En su reciente visita a Mendoza para inaugurar la V Conferencia Nacional de Jueces, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo una muy fuerte advertencia sobre lo que debe entenderse por atribuciones del Poder Judicial ejercidas siempre al margen de toda presión política o sectorial.
El doctor Ricardo Lorenzetti, en primer lugar, mandó un claro mensaje: “Desde ya avisamos que no vamos a ceder a ninguna presión. La gente tiene que tener la tranquilidad de que (en un caso judicial) el juez va a escuchar a una y otra parte, va a ver las pruebas y a aplicar la ley esté quien esté por delante”.
Luego, el alto magistrado remarcó conceptos docentes para dirigirse a los pares que lo escuchaban: “El juez tiene que aplicar sentencia utilizando el principio de la imparcialidad. No importa quiénes sean las partes, si una persona débil o una persona fuerte y si la persona fuerte es un grupo económico o es el Estado o el poder político”.
El doctor Lorenzetti se manifestó en Mendoza en medio de una semana dominada por el debate relacionado con la Ley de Medios y después de haber tenido que soportar la Corte inusitadas presiones del Gobierno nacional. En efecto, con la intervención del ministro de Justicia, el Ejecutivo nacional pidió que el máximo tribunal se avocara a resolver las diferencias existentes en el Consejo de la Magistratura por la designación de jueces, haciendo foco, obviamente, en un magistrado clave a raíz de la esperada resolución del planteo de inconstitucionalidad efectuado por el grupo Clarín a dos artículos de la referida norma.
Como era de esperar, la actitud del Gobierno cayó muy mal entre los miembros del alto tribunal, que, además, habían terminado de ratificar por amplia mayoría a Ricardo Lorenzetti en la presidencia del cuerpo, lo que se interpretó como una clara señal hacia afuera de la Justicia de que la Corte quiere mantener en esa función a quien mejor interpreta la tensa relación política existente.
Además, no se podía prever otra reacción de los jueces de mayor rango nacional si tenemos en cuenta que la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para oficiar de mediadora o imponer decisiones sobre el Consejo de la Magistratura, ámbito en el que se debe aceptar el libre juego de mayorías y minorías políticas. La cobertura de las vacantes judiciales fue delegada por la Corte en las cámaras de apelaciones y todo indica que no es intención de sus miembros cambiar esa línea de acción.
Se debe efectuar una lectura detallada de estos hechos. En primer lugar, tener en cuenta que en su desmedida disputa por la aplicación de la Ley de Medios, el gobierno nacional ha colocado a nuestro país en la mira internacional por las limitaciones a la libertad de expresión. Esto se ejecuta mediante acciones directas, como la pretendida influencia en el Consejo de la Magistratura, o en el uso alevosamente partidario de la pauta publicitaria oficial.
En segundo lugar, y en lo que tal vez constituya un hecho de mayor gravedad institucional, el kirchnerismo gobernante ha hecho del sometimiento a otros poderes del Estado una herramienta de fácil utilización a la hora de imponer sus políticas. Un ejemplo lo tenemos en el Congreso, donde la mayoría parlamentaria derivada del voto popular pierde legitimidad y se desvirtúa por el sistemático silenciamiento de las minorías que lleva a cabo el kirchnerismo. Uso y abuso del poder.
Posiblemente, los hechos descriptos estén reflejando intenciones del Gobierno nacional de convertir al Poder Judicial en un mero apéndice suyo. Es por ello que todos los mecanismos de defensa de la división de poderes emanada de los jueces deben merecer el espontáneo y categórico respaldo del grueso de la sociedad.
En síntesis, el doctor Lorenzetti hizo pública la angustia que viven los jueces por el accionar de un poder político insaciable. La República merece que la ciudadanía avale esa autonomía, más allá de las falencias y limitaciones tradicionales que se le puedan atribuir a la Justicia, que son motivo de otro abordaje.
