La publicación en nuestro diario, el domingo 2 del corriente, de un informe sobre la pobreza en Mendoza, ha generado una discusión sobre las metodologías y la información utilizada para “medir la pobreza”, un tema que siempre da lugar a interminables discusiones académicas y políticas. Sin entrar en ellas, es necesario precisar algunos conceptos sencillos que se usan habitualmente en nuestro país sobre este asunto de importancia.
En general, las mediciones relacionan el costo de una canasta de bienes con el ingreso de los hogares. Habitualmente la canasta se divide en dos: una, que incluye sólo los alimentos, denominada Canasta Básica Alimentaria (CBA), con la cual se determina lo que se denomina “línea de indigencia”, esto es cuando el ingreso de los hogares o las personas no alcanzan para cubrir ese gasto. La otra incluye, además de los alimentos, el resto de los gastos de la familia como indumentaria, transporte, salud y se la denomina Canasta Básica Total (CBT) y determina la “línea de pobreza”. Cuando los ingresos de la familia o las personas no alcanzan para adquirir esa canasta son considerados pobres. Estos son los denominados criterios objetivos de medición de la pobreza y la indigencia. Hay otros criterios denominados subjetivos. En general se trata de cómo una familia o una persona se percibe a sí misma respecto de un grupo de referencia. Obviamente esta perspectiva es mucho más compleja y no existen datos al respecto.
El problema que tenemos en nuestro país es que desde que se destruyó el Indec, hace ya siete años, y se falsificaron los índices de precios, no tenemos datos oficiales aceptables para analizar el problema, como reconoce el propio Gobernador. Pero veamos qué hay. La información dada por Los Andes proviene del Observatorio de la Pobreza del Cippes, al igual que otros estudios. Éste toma los ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que trimestralmente releva el Indec. Para estimar el costo de las canastas se ha basado en el Índice Barrial de Precios que desde hace tiempo releva, en distintos lugares del país, un grupo de ONG. Con estos datos el Cippes dice que en Mendoza, en el primer semestre, la pobreza habría llegado a 36% y que a fines del año pasado habría sido de 26,3% y la indigencia de 4,1%.
Ante la falta de datos oficiales sobre este grave asunto, hace ya varios años que se considera que el relevamiento técnico más serio es el que realiza el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). La importancia de este estudio radica en dos aspectos: por un lado, para la estimación de los ingresos de los hogares no se basa en la EPH sino que realiza su propia encuesta. Para determinar el costo de la canasta utiliza varias fuentes, no oficiales, de las cuales obtiene un índice de precios. Hace unos meses, la UCA publicó un informe que abarca el período 2010-2013 y compara sus datos con los del Indec. Para fines del año pasado la UCA tiene, para CBA, un valor 150% superior al Indec y para la CBT, 132% más alto. Con esos datos para fines de 2013 la tasa de pobreza para todo el país era de 27,5% y la indigencia de 5,5%. Como puede advertirse, datos muy similares a los del Cippes para esa fecha. En una economía con 40% de inflación y una recesión que se agudiza ¿quién puede dudar de que la situación se ha agravado?
Pero lo que importa no son porcentajes más o menos. Lo importante es preguntar por qué, después de una “década ganada” y cientos de miles de millones de pesos dedicados a programas sociales estamos igual, o peor, que al principio.
Lo que debe abordarse con seriedad, y sin enojos, son las causas de la pobreza y la eficacia que han tenido las políticas que se han aplicado.
La pobreza es un fenómeno complejo que debe encararse con criterios técnicos. Lo que se ha hecho aquí es un vil aprovechamiento político de la misma y aplicar políticas que la perpetúan en beneficio de una oligarquía gobernante. Observatorios y observadores sobran; funcionarios capaces de encarar el problema, faltan.
