Una entidad -la Asociación de Amas de Casa Cuyana- y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). mantienen posiciones encontradas sobre la propiedad de un terreno de casi 10 hectáreas, en el distrito Luzuriaga, Maipú.
La asociación civil, una de las primeras en gestionar las jubilaciones para la mujer del hogar, afirma ser propietaria de un predio, ubicado entre las calles Rawson, 9 de Julio y callejón Villanueva.
Así lo afirma el presidente de la entidad, Gustavo Álvarez (41), quien asegura que Amas de Casa lo adquirió en 1998 a través de un crédito hipotecario de 887.521 pesos, con la obligación de urbanizarlo, escriturándose a favor de la entidad.
Sin embargo, en la vereda de enfrente, el titular del IPV, Omar Parisi, sostiene que no es así y que la organización debe a esa repartición provincial la nada despreciable suma de casi 9 millones de pesos.
En el medio de toda la problemática, el generoso predio (de similares dimensiones que la propiedad donde construirán las torres del plan Procrear en Capital) está ocupado por más de 100 familias y está en curso una causa por usurpación en el 5to Juzgado de Garantías de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del doctor Marcos Alberto Pereira.
Además, a principio de este año o prosperó en la Legislatura provincial la ley N° 8.675, que dispuso la expropiación del mencionado predio "para atender con urgencia la situación de precariedad habitacional de las personas que ocupan el inmueble".
Pero un estudio jurídico local (Carolina Jacky y Miguel Reina) han entablado como querellantes "el cese del efecto del delito" que dicen padecer y que se desaloje a la gente allí instalada.
La urbanización
El titular del grupo civil sostuvo que el dinero recibido -887.521 pesos- fue destinado a la compra del terreno y a la urbanización. Esta última, según su explicación, fue completada hasta 98% (agua, luz, cloacas y trazado de calles).
"Faltando 2% para completar esa tarea, el IPV decidió hacer el cierre del crédito unilateralmente y exigió la devolución del monto aportado al contado", contó el dirigente (en ese momento la titular de Amas de Casa era Ana María Sperotto).
Álvarez agregó: "Nosotros propusimos una dación de terreno en compensación de la deuda, pero cuando estas tratativas se estaban realizando más de 100 familias procedieron a ocupar el lugar, exigiendo viviendas".
Por el tema de la usurpación actuó la Unidad Fiscal N° 10 Luján-Maipú, actuando como fiscal de instrucción Juan Ticheli. Hoy el caso pasó al Juzgado de Garantías del juez Marcos Alberto Pereira.
Según uno de los abogados de la agrupación privada, Miguel Reina, se ha pedido que se juzgue a 139 imputados por el delito de usurpación. "Como patrocinantes lo que solicitamos es que cese el delito y que se desaloje a la gente allí instalada".
El presidente de la institución afirmó también que "la parte que nosotros debíamos (nunca se negó la deuda) se podía compensar con la cesión de casi 5 has, pero el IPV nos pedía que fuera libre de ocupantes. Por eso el IPV interpretó que no queríamos pagar y propició la expropiación en la actual gestión de Omar Parisi".
Según Álvarez "los perjudicados son entre 90 y 100 asociados de los 191 originales. Nosotros necesitamos que se nos pague la expropiación y a partir de ahí hacer nuestro barrio en otro lugar, si no podemos recuperar el de Luzuriaga".
Fondos con destino desconocido
El presidente del IPV, Omar Parisi, dio un panorama muy distinto al de la entidad. Primero sostuvo que Gustavo Álvarez "se arroga la representación de un montón de gente. Hace no menos de 8 años, se les dio desde el IPV un crédito para la urbanización de ese futuro barrio y no la hicieron nunca; no sé en qué gastaron la plata. Hoy estamos reclamando la devolución de ese préstamo".
El funcionario sostuvo que "ese monto, a valores actualizados, debe estar en el orden de los 8 ó 9 millones de pesos. "Les propusimos en su momento -siguió diciendo- que cancelaran el crédito y quedaba liberado el terreno, pero nos dijeron que no. Igual respuesta tuvimos a la propuesta de que nos cancelaran con parte del predio y se quedaran con el resto.
En cambio, nos pidieron un plan larguísimo para devolver la plata adeudada, con lo cual a ellos les quedaba liberada la tierra y hacían su negocio, pero nosotros no podemos financiar, con plata del Estado, futuras inmobiliarias".
Como resultado de ese proceso, el IPV propició una iniciativa de expropiación del terreno, que hoy es ley.
"Tendrá que surgir -añadió Parisi- un reclamo con asamblea de la asociación, ver cuánto es el valor (del inmueble) y a eso restarle el valor que tiene asumido el IPV (cerca de 9 millones pesos ), y de suceder eso, el terreno nosotros ya lo pagamos y queda a nombre del Instituto.
Nosotros no queremos quedarnos con todo el terreno. Deseamos que todos aquellos vecinos que han pagado sus cuotas y tengan forma de comprobarlo, tengan acceso a una parte de ese inmueble y hagan su lote".
A pesar de los intentos, este diario también consultó la opinión sobre el caso a la Municipalidad de Maipú, pero no hubo respuesta al respecto.
