El Concejo Deliberante de San Martín inició el período de sesiones ordinarias con polémica, luego de que un proyecto del radical Mauricio Petri sobre la accesibilidad de los discapacitados a edificios públicos, fue devuelto sin tratamiento en comisión, con el argumento de que ya existe una ordenanza al respecto.
Si bien el proyecto fue devuelto y no rechazado, el concejal Petri asegura que "en el fondo es lo mismo, porque el resultado es que no han querido hablar del tema. La verdad es que el Concejo se ocupa de cuestiones menores y no de lo que realmente preocupa al vecino".
Roberto Loyola (FpV) presidente del bloque oficialista sostuvo que ya existe en San Martín, una ordenanza al respecto: "Es de 1986 y establece que toda obra que se proyecte debe contar con medios para el acceso de discapacitados. El proyecto de Petri no mejora esa norma y tampoco menciona qué artículos se modifican. Por eso se le ha pedido que la revise".
También opinó sobre el asunto el presidente del Concejo, Bartolomé Robles (FpV), y aseguró que "no se puede hacer demagogia con algo tan sensible como la discapacidad.
Es un tema que nos preocupa, pero un proyecto de ordenanza no son dos hojitas escritas en media hora, como presentó Petri; necesita de fundamentos, de un relevamiento sobre lo que existe y lo que no; en fin, necesita de trabajo. Ya hay una ordenanza al respecto y Petri no suma nada".
El concejal radical es autor además del proyecto que pide congelar la dieta de ediles y funcionarios durante 2016, un expediente que también fue rechazado en la primera sesión del Concejo y es por eso que en los pasillos del municipio, alguno supone que la negativa a estudiar la norma de accesibilidad planteada por Petri es una reacción a su pedido de congelar sueldos: "Se la están cobrando", sostuvo un empleado del Concejo.
El proyecto de Petri incluye en su articulado la obligatoriedad, para toda obra pública que se proyecte a futuro de contemplar la accesibilidad, mediante ascensores o rampas y hacia el final, da un plazo de 180 días para poner al día los edificios actuales.
"La norma del 86 es muy buena, pero esta la actualiza a los tiempos que corren. En el fondo, creo que el problema es el edificio municipal, que no tiene ascensores y que a los discapacitados se les vuelve imposible subir las escaleras", dijo Petri.
Al respecto, Loyola aseguró que la instalación de un ascensor en la comuna es "tema de agenda del Ejecutivo desde 2015", y que a raíz de distintos pedidos particulares, "fue incluido en el Presupuesto. El proyecto para comprarlo está avanzado, aunque es difícil conseguir el financiamiento.
"Esto no es contra Petri -agregó- y la discapacidad nos preocupa a todos, pero en lugar de proponer una ordenanza incompleta, que ni siquiera establece multas o sanciones, lo que debería hacer Petri es una resolución pidiendo al Ejecutivo un informe sobre qué edificios públicos no cumplen con la accesibilidad y a partir de allí, trabajar para que respete la ordenanza que ya existe".
- Pero la ordenanza vigente es de 1986 y en estos 30 años la comuna habilitó edificios públicos que no tienen rampa ni ascensores.
- Es cierto. El problema es que hay demasiadas ordenanzas y a veces no se cumplen, incluso las que están llenas de buenas intenciones. Hay que trabajar para mejorar ese control del municipio -dijo Loyola.
