Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
Cuando el Indec dio a conocer las mediciones de pobreza e indigencia del primer semestre comenzaron a aparecer voces de todo tipo, mientras otros, conscientes de su responsabilidad, optaron por esconderse.
Un índice de pobreza del 32,2% es muy malo, habla de un país pobre, pero vale aclarar que la medición es solo sobre niveles de ingreso y no sobre niveles de vida. Si a estos le agregamos disponibilidad de agua potable y cloacas, acceso a la educación y la salud, disponibilidad de una vivienda digna, el número probablemente supere al 50% de la población.
Pueden discutirse varias teorías acerca de las razones por las que se llega a este número, que ya venía siendo anticipado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad católica Argentina, pero lo cierto es que hay carencias de todo tipo que requieren poner manos a la obra, pero también es vital desmantelar redes distorsivas que se vienen acumulando hace muchos años.
Con estos datos, muchos sectores que se dicen progresistas reclaman medidas urgentes, pero son los mismos que piden que salida sea gradual. O sea, piden medidas gradualistas, pero soluciones de shock, algo bien típico de populistas disfrazados de progresistas.
Ordenar la acción
Uno de los problemas es ordenar los esfuerzos porque estos niveles de pobreza llegan con ingentes gastos del Estado apuntados como “gasto social”.
En realidad, cuanto más gasto social hay más pobres, con lo cual uno puede inferir que la aplicación del gasto es incorrecta. En algunos casos porque las acciones no son efectivas y, en la mayoría de los casos, porque el grueso del gasto social es para pagar los sueldos y gastos de la burocracia de la pobreza.
En casos de urgencia, como los que presenta la indigencia o pobreza extrema es razonable recurrir a medidas asistencialistas por razones humanitarias. Pero no basta con eso, ya que el asistencialismo no puede ser la forma de vida. Debe complementarse con acciones que cubran falencias alimentarias, de salud, de educación y atender a las condiciones de vida.
Pero un tema fundamental es ordenar los recursos, y para ello hay que trabajar rápidamente para eliminar los subsidios que reciben los grupos de clase alta y media que se esconden detrás de los pobres para recibirlos. Los de los servicios públicos son un ejemplo claro y no sabemos aún cómo se resolverán los cuadros tarifarios pero sería deseable que no se destinen más subsidios a los que no los necesitan.
El pobre más grave pasa por la creación de empleos privados, ligados a la inversión. Argentina hace 4 años que no crea empleos en el sector privado sino que los ha ido destruyendo lentamente en la medida que aumentaba el gasto público de una forma demencial.
Pero la creación de empleos estará ligada a las inversiones y, estas, a la utilización de modernas tecnologías. El problema grave es que la mayoría de las personas que están en situación de pobreza o indigencia tiene serias carencias educativas y formativas. Una acción imprescindible es trabajar en la capacitación de estas personas para devolverles condiciones de empleabilidad.
Y en esto deberían comprometerse tanto empresarios como sindicatos. Ya es hora de dejar de lado vivir con hipótesis de conflicto en forma permanente y pasar a trabajar en una alianza estratégica. Elisa Carrió ha dicho la cifra de desempleo es una “tragedia moral” y realmente la sociedad no parece darse cuenta. Todos quieren seguir recibiendo dádivas del Estado, mientras le exigen solucionar estos temas.
Otro punto a contemplar debe ser el del costo laboral. Este costo, muy elevado, se transforma en una barrera para la creación de nuevos empleos y toda la protección que tienen los trabajadores en relación de dependencia en una especie de privilegio respecto de los que buscan trabajo o se ven llevados a emprender actividades individuales, donde el Estado mismo sale a perseguirlos sin contemplación.
Competitividad y las distorsiones
La pérdida de competitividad es una de las principales causas que expulsó gente a vivir en la pobreza e indigencia y hoy vemos que hay una gran cantidad de distorsiones que están representadas por privilegios que reciben diversos sectores. Ninguno quiere desprenderse de ellos y todos ven como una solución devaluar la moneda, que es más rápido y sin cambiar nada.
Pero una gran devaluación llevaría más gente a la pobreza e indigencia y mantener las distorsiones impediría bajar la inflación y, con ellos, solo mantendríamos la situación actual, empeorando día a día. El único camino pasa por eliminar las distorsiones, representadas por regulaciones, subsidios e impuestos.
Uno de los grandes problemas que aquejan a las economías regionales son los costos de la logística, es decir, transporte, almacenamiento y distribución. Y aquí se juntan varias distorsiones que se podrían corregir para bajar estos costos y mejorar las condiciones de competitividad.
Una consideración especial debe llevar el costo laboral del transporte. Los niveles salariales están más relacionados con la capacidad de daño de los sindicalistas que de una real valoración. Lo único que lo sustenta es contar con el monopolio del transporte, ante la desaparición del ferrocarril como competencia válida.
En este caso es relevante recordar que el Estado está subsidiando el precio del petróleo, reconociéndoles a las empresas 65 dólares por barril cuando el precio está en 45 dólares. A su vez, los combustibles, impactados por este valor, tienen un fuerte impuesto, el ITC (Impuesto a la transferencia de Combustibles), además del IVA y otros impuestos provinciales y tasas municipales.
Si se toma el precio real y se baja a la mitad el ITC que grava al gasoil, se conseguiría poder bajar una parte de del costo de transporte. De la misma manera el Estado podría bajar o eliminar los impuestos internos que gravan a los vehículos de carga así como a los neumáticos.
Este es un simple ejemplo, pero ahora vienen los problemas. El Estado nacional tiene muchos gastos y no quiere sacrificar ingresos. Las provincias y municipios, que reciben coparticipación de estos impuestos, tampoco quieren sacrificarlos porque tienen niveles de gastos insoportables y las provincias petroleras no quieren disminuir regalías.
Como se puede ver, hay una notable cara de hipocresía y, porque no, de cretinismo en quienes se rasgan las vestiduras pero no están dispuestos a hacer nada útil para que los pobres dejen de serlo o recuperen la oportunidad que alguna vez la Argentina tuvo, de la movilidad social ascendente. Hoy la pobreza está cristalizada, es fácil entrar en ella pero caso imposible salir.
El único camino es cambiar el enfermizo sistema en el que estamos atrapados hace más de 60 años.
