En la década pasada, el populismo instaló la falacia de la "energía barata". Hasta algunos fantasearon en convertirla en otro "bien público gratuito", como si el festival de subsidios para financiar el costo de los servicios de gas y electricidad fuera un regalo del cielo.
Los subsidios indiscriminados que llegaron a representar entre el 80% y el 90% de los costos de los servicios los teníamos que pagar con el bolsillo de contribuyentes de impuestos o con el deterioro del salario vía impuesto inflacionario.
Por supuesto, como en toda ficción económica, había vivos que usufructuaban de la "energía barata" y eludían el pago de los subsidios evadiendo impuestos o protegiéndose de la inflación.
Por eso, como lo han probado varios estudios, la "energía barata", subsidiada con impuestos e inflación, redistribuyó riqueza a lo "Hood, Robin", beneficiando más a los ricos que a los pobres.
La recomposición de las tarifas de gas y electricidad, con los costos políticos que implica, tiene como objetivo reducir subsidios generales e indiscriminados para que los distintos usuarios de los servicios paguen en su tarifa los verdaderos costos económicos del servicio (que antes también se pagaban con un mecanismo que promovía inequidad e injusticia social).
La recomposición tarifaria tanto en electricidad como en gas natural ha sido gradual porque las distorsiones entre precios y costos eran gigantescas.
En 2017, el precio de la electricidad mayorista que recibieron todos los consumos menores a 300 kw de potencia tuvo un subsidio del 49% del costo promedio.
Con los últimos aumentos que exhiben las actuales tarifas eléctricas y los previstos para el nuevo año en curso, el objetivo es reducir ese subsidio al 18%.
En gas natural, en función de un sendero de precios explicitado en audiencia pública, los usuarios residenciales y comerciales todavía reciben un subsidio de 38% del costo económico (75% para la Patagonia, La Pampa, Puna y Malargüe).
De cumplirse el cronograma para 2018, se terminará con un precio del gas subsidiado en alrededor de un 23% (67% para la Patagonia). En 2017 los subsidios corrientes para el sector energético fueron de $ 126 mil millones, 40% menos que los de 2016. Los subsidios totales (corrientes y de capital) alcanzaron los $ 151 mil millones, 35% menos que el año anterior.
Es decir, todavía hay un tramo a recorrer para terminar con los subsidios generales e indiscriminados. La contracara de la eliminación de los subsidios indiscriminados a la energía, en un país con índices de pobreza que alcanzan al 30% de la población, es desarrollar políticas específicas para paliar la vulnerabilidad energética e incluir a los pobres de la energía.
De las 14.500.000 viviendas registradas en el país, unas 8.700.000 se encuentran conectadas a la red de gas natural y un 98% se encuentran conectadas a la red nacional de energía eléctrica.
Lo primero a destacar es que las políticas de recomposición tarifaria que eliminan gradualmente subsidios generales e indiscriminados, han creado concomitantemente subsidios focalizados a través de una tarifa social.
Los usuarios de energía eléctrica y gas natural, que por indicadores socioeconómicos acreditan inconvenientes económicos para afrontar el pago de los servicios, son asistidos mediante el pago de una tarifa reducida.
Hay 4,1 millones de hogares a lo largo y a lo ancho de la Argentina con una tarifa social eléctrica subsidiada. Existen 2 millones de hogares con una tarifa social de gas natural subsidiada.
Como son subsidios focalizados y los beneficiarios están conectados a una red, el seguimiento del padrón de inscriptos para incorporar excluidos que deben estar y separar casos de abusos que los debe haber, no ofrece mayores complicaciones.
Pero los pobres de los pobres de la energía puede que en algunos casos estén colgados de la red eléctrica, pero es seguro que no tienen acceso a la red comercial de gas. Para sus necesidades energéticas básicas consumen gas licuado en garrafa o leña.
Durante los años de populismo energético el precio del metro cúbico de gas licuado en garrafa estuvo entre 3 y 6 veces más caro que el de gas natural (en unidades calóricas equivalentes).
Con el tiempo se los trató de compensar con una garrafa social de precio subsidiado que era muy difícil de conseguir. El programa mutó a un Plan Hogar, que hoy alcanza alrededor de 3 millones de familias, por el que los beneficiarios reciben un subsidio en pesos que paga parte del precio de la garrafa que debe conseguirse en los circuitos habituales de comercialización.
Un estudio del Minem da cuenta de la vulnerabilidad de estos pobres de la energía. Parte de este universo podría mejorar su condición si se pudiera conectar a la red de gas (unos 300.000 hogares) y recibir la correspondiente tarifa social. Otra parte de potenciales beneficiarios no está en el universo y hay que localizarlos (dispersión, falta de domicilio).
Finalmente hay otros que están registrados pero pierden su condición por la precariedad de su situación (mudanza, falta de documentación). La inclusión energética para luchar contra la pobreza debe dar prioridad a estos compatriotas.
