En Mendoza hay cerca de 1.000 cooperativas de trabajo, y 700 de ellas comenzaron el año pasado con un proceso de actualización de datos -o un censo que ordenó el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) por medio de la Resolución 2.432- que debía concluir en mayo. Ahora, el organismo resolvió (Res. 1864/2019) sumariar a todas las entidades que no hayan cumplido con la actualización del legajo y les retirará provisoriamente la matrícula hasta tanto cumplan.
En total, hay más de 500 cooperativas en riesgo, entre las que iniciaron el trámite y todavía no lo terminan, y aquellas que nunca se sumaron al censo nacional. "En Mendoza, de las 1.000 cooperativas activas, 700 poseen matricula nacional y las 300 restantes están en proceso o no la han tramitado. De esas 700, han completado el trámite de re empadronamiento y creación del registro multipropósito el 60%", explicó Gustavo Calle, director de Cooperativas.
Igualmente, señaló que todavía no se ha suspendido a ninguna organización. “Del 40% restante estamos notificando a las entidades y prestando asesoramiento en la dirección para que cumplan”, agregó.
Censo cooperativo
La Resolución 2.432 del Inaes implicó que las cooperativas tuvieran que completar una serie de datos en la plataforma de trámites a distancia del Estado Nacional. "Con esta información, lo que se hace es crear lo que ellos denominan un legajo multipropósito, que no es más que la historia clínica de los organismos (balances, estatutos, reglamentos, autoridades)", comentó Calle.
La actualización de datos, o censo finalizó en mayo, y en septiembre se conoció una nueva normativa del organismo que apunta a que todas las entidades que no hayan completado el registro lo hagan, o de lo contrario serán sumariadas.
"El proceso está abierto. Entran a la página de la AFIP con la clave fiscal de quien esté vinculado a la cooperativa (generalmente es el presidente), y seleccionan "trámites a distancia" y ahí suben toda la información (escaneo de actas y estatutos). Principalmente las que tienen actividades financieras, o que realizan préstamos, vienen desde hace tiempo utilizando esta modalidad", agregó el director de Cooperativas.
De acuerdo con el funcionario, si la entidad no cumple se le retira la matrícula y después de un tiempo se le realiza un sumario.
De acuerdo con Calle, ambas resoluciones responden a un a necesidad de contar con información estadística prolija y ver qué entidades funcionan y cuáles no, ya que desde el 2010 hasta la fecha se registraron en todo el país 20.000 nuevas cooperativas, mayormente vinculadas a planes sociales, o programas estatales, muchas de las cuales duraron muy poco o no funcionaron. "Se busca no generarle un prejuicio a los asociados de las cooperativas, porque se trata de una persona jurídica, estatutariamente obligada a cumplir obligaciones", explicó el funcionario.
El director señaló que se detectaron deudas grandes en AFIP porque no presentaban las declaraciones juradas correspondientes.
Fondo cooperativo
El sistema cooperativo argentino funciona, en parte, gracias a un fondo (Res. 23.427) para "educación cooperativa", por el que los organismos inscriptos bajo esta modalidad deben aportar el 2% del patrimonio computable, o neto, una vez por año a la AFIP.
Dicha contribución se realiza por medio del Formulario 369, y el dinero que se recauda va a Nación, desde donde luego se coparticipa un porcentaje a las provincias. Mendoza recibe unos $ 700.000 por dicho concepto, destinado a pagar ayudas al sector (subsidios, financiamientos, capacitaciones), y contribuye al financiamiento de la Dirección de Cooperativas.
Ordenaron la suspensión de la entrega de La Terre
La situación procesal de la Cooperativa La Terre, ex Industrias Matas, está en suspenso. La Cámara de Apelaciones en lo Civil hizo lugar a la apelación presentada por los trabajadores y se suspendió la entrega de posesión de las instalaciones hasta tanto se resuelva definitivamente el conflicto, o pase a otra instancia judicial.
Según explicó Carlos Ferro, representante de la cooperativa, el objetivo final es que no se apruebe la subasta y que se le de a los trabajadores la posibilidad de presentarse nuevamente como oferentes.
"Se ha dado vista al adquirente para que ejerza su derecho de defensa y en 20 o 30 días deberíamos tener una respuesta. La Cámara es la segunda instancia, previa a la Corte.
Por otro lado, la cooperativa apeló una resolución referida a las mejoras e inversiones que habían hecho y esta semana se presentó un detalle con documentación respaldatoria para que la jueza resuelva si la considera", comentó Ferro. A esto agregó que para dichas mejoras se invirtió una suma que supera los $ 10 millones.
En tanto, los miembros de la cooperativa siguen en producción, tal y como lo ordenó la Justicia, porque tienen compromisos asumidos con anterioridad a la venta.
De igual manera, Daniel Sauretti, presidente de la Cooperativa La Terre, señaló que en setiembre, cuando se presentaron el comprador y los síndicos (encargados de auditar el proceso de quiebra) para completar el acto de toma de posesión, lo hicieron sin previo aviso, y pese a que ya había sido presentada la apelación en la cámara.
"El problema se dio cuando estábamos trabajando. Nunca nos dijeron que dejáramos de trabajar, pero no podemos seguir así. Tenemos derechos adquiridos acá, por todo el tiempo que hemos trabajado, el dinero invertido y las cosas que hemos hecho", consideró Sauretti.
Los conflictos de La Terre por la ex Matas no son nuevos, la fábrica fue subastada en al menos tres oportunidades por la Justicia, con una base que pasó de $ 45 millones a los $ 25 millones en los que se concretó la venta.
