La exclusión de 21 preadjudicatarios de un barrio del IPV genera polémica entre el Gobierno radical y la oposición peronista.
Se trata del barrio Quinta Boedo, en Luján, que fue entregado a sus dueños el viernes pasado. Pero que cuenta entre sus adjudicatarios a 21 titulares que se incorporaron luego de que el directorio del IPV decidiera remover a un número similar de ex postulantes.
En realidad el listado original de excluidos era de 22, pero a uno de esos preadjudicatarios se lo dejó "por contar con una persona discapacitada en la familia", dijeron en el IPV.
Entre los que salieron hay varios militantes del PJ y ex funcionarios del Gobierno de Francisco Pérez. Esto provocó la reacción de algunos peronistas que renovaron la denuncia de "persecución política", algo que la conducción del Instituto de Vivienda negó.
La explicación la dio el presidente del directorio del IPV, Damián Salamone. “Por una advertencia del Tribunal de Cuentas, hubo que revisar el listado de 88 preadjudicatarios”, indicó el funcionario. “Se detectó que 22 presentaban irregularidades”, añadió.
Entre las irregularidades hay casos de posesión de una o más propiedades (hecho que impide acceder a una casa del IPV). Pero fundamentalmente, la exclusión se debió a que esos 22 aspirantes "no trabajan en el IPV ni son hijos de empleados" de esa institución.
Es que ésa era la condición para ingresar a la operatoria. Al menos era el espíritu definido en 2012, cuando los propios empleados crearon la cooperativa Rucalén Hue.
Los Andes accedió al listado de los "irregulares". Se ve claramente que ninguno trabaja en el IPV. Sí hay empleados de otras dependencias del Gobierno, o en la Legislatura. También hay empleados privados y de comercio.
Pero aquí se ingresa al terreno de la suspicacia política, ya que también hay militantes y funcionarios reconocidos de la gestión anterior. Como el ex director de Ganadería, Juan Manuel Tejada (que aparece con dos propiedades en Catamarca, y figura como co-titular de otra en Córdoba). O el ex asesor de Pérez, encargado de su cuenta de Twitter, Gaspar Contreras. O Roberto Lucero, secretario del ex presidente de la Cámara de Diputados (hoy vicepresidente 1°), Jorge Tanús.
Fue precisamente el justicialista Tanús quien cuestionó la actitud de los radicales. "Hay persecución absoluta a quienes estuvieron en la gestión anterior", dijo. "Está bien sacar a los que tienen propiedades, pero se ha dejado afuera a gente que no tiene casa", añadió.
“No hubo animosidad. De hecho, quienes no tengan casa quedan habilitados para ingresar -si cumplen con los requisitos- para otra operatoria”, destacó Salamone. Otro de sus colaboradores añadió que “entre los que quedaron como adjudicatarios hay peronistas y sindicalistas ligados al PJ”, a modo de justificación.
El criterio anterior
El ex titular del IPV en la gestión Pérez, Omar Parisi, recordó que la decisión de incoporar a los 22 cuestionados se hizo "porque sólo había 66 empleados de planta en condiciones de ser preadjudicatarios y se requerían 88 para el terreno comprado en Luján".
Parisi negó además un criterio militante para seleccionar a los externos. "Ingresaron a través de la cooperativa, como se hace en todos los casos", explicó. Y hasta reconoció que "estar preadjudicado no da derecho a acceder a la casa", lo que significa que el directorio podía hacer los cambios que finalmente ordenó.
En tanto, entre quienes recibieron su casa el viernes pasado, los ánimos están bien. No pocos consideran que el proceso “fue desprolijo”. De hecho, desde Rucalén Hue no quisieron opinar. “Tristemente no tenemos nada para decir. Fue decisión del directorio” se limitaron a expresar.
