En campaña se pueden dar las peleas más inverosímiles. La de ahora es por la concesión del Casino de San Rafael, que está en manos de la empresa Casino Club, propiedad del empresario K Cristóbal López. El plazo culmina en octubre próximo y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos ya ha decidido no renovar.
Ayer se votó una ordenanza en el Concejo Deliberante de San Rafael, impulsada por el bloque del PJ, pidiéndole al Instituto que prorrogue al menos por dos años o que lo vuelva a licitar para mantener las fuentes de trabajo.
Las protagonistas de la polémica son la titular del Instituto Josefina Canale y la concejal y precandidata a la vicegobernación Cristina Da Dalt; es la compañera de fórmula de Alejandro Bermejo.
Da Dalt es presidenta de la Comisión de Legislación, Acuerdos, Digesto, Biblioteca y Apelaciones. El despacho de esa comisión, con la firma de Da Dalt, fue al recinto y fue aprobado ayer por el Concejo. Consta de cuatro artículos. En el primero se pide que se prorrogue la concesión a la empresa del detenido Cristóbal López por dos años; en el segundo se indica que, en caso de que no sea posible la prórroga, que se licite por otro periodo; en el tercero de pide la notificación al gobernador Alfredo Cornejo y a la titular del Instituto de Juegos y Casinos.
El guante fue recogido por Canale, quien relató que el contrato de concesión de Casino Club es anterior a la normativa que prohíbe las salas privadas, salvo que sean parte de un hotel de cuatro y cinco estrellas. "Es una concesión 100% privada, distinta a los anexos que tiene el Casino de Mendoza en otras partes de la provincia, allí sólo tenemos fiscalizadores", dijo Canale.
La funcionaria provincial explicó que en octubre del año pasado los concesionarios fueron a pedir la prorroga, pero que "se las negamos porque es consistente con lo que venimos haciendo de cerrar las salas que se puedan cerrar. Además era complicado subirle un activo a Cristóbal López. Un tiempo después López cayó preso".
Los Andes consultó fuentes del Concejo deliberante y se respondió con un comunicado del bloque del PJ: "el bloque de concejales no quiere que 100 personas de San Rafael se queden sin trabajo, porque sería sumar 100 nuevas familias a la pobreza. Ya paso esto hace unos días con la Campagnola en San Martín y La Colina (con 800 empleados) está en una situación gravísima. No nos acostumbremos a que sigan echando gente como si fuera algo normal".
Desde Mendoza, Canale respondió que "dicen que es para proteger las 80 fuentes de trabajo. Ese casino da ganancias por 12 millones de pesos por mes promedio. Eso es lo que le cuesta a San Rafael, porque es plata que se va del departamento a Cristóbal López".
La noticia de que el Gobierno provincial no le renovaría la concesión a Casino Club no es nueva. Hace dos años ya se había informado que la decisión era no renovar, pero recién desde hace un par de semanas, en los medios de San Rafael se agita el pedido de los empleados de que se prorrogue la concesión a la empresa de Cristóbal López.
