Amnistía Internacional (AI) abrió la polémica: le envió al presidente Mauricio Macri una carta con duras críticas al proyecto de ley del Gobierno de Libertad Religiosa, que ya empezó a tratarse en la Cámara de Diputados. Al encender la alarma sobre uno de los aspectos de la iniciativa, la objeción de conciencia, esta organización no gubernamental señaló que “un docente podría negarse a impartir una clase sobre la teoría de la evolución por encontrarse en pugna con su creencia religiosa” y que “un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos”.
La norma en debate, entienden, supone una regresión en un país en que conviven en armonía los credos y que puede hacer gala ante el mundo de la tolerancia y la diversidad.
En diálogo con Los Andes, diputados macristas y kirchneristas le restaron importancia a la alerta de AI y resaltaron, en cambio, que es imperioso modificar la ley 21.745, que establece el Registro de Cultos -el otro aspecto importante de la propuesta-, porque éste se encuentra en vigor desde la última dictadura y porque los distintos credos del país necesitan ser jerarquizados a la altura de la iglesia Católica Apostólica Romana.
El debate parlamentario promete ser escabroso y con final incierto. Por eso, tanto desde el oficialismo como la oposición decidieron parar la pelota: a la comisión de Culto, que preside la macrista Cornelia Schmidt-Liermann, serán invitados a exponer no solamente los líderes de los cultos de la Argentina, sino también constitucionalistas y filósofos. “Nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario”, dijo la diputada del PRO, para afirmar que aunque la ley fue pedida por la Casa Rosada no se exigieron plazos para su aprobación.
De los 43 integrantes de la comisión de Culto de Diputados, una de las más numerosas junto a la de Presupuesto, cinco formarán una subcomisión que se encargará de debatir específicamente esta ley, firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la excanciller Susana Malcorra (estaba en funciones al momento de la redacción del texto).
El objetivo es elaborar un predictamen para llevarlo al pleno de la comisión. Pero AI ya expresó en su carta al Presidente de la Nación su “alarma y preocupación”. “Una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos”, señaló, entre otros ejemplos de sus consecuencias regresivas.
AI sostuvo que “este texto, lejos de tender a fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos, busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos de las personas y lo público”.
La polémica surge del artículo 7 del proyecto, que establece que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”, incluyendo a los funcionarios públicos. Esto, a criterio de la AI, constituye un “retroceso sustantivo porque revierte la excepcionalidad del instituto de la objeción de conciencia, pasando ésta a ser casi la regla”.
“El Gobierno manda un proyecto que es una caja de pandora, porque empiezan a surgir discusiones de índole constitucional. La objeción de conciencia es un asunto sumamente delicado y hay fallos de la Corte que la contemplan pero con restricciones. Este proyecto puede afectar los derechos de creyentes y no creyentes. La objeción de conciencia está concebida en el texto casi como para dejar eximido al funcionario público de cumplimiento de sus obligaciones”, dijo a Los Andes el diputado kirchnerista Guillermo Carmona.
El legislador por Mendoza, vicepresidente de la comisión de Culto, sostuvo que “el tema debe debatirse sin las celeridades que inicialmente mostró el oficialismo en la comisión” y con “un abordaje integral, donde la perspectiva constitucional esté muy presente”.
Por su parte, la macrista Schmidt-Liermann admitió que la ley “no consagra ningún derecho nuevo, sino asegurar los que establecen los artículos 14 (‘todos los habitantes de la Nación (...) podrán profesar libremente su culto’) y 19 (‘las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’)”.
“Con este proyecto el principal objetivo es distinguir cuáles son los cultos y cuáles son los chantas. Para ello, se modifica el Registro de Cultos y el control será ejercido por la Secretaría de Culto de la Nación. Es una forma de terminar con la chantada política. Algunos políticos usaron cultos religiosos para juntar fondos”.
Qué dice el proyecto
El proyecto de Ley de Libertad Religiosa que envió el gobierno de Macri al Congreso es una “iniciativa que busca consagrar una protección más completa de este derecho fundamental, adecuando la legislación en la materia a los estándares internacionales y respondiendo así a un reclamo histórico, permanente y justo de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas no católicas”, según sus fundamentos.
Sus dos aspectos fundamentales son la objeción de conciencia y la modificación del Registro de Cultos, en el que se inscriben todas las organizaciones religiosas que ejerzan sus actividades en el país que no integren la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ya tiene su propio estatus jurídico consagrado desde la Constitución de 1853. La inscripción en el nuevo registro que se crea implicará el reconocimiento de la personalidad jurídica privada que establece el Código Civil y Comercial de la Nación.
Pero el proyecto, además, proclama de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia de las personas y de las instituciones, el punto más polémico. Se argumenta que junto con este derecho se establece el deber de “adecuación razonable”, que es una garantía para los trabajadores de no verse forzados a laborar días incompatibles con sus creencias o bien realizar prácticas que violenten las mismas.
El artículo 7 establece que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción religiosa o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”, pero que “el objetor deberá ofrecer la realización de una prestación sustitutiva que permita en lo posible equilibrar las cargas públicas”.
