El Gobierno Provincial insiste en el ordenamiento del Estado, con una fuerte injerencia en el manejo de las cuentas públicas y estructuración del propio personal. Con la impronta de bajar el gasto estatal, ahora busca la potestad de poder reubicar el personal en otras dependencias sin mayores trabas.
Para eso presentó una medida incluida en el Presupuesto 2019 que establece la posibilidad de asignar a empleados del Poder Ejecutivo "para prestar servicios en otras oficinas distintas a las que pertenecen".
Esta acción, que está presentada en el artículo 47, ya cosechó la crítica de diferentes gremios y también de los partidos de Izquierda, que sostienen que además de ser "inconstitucional", modificaría las condiciones de trabajo.
Desde el Poder Ejecutivo defendieron su iniciativa, y afirmaron que el objetivo es el de crear un sistema simple en el que se permita transferir a un agente a otra jurisdicción manteniendo su salario.
El subsecretario de Modernización, Ulpiano Suárez, destacó que es necesario "dar respuestas a las necesidades de la administración" y sostuvo que en la actualidad hay reparticiones en el Estado que tienen muchos empleados, mientras que en otras falta capital humano.
"Creemos que debemos articular mecanismos para hacer estas reubicaciones, porque hoy el proceso es muy engorroso", acotó el funcionario, y manifestó que la asignación de tareas se debe dar de forma armónica para un óptimo funcionamiento de todas las dependencias del Estado.
Movilidad según la necesidad
Suárez aseguró que hay casos en los que hay personal ocioso en algunas dependencias que podrían hacer falta en otro sector, y destacó que “las tareas serán propias de su clase. Un contador será trabajando como contador y un administrativo lo mismo”.
Además hizo hincapié en que no se afectará el salario del empleado, en caso que este artículo tenga luz verde en la Legislatura.
"Actualmente nos cuesta reasignar tareas porque la principal traba es que en muchos casos, con los diferentes escalafones y convenios colectivos, el traspaso significaba una pérdida salarial. Esto no va a ocurrir con este artículo", dijo Suárez.
El artículo 47 marca que "se deberá garantizar la intangibilidad salarial del agente al momento de la transferencia o adscripción, a través de los mecanismos de liquidación o incluso mediante la creación de ítems o adicionales que se determinen mediante reglamentación".
El Subsecretario quiso tranquilizar la turbulencia: "es lo que se hizo con el empleados de la ex Empresa Provincial Transporte de Mendoza (EPTM), la estabilidad del empleado estatal está asegurada", dijo Suárez.
En ese caso, los trabajadores que no fueron absorbidos por la Sociedad de Transporte Mendoza (STM), pasaron a diferentes dependencias del Poder Ejecutivo, y se les debió crear un ítem de compensación para llegar al salario que tenían en su momento como choferes, ya que en los otros organismos se cobraba menos.
El proceso de adscripción por un tiempo limitado, o el traspaso permanente, deberá ser solicitado por la autoridad competente "con la debida fundamentación y previa intervención de la Dirección General de Recursos Humanos", señala el artículo.
El Subsecretario añadió que será esa oficina de Recursos Humanos la que lleve el control de cuántos empleados y profesiones tiene cada organismo. "Estamos trabajando en el análisis y planificación de la dotación de cada área para determinar la dotación adecuada y poder hacer uso de la movilidad interna en un marco de eficiencia y calidad en el servicio", detalló.
Finalmente, ante la queja de los gremios sobre un "cambio en las reglas de juego", sostuvo que "no hay un derecho absoluto del trabajador para comenzar y terminar su carrera en el mismo cargo. La impronta es ser eficiente y optimizar el trabajo", cerró.
Gremios e izquierda irán a la Justicia
Ante esta iniciativa del Ejecutivo para reubicar personal sin el consentimiento del empleado los gremios estatales declararon que se trata de una medida inconstitucional.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el secretario gremial Joaquín Tolosa, opinó que el Gobierno ha avanzado con una "política de quita de derechos", como la reciente modificación del Régimen Disciplinario. "Creemos que estos temas se deben discutir en paritarias, pero este Gobierno suele tomar medidas autoritarias", declaró Tolosa.
“Se utiliza la cuestión del orden y de la revolución de lo sencillo para modificar las condiciones laborales. Sin dudas es un avasallamiento directo al empleado”, acotó, y adelantó que si este artículo se aprueba, irán a la Justicia.
De la misma manera se manifestó Victor Hugo Dagfal, dirigente del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea), quien opinó que esta modificación "es una maniobra más de persecución al empleado, violando todas las leyes habidas y por haber".
Además resaltó que si bien se mantendrá el sueldo, si el cambio se da hacia un ministerio en el que se cobraría menos, "se cristalizarán los ítems que te daban la diferencia, por lo que luego será licuado por la inflación".
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), el senador Lautaro Jiménez argumentó que se trata de un "atropello a la normativa laboral que establece el respeto de las condiciones de contratación", se quejó.
Asimismo, indicó que este artículo "muestra la prepotencia y el avance del Gobierno sobre los derechos de los estatales", y pidió al resto de la oposición que vote en contra de la medida. No obstante, al igual que ATE y Sitea, adelantó que recurrirán este artículo en la Justicia.
