El gobernador Alfredo Cornejo impulsa el nombramiento de una magistrada en uno de los juzgados penales colegiados del Gran Mendoza. Se trata de Érica Patricia Sánchez, quien actualmente es conjueza en el segundo juzgado penal colegiado.
El pliego ya fue remitido a la Legislatura para que el nombramiento obtenga el acuerdo del Senado. Actualmente el trámite está en la etapa de la recepción de adhesiones o impugnaciones.
Sánchez, en su calidad de conjueza, ha intervenido en varias causas resonantes: por ejemplo, el año pasado en el caso de Alberto Petean Pocoví (el hombre que atropelló y mató a dos policías en Blanco Encalada), presidió el tribunal en la audiencia en la que se dictó prisión preventiva al detenido.
En 2017, como conjueza de Garantías, estimó necesario modificar la imputación de Daniel Zalazar, el hombre acusado del triple crimen del barrio Trapiche.
Pero la conjueza soportó un trago amargo en un caso que la puso en la agenda de todos los medios. En 2017, Sánchez fue la conjueza a la que la fiscal Gabriela Chaves le pidió 24 allanamientos sobre distintas propiedades vinculadas a la causa Tupac Amaru.
El viernes 7 de abril, mientras Chaves esperaba que la conjueza (en ese momento a cargo del sexto juzgado de garantías), autorizara los allanamientos, la titular de la Tupac Nélida Rojas, su esposo Ramón Martínez y sus dos hijas Carla y Leonela, se presentaban en la fiscalía para ponerse a disposición de la Justicia, antes de que la fiscal fuera a buscarlos y, de paso, revisar sus domicilios y otras propiedades.
Los cuatro miembros de la familia quedaron detenidos, pero la presentación "espontánea" de Rojas y los suyos, hizo sospechar que había una filtración de información.
Cuando la fiscal Chaves pudo hacer los allanamientos no encontró nada de lo que pretendía buscar en los domicilios allanados.
El hecho se transformó en un escándalo y puso a Sánchez en el centro de la escena y de todas las versiones.
Hubo una investigación. Se revisaron los teléfonos de todos los empleados del juzgado. En uno de los teléfonos se encontró una llamada al abogado de Nélida Rojas, Alfredo Guevara.
Se revisaron las cámaras de seguridad y se halló una imagen comprometedora. Uno de los empleados le entregaba al letrado unos papeles en la puerta del Sexto Juzgado de Garantías.
Cuatro meses después de la filtración, en agosto de ese año, se imputó al jefe de mesa de entradas del juzgado, por violación del secreto oficial.
Antes de ser conjueza, durante casi una década, Sánchez había sido secretaria del cuarto juzgado de garantías. Rindió ante el Consejo de la Magistratura para ser jueza y, como había aprobado, la Corte la nombró como conjueza. En aquellos días reemplazaba a David Mangiafico, que estaba de licencia.
