentar el ingreso de mercadería chilena valuada en 4,5 millones de dólares.
Se trata de una presunta organización delictiva conformada por 12 personas, entre las que se encuentran comerciantes, camioneros, gendarmes y aduaneros que, en 2019, habrían ingresado al país desde Chile un contrabando de proporciones –conformado por indumentaria y celulares- y además habrían realizado otros hechos similares caratulados como tentativa de contrabando.
El Tribunal Oral 1, integrado por Alejandro Piña, María Paula Marisi y Alberto Carelli había abierto el debate en octubre de 2022 y hoy se escucharon los alegatos de la querella.
El representante de la Aduana, Guillermo Aguilera, solicitó las penas más severas para los cabecillas de la presunta organización y además una multa de $1.089.000.000
Solicitó las siguientes penas: para el comerciante Diego Francisco Matías “Pancho” Juárez Ferro 8 años por asociación ilícita y dos casos de contrabando.
Para Luis Fabián Salas Narváez, 7 años de cárcel. En tanto que para el comerciante del rubro marroquinería Omar Armando Rodríguez Cichinelli –también imputado en la causa del juez federal Walter Bento por cohecho activo agravado por un hecho en calidad de coautor respecto de su propia situación como sobornador- no formuló acusación.
Para el comerciante de servicio técnico de celulares Luca Federico Salas Ortiz, pidió 5 años de prisión; para Luis Salas, 7 años, y para el empleado administrativo Mario Javier Alberto “Charly” Baronian Segura 3 años y 6 meses de encierro.
La querella solicitó para los integrantes de Gendarmería Nacional Ariel Fernando “Chapu” Rades Herrera 5 años y José Ramón “Chacho” Peñaloza Pérez 5 años para cada uno. Para el funcionario de la Dirección General de Aduana Walter David Barroso Zalazar, 4 años; para el técnico en electrónica Ricardo Abraham Luis 2 años; y para el camionero Roberto Enrique Marín Videla, 4 años; y para Ricardo Luis Badín, dos años en suspenso.
La acusación inicial
Todos, según la acusación inicial realizada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, habrían participado en cuatro hechos de contrabando realizados entre octubre y diciembre de 2019 –el primero consumado y los restantes en grado de tentativa- en los que habrían ingresado mercaderías de distinto tipo –teléfonos e indumentarias, mayormente- por un valor de $300.000.000, según fueron valuados en diciembre de 2019.
Las maniobras fueron habrían sido realizadas con un patrón común: introducir la mercadería sin declarar a Mendoza, desde la República de Chile, desviando los camiones de la ruta señalada para su importación para que, de esta forma, la carga no ingresara a las instalaciones del ACI Uspallata, Mendoza, vulnerando así los controles aduaneros preestablecidos.
Los camiones iban hasta una empresa ubicada en Carril Rodríguez Peña al 2500, de Godoy Cruz, donde se descargaba la mercadería no declarada. Al día siguiente, los choferes retornaban en el mismo vehículo hasta el ACI Uspallata para documentar su ingreso a la Argentina sin carga.
La presunta organización criminal facilitaba a los transportistas un doble juego de documentación apócrifa (MIC/DTA con firmas y sellos de aparentes funcionarios de la Aduana Argentina y de funcionarios de Gendarmería Nacional) para poder realizar la maniobra.
El primer hecho de presunto contrabando fue detectado el 10 de octubre de 2019 en la intersección de Ruta Nacional Nº 40 y Ruta Nacional Nº 7, Luján, cuando la Policía de Mendoza procedió al control de un camión marca Scania conducido por Aguirre Valdez y constató la existencia de una importante cantidad de mercadería que no coincidía con lo detallado en la documentación y cuyo monto final ascendió a 2.247.334 dólares estadounidenses, equivalentes en ese momento a 130.300.475,92 pesos argentinos, según consta en el expediente.
El cargamento estaba integrado por gran cantidad de ropa de hombre y mujer; una bicicleta marca Cannon Dale con motor eléctrico; una bicicleta marca Scott tipo mountain bike de fibra de carbono; 100 cargadores de celulares; 197 celulares Samsung J2 Core; 3celulares IPhone 6S; 7 Samsung A30; 1 Samsung A20; y otros productos como lentes de sol, zapatillas y pavas eléctricas.
El siguiente presunto contrabando ocurrió el 24 de octubre de 2019, cuando personal policial procedió en el Puesto Fijo “Punta de Vacas” de Gendarmería controló a un camión que llevaba 53 teléfonos valuados en $520.205,95.
Posteriormente, en el mes de diciembre de 2019, los miembros de la presunta organización criminal habrían intentado cometer dos hechos de contrabando. El 5 de diciembre en Ruta Nacional Nro. 7, Km. 1151, a la altura del portón de ingreso al Área de Control Integrado Uspallata, personal de Gendarmería Nacional de guardia en el puesto de control detuvo el tránsito de un camión. La carga ilegal –valuada en $109.435.278- estaba conformada por ropa para niños y adultos, bijuteríe y hasta un sillón masajeador.
Por último, el 12 de diciembre de 2019, en la Ruta Nacional 7, Km. 1151, a la altura del Área de Control Integrado Uspallata, un camión eludió la entrada al ACI, estacionándose en frente del predio aduanero. Los gendarmes lo requisaron y dieron con una carga ilegal valuada en $32.240.964, conformada por 7.500 pelotas de fútbol y gran cantidad de ropa.
