Polémica nacional por la nena de Mendoza violada y embarazada

Los casos de las dos nenas violadas y embarazadas, una mendocina y otra salteña, por sus padrastros reavivaron la polémica sobre la aplicación del protocolo nacional de aborto no punible. Mediante un decreto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, adhirió a este procedimiento y habilitó la interrupción del embarazo. Sin embargo, nuestra provincia nunca se sumó a esta normativa ni elaboró una propia.

De todos modos, el decreto de Urtubey llegó después de que la nena (de 10 años) y su mamá ya habían anticipado su decisión de seguir adelante con el embarazo. Lo mismo ocurriría con la nena mendocina de 11 años, que está por comenzar con el quinto mes de gestación.

Ambos casos repercutieron en todos los medios nacionales y en las redes se debatió con fuerza una pregunta compleja ¿Una nena de 10 años está preparada para ser mamá?

"Mendoza: polémica por otra nena que fue violada y va a ser mamá", titula en el portal de TN. "Escándalo por otro caso de una nena de 11 años violada que va a ser madre", dice Clarín. "Otro caso de una nena violada y embarazada, ahora en Mendoza", escribe El Tribuno. La Nación: "Mendoza: una niña de 11 años cursa su cuarto mes de embarazo y sospechan de su padrastro

Un audio develó el drama de la nena mendocinas

El caso local salió a la luz luego de que una docente difundiera un pedido de ayuda para un grupo de hermanos, una de los cuales -una nena de 11 años- está embarazada. Todos están al cuidado de sus abuelos.

Se trata de una nena de once años, que transita un embarazo producto, en principio, de la violación de su padrastro. El caso ocurrió en San Carlos y la niña, junto con sus cuatro hermanos, todos menores, fueron trasladados y dejados al cuidado de sus abuelos, que viven en una zona rural, en el límite de Junín y Rivadavia.

Vieja deuda

Él Código Penal establece que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios (artículo 86, segundo párrafo, inciso 1º). Por otra parte, lo contempla en caso de embarazo consecuencia de una violación o de un atentado al pudor sobre mujer idiota o demente (artículo 86, segundo párrafo, inciso 2º).

Lo controversial del tema ha dejado en vilo durante mucho tiempo su aplicación, que se ha hecho de manera relativa. Pero en 2012, la Corte Suprema de la Nación -a raíz de un fallo (caso F.A.L.)- hizo una interpretación de este artículo: y determinó que no es punible la interrupción del embarazo tras una violación y que su realización no necesita de una autorización judicial ni de denuncia policial previa.

La mujer que solicite el aborto sólo deberá efectuar una “declaración jurada”.Los jueces supremos fueron firmes y claros al precisar las condiciones básicas que debe garantizar el Estado para la interrupción legal del embarazo.

Por aquel entonces, la Provincia intentó avanzar en la elaboración de un protocolo para dar un marco procedimental, pero el paso por la Legislatura dejó el proyecto a medio camino: se aprobó en Diputados pero quedó varado en Senadores.

Nora Schulman (Comisión Argentina de Seguimiento de los Derechos del Niño): "Se les debe permitir optar por el aborto terapéutico"

Un embarazo producto de un abuso afecta tanto la salud física como mental de la niña o adolescente. El problema es que, en muchos casos, pasa el tiempo, la gestación avanza y no le permiten acceder a un aborto terapéutico, como contempla la ley en estos casos. Lo que suele ocurrir es que después le quitan al bebé para darlo en adopción, porque no está en condiciones de criarlo.

Lo fundamental para evitar estas situaciones -también se han incrementado los embarazos adolescentes como consecuencia de abusos- es comenzar con educación sexual integral desde el nivel inicial, a partir de nociones sobre el cuidado del propio cuerpo, para que los chicos aprendan que nadie los puede tocar. Hay leyes nacionales y provinciales en este sentido que no se aplican y Mendoza está bastante atrasada en su implementación.

Pero también se debe considerar que el abuso es un delito gravísimo contra la integridad sexual y que el agresor debe ser castigado con todo el peso de la ley; algo que no siempre ocurre. El abusador, cuando es detenido, recupera la libertad en pocos años y la niña queda con el estigma para toda su vida.