La medida cosecha aplausos y rechazos en la zona. Por considerar que dan pérdidas y traen grandes perjuicios para las comunidades locales, el Gobierno decidió cerrar los casinos provinciales de La Consulta, Eugenio Bustos y Uspallata, y reestructurar con una nueva concesión el año próximo los de Tupungato y Tunuyán.
En el medio, los más perjudicados son los empleados. Decenas de familias valletanas temen quedarse en la calle, en un momento “en que el trabajo es el bien más escaso”, reclaman. Los cerca de 40 que pertenecen al Estado pasarán a disponibilidad por seis meses, plazo en el que el gobierno “intentará” reubicarlos.
Peor situación enfrentan los 40 restantes, que mantienen relación de dependencia con la empresa concesionaria (Bingo SA) y que en agosto se quedarán sin su fuente laboral.
El “certificado de defunción” -como ironizan los empleados- tiene fecha para el 24 de agosto. Ése es el día que ha dispuesto el Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza para cerrar definitivamente las puertas de sus dos anexos sancarlinos y el de Uspallata. Al mismo tiempo, ya trabaja en el armado de la licitación para adjudicar las sedes de Tupungato y Tunuyán.
Si bien el gobernador Alfredo Cornejo venía dando señales de su intención de eliminar algunas de estas salas, la noticia golpeó con dureza a las muchas familias que -en algunos casos- llevan diez años viviendo de esta actividad en el Valle de Uco. Los empleados aún no se resisten y siguen luchando para sumar voluntades políticas y lograr que, al menos, dejen una sala abierta en San Carlos, idea que es rechazada de raíz por la Provincia.
El avance de la ludopatía, el hecho de que estas sedes daban enormes pérdidas ($ 350 millones en rojo) y los millones de pesos mensuales que el juego se lleva de los pueblos evitando su vuelco para el desarrollo local, son los argumentos con los que defiende la decisión gubernamental Josefina Canale, la titular del Instituto de Juegos y Casinos.
Los delegados gremiales apuntan que en todos los anexos (pero sobre todo en los de Eugenio Bustos y Uspallata, cuyos números en rojo se anuncian hace tiempo) bajó la recaudación porque faltó control del Estado sobre las concesionarias, “las cuales llevan años sin invertir en mantenimiento y mejoras del servicio”, apuntaron.
Además, coinciden en que la medida no combatirá la ludopatía y sí terminará beneficiando a las salas privadas, como la del hotel Fuentemayor en Vista Flores, “hacia donde viajan nuestros clientes cuando cerramos por paro y ese dinero no vuelve al Estado para beneficio de todos”, señalan los operarios.
Canale informó que los 40 empleados de planta de los casinos pasarán a disponibilidad por seis meses, cobrando su sueldo actual (que en el caso de un cajero ronda entre los 13 mil y 16 mil pesos). “Es una buena opción para el municipio de capacitarlos o armar incubadoras de empresas. También podrán ser reubicados en otras sedes (en 50 ó 70 kilómetros de distancia) y, en última instancia, recibirán su indemnización”, explicó la funcionaria.
“¿Quién nos garantiza que no nos sacarán en marzo? Muchos no estamos en condiciones de empezar de nuevo, ya no tenemos edad. Nos están dejando en la calle. Desde el municipio ya nos dijeron que no tienen capacidad de absorber a nadie”, se quejó Guido Montañez, delegado gremial.
Como medidas para disminuir el impacto, desde algunos sindicatos han propuesto armar un ránking con los empleados con necesidades más urgentes e impostergables. Otra opción es crear áreas de ‘juegos vivos’ (poker, black jack, etc) en los anexos regionales, para incluir a los efectivos de San Carlos. “Estamos viendo la afectación legal de esta iniciativa”, reconoció Canale.
Las Vegas en el Valle de Uco
No son pocas las historias de valletanos que han perdido camionetas, maquinarias y hasta fincas en estos sitios de juego. El rechazo de gran parte de la sociedad local hacia los casinos se mantiene desde que, hace unos 10 años, el gobierno decidió convertir al Valle de Uco en una especie de Las Vegas.
A esto se suma el casi nulo ingreso de divisas del sector turístico. En esta situación se centra el Gobierno para decidir su cierre, aunque los empleados sostienen que -bajo ese concepto- “deberían eliminarse todas las salas privadas y públicas”.
Lo cierto es que los anexos de Tupungato y Tunuyán seguirán funcionando, pero -como primera medida- el Instituto dispondrá que lo hagan en zonas alejadas del radio urbano. También reforzarán las exigencias, controles y multas en la próxima adjudicación, para la cual están armando hoy los pliegos.
“Por años no se colocaron multas y esto derivó en un vaciamiento. Se produjeron muchísimos incumplimientos por parte de las firmas operadoras”, señaló Canale, quien dijo que están viendo legalmente cómo lograr que el pago de las multas a futuro sea más efectivo y las sanciones, acumulables.
En este contexto, también los trabajadores se ven ganados por la incertidumbre. “De los 74 empleados de Tupungato, 54 pertenecen a las concesionarias que dejan el lugar. Nadie nos puede asegurar que continuaremos con el empleo”, apuntó Leonardo G., un empleado.
