Una denuncia y una propuesta surgieron del diputado kirchnerista Lucas Ilardo cuando afirmó que había funcionarios del Ejecutivo que debían impuestos y a los que se les podría cobrar por débito automático.
Sus afirmaciones causaron revuelo en más de un ministerio y desde el Ejecutivo rechazaron tanto una como la otra.
La pelea por las deudas de funcionarios públicos fue una de las primeras entre la actual gestión y la anterior, cuando se demoraron salarios de colaboradores de Francisco Pérez por un monto de casi un millón de pesos.
De allí en más Hacienda buscó aplicar una normativa ya existente para que los funcionarios no acumularan deudas.
“Así como el gobernador decidió meter una resolución en enero diciendo que no iba a pagar el sueldo a los funcionarios del gobierno anterior que debieran impuestos, lo que debería pasar es que haga lo mismo con sus propios funcionarios. Como no está sucediendo es que hemos presentado este proyecto de ley para poner solución a este problema”, sostuvo el diputado del Frente para la Victoria.
La iniciativa estipula que los funcionarios sean adheridos al sistema de débito automático de impuestos provinciales al inicio de la función o el empleo público. Además debe contemplarse todo inmueble o mueble registrable que figure en las declaraciones juradas, incluyendo al personal del Ejecutivo, diputados y senadores provinciales.
Desde el Gobierno no demoraron en responder y objetaron que ya existía una legislación, sólo que “no se había aplicado” en la gestión del PJ. El artículo 12 del Código Fiscal establece un sistema de retención que pide notificar a los funcionarios antes de proceder al cobro (si no paga se le retiene) y que se actualiza cada seis meses.
La resolución general 93/15 de ATM da los detalles sobre el procedimiento y estipula que la Tesorería General de la Provincia sea el agente de retención.
Martín Kerchner, ministro de Hacienda y Finanzas, no ocultó su descontento: “Más que hacer leyes habría que procurar hacerlas cumplir. Esa resolución de la ATM está vigente hace mucho y nosotros fuimos los primeros en hacerla cumplir con el descuento de un millón de pesos por las deudas que dejaban los que se iban”.
La diferencia que tiene la iniciativa es la aplicación del débito automático, algo que Kerchner no ve como una posibilidad.
“No puede ser obligatorio. No puede el Estado sacarte dinero si no lo aceptás. La norma actual te notifica, da 5 días y, si no cancelás, procede al descuento por bono de sueldo. Lo otro sería meternos en la caja de ahorro de un privado. La única forma sería a través de su aceptación”, analizó.
Deudas inciertas
Ilardo afirmó más de una vez que no quería dar nombres pero deslizó algunas áreas comprometidas: “Hay funcionarios de primera línea en el gabinete de Justicia, en el de Salud, de Energía, que deben impuestos Automotor e Inmobiliario y hay muchos funcionarios de Mendoza que tienen en su declaración jurada bienes que después no pagan impuestos en la provincia”.
Las carteras mencionadas mostraron su sorpresa. Algunos empleados afirmaban que sus superiores estaban convencidos de tener sus números al día y que estaban en contacto con sus contadores para revisar si algo les generaba una deuda desconocida.
En cuanto a ese punto, la invitación del diputado era revisar el sitio web de ATM para comprobarlo. “Cualquier ciudadano puede ingresar a ATM con el documento, se puede averiguar qué funcionario tiene sus cuentas al día y cual no”, sostuvo.
En efecto, en la sección “Imprimí tus boletos” del sitio web pueden verse boletas de pago con sólo ingresar el DNI de la persona. El problema aquí es que, según afirman en Hacienda, esos boletos se armaron en febrero y no reflejan del todo la situación al día de hoy (tanto si el deudor pagó -total o parcialmente- como si no lo hizo y generó una deuda aún mayor).
Uno de estos casos es el de Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia, quien a principios de este año registraba números rojos en impuestos provinciales. La deuda sigue figurando en el boleto del sitio de ATM pero Los Andes accedió a un bono de sueldo del funcionario donde figura el descuento que se le hizo para saldar lo adeudado.
Kerchner aseguró que los funcionarios de la gestión actual ya habían saldado sus deudas, al menos durante el primer semestre. “A junio están todos al día. La segunda revisión la tenemos que hacer en noviembre. Todos los funcionarios lo saben. Me encantaría que eso lo hubieran hecho en la gestión previa también...”, declaró con ironía.
El proyecto de ley ya está siendo analizado por la Legislatura y, además del autor, cuenta con el apoyo de siete legisladores justicialistas. Antes de finalizar la presentación, Ilardo acotó: “Ahora comenzará el tratamiento en las comisiones y esperamos que el oficialismo acompañe este proyecto. Nos llamaría mucho la atención si no lo hiciera”.
Amenaza de bomba
Una amenaza de bomba obligó ayer a evacuar la Casa de Gobierno y, tras constatar que se trató de una falsa alarma, el personal retomó sus tareas.
Según trascendió, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo en la sede del Poder Ejecutivo, por lo cual se procedió a desalojar el edificio.
La Brigada Antiexplosivos de la Policía de Mendoza, tras revisar las instalaciones, comprobó que se trató de una falsa alarma.
