A casi cuatro años de un nuevo aniversario de la tragedia vial en la Cuesta de los Terneros, de San Rafael, la investigación penal se reactivó y tiene sus dos primeros acusados con una fuerte imputación. La incorporación de más pruebas y una causa en la Justicia Federal de Buenos Aires cambiaron el rumbo de la pesquisa.
El impactante siniestro ocurrió el 25 de junio de 2017 y dejó como saldo 15 víctimas fatales y 38 heridos que viajaban a bordo de un colectivo. Casi todos los pasajeros eran alumnos de entre 5 y 15 años de la escuela de danzas Soul Dance Studio, del partido bonaerense Malvinas Argentinas.
Uno de los fallecidos fue quien manejaba el ómnibus en el momento del vuelco, Damián Pinelli, detalle que en un principio dejaba al expediente muy cerca de ser archivado. Al morir este hombre no había responsable directo, aunque el aporte y la presión de los abogados de las familias de los damnificados hizo que el caso no se cerrara.
Incluso este punto llegó a tratarse en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza hace un año y los jueces de la Sala Penal entendieron que la fiscalía de San Rafael debía seguir investigando.
Hasta ese momento no había acusados, y tanto Marcia Gabriela Villagra como su suegro Jorge Pinelli -esposa y padre respectivamente del chofer muerto-, sólo habían realizado una declaración informativa, instancia intermedia entre ser imputado y testigo. La mujer era la dueña de la empresa que realizó el viaje y el hombre iba en el micro y se turnaba para manejar con su hijo.
Cambio de rumbo
Durante estos años la información recabada por los investigadores no alcanzaba para sospechar sobre presuntas responsabilidades, más allá que desde un principio se supo que la unidad no estaba en óptimo estado.
Sin embargo, una de las pruebas incorporadas fue la falsificación de la verificación técnica del vehículo y de esto fue notificada la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
A partir de esto se empezaron a cruzar datos y se abrió una investigación en Buenos Aires por las aparentes maniobras que se realizarían en un taller para adulterar documentación de colectivos. Y entre los señalados aparece Marcia Villagra.
A raíz de esto intervino la Justicia Federal y mandó a juicio a esta mujer y a otras personas por el delito de falsificación de instrumento público.
El avance de esta causa terminó de convencer a los pesquisas sanrafaelinos para imputar a Villagra y a Jorge Pinelli. Ambos serán acusados por homicidio simple con dolo eventual en 15 hechos, calificación que prevé de 8 a 25 años de prisión.
“Conocían la antigüedad del colectivo, el estado crítico de sus condiciones mecánicas, en especial del sistema de frenos, cubiertas, seguridad y todos los desperfectos y deficiencias advertidas en la pericia. No obstante aceptaron trasladar a 54 pasajeros”, sostiene en el expediente el fiscal subrogante Iván Ábalos.
Y suma: “No hicieron nada para evitar que el rodado emprendiera en tales condiciones mecánicas el viaje. El resultado que tuvo lugar no era una posibilidad lejana sino, por el contrario, altamente probable, constatable y evitable pero a pesar de ello siguieron actuando y se arriesgaron así al resultado”.
Así el funcionario judicial argumenta el dolo eventual, aunque deja como calificación alternativa un homicidio culposo agravado por ser más de una las víctimas fatales, delito con penas de 3 a 6 años y excarcelable.
Los sospechosos seguirán libres en Buenos Aires -aunque deben rendir una fianza de un millón de pesos y ajustarse a ciertos requisitos - y se estima que esta semana serán notificados de su situación vía Skype.
