Los diálogos para la instauración de nueva Constitución que reemplace a la que se mantiene vigente en Chile desde la dictadura de Augusto Pinochet se cerraron con una escasísima participación, pese a lo cual el gobierno se declaró satisfecho.
Impulsado por el gobierno de la socialista Michelle Bachelet, los llamados “diálogos ciudadanos” terminaron el sábado con cabildos que se realizaron en todas la regiones de Chile, después de los realizados a nivel provincial y una fase de encuentro locales auto convocados.
En todos ellos la participación ciudadana fue escasísima, poniendo en dudas el real interés de los chilenos por cambiar la Constitución que se mantiene vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En total, en todas las instancias del proceso participaran unas 230.000 personas sobre un universo estimado de 14 millones. “Es un fracaso en el sentido que no se lograron las expectativas en términos de volumen de participación”, dijo el politólogo de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales.
El gobierno, no obstante, se declaró conforme con los niveles de participación: “Estamos satisfechos. Nos parece que son cifras que dan cuenta que en este país no solamente hay ganas de participar, sino que también hay compromiso y voluntad”, dijo el portavoz oficial Marcelo Díaz.
“¿Cómo van a encontrar que es bueno un proceso si el 99,5% de la población no participó”, se preguntó el legislador opositor, Juan Antonio Coloma.
Ahora, las conclusiones de los diálogos serán condensados en un texto que la presidenta Michelle Bachelet llevará al Congreso, junto a una nueva ley que permita una reforma de la actual Constitución, que no establece mecanismos de modificación.
Si se aprueba, será el próximo congreso -que arrancará en marzo de 2018- el encargado de decidir la forma en que se reformará la Constitución de Pinochet. Si lo rechaza, los resultados de los diálogos serán archivados.
El gobierno de Bachelet tiene un frágil mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero necesita de algunos votos de la oposición para hacer avanzar la reforma.
Poco margen
Siguiendo una promesa de campaña, la presidenta socialista chilena Michelle Bachelet se comprometió a cambiar la Constitución que en 1980 estableció la dictadura de Pinochet, en el marco de otras complejas reformas sociales.
“La actual Constitución tuvo su origen en la dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría”, dijo Bachelet al lanzar el proyecto de reforma en octubre del año pasado.
Pero el destape de un caso de eventual corrupción que involucra a su hijo mayor y a su nuera, y que derribó su popularidad, le dejaron poco margen a Bachelet para impulsar una reforma Constitucional.
El escaso apoyo popular al proceso de diálogo echó por la borda el objetivo del gobierno de presionar por esta vía a los legisladores para que aprueben el mecanismo de reforma.
“Como el proceso de diálogo no fue revestido de legitimidad social, al gobierno le va a costar instituirlo como pretendía como una instancia de presión para los legisladores”, dice Mauricio Morales.
Bachelet reconoció una crisis de "desconfianza"
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirmó ayer que en su país “hay una crisis de desconfianza pero no de institucionalidad”, en respuesta a lo que declaró hace algunos días el ex mandatario socialista Ricardo Lagos (2000-2006) de que se vive “la peor crisis política e institucional” desde el retorno a la democracia.
“Hay una crisis de confianza, pero no una crisis de institucionalidad porque en Chile las instituciones están funcionando. Saben que el ojo del ciudadano está puesto sobre ellas”, apostilló la jefa del Estado en declaraciones a Radio Cooperativa.
La mandataria reconoció que “sí hay crisis de confianza y eso tiene mil razones y nosotros estamos haciendo todo lo posible para que eso pueda (superarse) y tal como aquí se ha dicho hay que trabajar todos juntos para lograr que los chilenos tengan mayores confianzas en sus liderazgos, en sus instituciones”.
El pasado 28 de julio, Lagos, integrante de la Concertación que gobierna en Chile, igual que Bachelet, aseguró que su país vive “la peor crisis” política e institucional de su historia. “Creo que es la peor (crisis) que ha tenido Chile desde que tengo memoria.
Dejo aparte, por cierto, el quiebre de nuestra democracia el año 1973, cuando el país se dividió en dos. Hablo exclusivamente en términos de legitimidad”, aseveró Lagos en una entrevista con el diario La Tercera.
Días después trató de suavizar sus palabras al afirmar que “todos estamos cuestionados y somos todos responsables, porque hay un distanciamiento entre los ciudadanos y la dirigencia, y no es responsabilidad del gobierno de turno”.
Las declaraciones del ex mandatario se producen en un contexto general de desconfianza ciudadana y deslegitimación de las autoridades del país.
Bachelet también se refirió a las próximas elecciones municipales que se realizarán en Chile en octubre al señalar que “sería un aliciente” que la ciudadanía acuda en masa a las urnas.
“Si hay harta participación, quiere decir que la gente siente que vale la pena ir a votar y que se recupere un poquito (la confianza)”, afirmó Bachelet y agregó “nos hace bien como país”.
Télam
