La Policía Científica ya quedó bajo la órbita de la Justicia

El cuarto piso de la Corte local sirvió de escenario para que autoridades del Ejecutivo provincial y de la Justicia terminaran de poner en marcha el traspaso de la Policía Científica a la órbita judicial. Se trata del primer paso antes de que la Legislatura apruebe una ley específica de Policía Judicial.

La mesa para la firma del convenio estuvo compuesta por el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, el vicegobernador Carlos Ciurca, el gobernador Francisco Pérez, el procurador general, Rodolfo González y el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente.

Así, en medio de un clima de acuerdo político que involucra al oficialismo y a la oposición, esta vieja iniciativa comenzó a cobrar forma para que ese cuerpo de investigadores judiciales trabaje junto con los fiscales y se achiquen caminos para que la denuncia penal sea judicializada desde el inicio.

“La denuncia policial no tenía valor procesal, debía radicarse en el Juzgado de Instrucción e instantes después en el juicio que se hacía en el Juzgado Correccional. La ley 6730 trae la novedad del funcionamiento de la Policía Judicial y la necesidad de que la denuncia penal sea judicializada desde el inicio. Cuando entra la denuncia, automáticamente, es recibida en la Fiscalía, entonces estos son actos que no deben repetirse”, explicó González.

Los 170 policías que cumplen funciones hoy en Científica (que hasta ahora funcionaba en el Ministerio de Seguridad) seguirán teniendo las mismas condiciones laborales y funciones, pero dependerán de la Procuración General de la provincia.

Sin embargo, la Policía Científica seguirá figurando en el presupuesto del Ejecutivo este año y el próximo, y en el 2015 pasará a integrar el presupuesto de Tribunales.

“La función de la policía judicial es investigar los delitos de acción pública, impedir delitos que siendo cometidos lleguen a consecuencia ulteriores, individualizar los controles y reunir pruebas útiles para dar base a la acusación o de procedimiento”, agregó esta mañana González.

Por su parte, Llorente afirmó que los cambios son parte de “una decisión política efectiva para avanzar en la creación de un instituto jurídico, la policía judicial, un anhelo de la clase dirigencial de Mendoza desde hace muchos años”.

En este sentido, el gobernador Francisco Pérez expresó: “Hace 60 años que se creó el Código Procesal Penal de la provincia y ahí venía incluido el tema de la Policía Judicial. Así que esto es un paso importante porque permitirá la articulación de los tres poderes del Estado, luego de varios años en los cuales el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial estuvieron enfrentados en la provincia. Este momento histórico, que hay que acompañar con acciones concretas, con más articulación, con presupuesto, con recurso humano, equipamiento”.