Nuevamente la validez de las elecciones primarias en el país ha sido puesta en tela de juicio. Un argumento en contra de ese tipo de convocatoria se basa en que ninguno de los espacios anotados para las presidenciales de este año dirime sus candidaturas a través de internas, tal vez la principal finalidad de las PASO en cuanto al llamado al voto obligatorio de la ciudadanía.
En la semana, desde el oficialismo fueron dados a conocer distintos argumentos para plantear que el régimen de elecciones primarias resulta innecesario, pero a lo que más se apuntó es a que se trata de una suerte de gran encuesta de carísimo costo. Encima, sin disputas dentro de cada frente o partido. Es de 4 mil millones de pesos el cálculo aproximado del costo para el Estado nacional de las elecciones del 11 de agosto próximo.
Más allá de los comentarios vertidos, quedó prácticamente de lado toda posibilidad de que las PASO próximas sean suspendidas, puesto que no se trata de una medida que se pueda adoptar por decreto presidencial. Se requiere un acuerdo político para debatir y, eventualmente, modificar la legislación electoral vigente. Eso es muy difícil que se pueda plantear en pleno año de elecciones. Por otra parte, convocar al Congreso para semejante tema en medio de la actividad proselitista hasta podría resultar ilusorio: en lo que va del año, por influencia del clima electoral, el Legislativo nacional sólo lleva a aprobadas 7 leyes.
Por una cuestión de calidad institucional, probablemente la clase política debiese convocarse luego del actual proceso electoral para un análisis serio de la practicidad de las PASO y plantear la continuidad o no del sistema.
Más allá de dicho debate, también hay que buscar argumentos para las críticas en la conducta de los políticos y en el comportamiento de las organizaciones que deben estar comprometidas con el buen funcionamiento del sistema democrático. En medio de múltiples especulaciones y movidas por conveniencia, todos los sectores anotados para la elección presidencial carecen de disputa para dirimir las candidaturas. Entonces, ¿falla el sistema de elecciones o fallan los dirigentes?
Si bien el Gobierno fue el que en estos días tomó la iniciativa de criticar el costo de las primarias abiertas, cabe recordar que ese mismo oficialismo fue el que miró con mala cara que desde distintos sectores de la coalición gobernante se plantease la posibilidad de competir en internas con la fórmula presidencial.
Por otra parte, nuestra provincia, que también adoptó el régimen de las PASO a nivel local, acaba de dirimir las candidaturas de los dos principales espacios para las generales de setiembre con el voto ciudadano. Aquí el sistema tuvo razón de ser.
Por lo tanto, debería realizarse una revisión de los costos y de la eficiencia de este tipo de elecciones. En democracia todo resorte institucional puede ser modificable siempre que sea para garantizar seguridad jurídica y apego a las reglas de juego. Pero en esa revisión, corresponde que muchos políticos revisen su conducta y predisposición.