Un accidente motivó un reclamo que terminó, pleito mediante, en embargo. Y ahora se le suma una denuncia contra dos abogados, que, por estas horas, se encuentra radicada en una fiscalía de Delitos Complejos. Estos son, entre otros, los ingredientes de un caso que se inició hace más de 15 años y que según se vislumbra no tiene una fecha de finalización.
La doctora Graciela Beatriz Brachmann, profesional del Ministerio de Salud de la Provincia, pero cumpliendo funciones en una empresa de asistencia médica, concurrió a un consorcio de calle Fader, en Ciudad, ante el reclamo para atender a una menor.
Al retirarse del domicilio, acompañada y conversando con el padre de la nena, no advirtió una abertura en el piso, sin rejilla, donde terminó introduciendo una pierna; esto motivó, tiempo después, una operación del miembro afectado. Fue en marzo de 1999.
En busca de una acción resarcitoria por las graves lesiones sufridas, la médica inició una demanda que encontró no sólo el rechazo de la Justicia, sino que además se le aplicaron las costas del juicio. Y, en ese momento, se le trabó un embargo preventivo, cuando habían pasado 4 años y ya corría 2003.
El juicio contra la profesional médica tuvo su continuidad cuando en 2005 se le reclamó la suma de 42.979 pesos, según lo establecido por un Juzgado Civil; cifra que terminó de cancelar (las sumas fueron descontadas del sueldo del Ministerio de Salud y depositadas en la sucursal del Banco Nación) el pasado mes de febrero. En ese momento se advirtió que lo embargado había superado la cifra original, trepando casi a los 50 mil pesos.
Denuncia
Aquí es necesario aclarar que la demanda por cobro de honorarios fue iniciada por dos abogados del foro local, pero uno de ellos, en el año 2008, fue suspendido en su matrícula, por lo que se presupone que el monto establecido debería haber sido modificado. Es decir, tendría que haberse dado una "reducción de la cuota", lo que no sucedió.
Ante esa situación, el doctor Tomás Azpicueta, en representación de la médica, se presentó ante el fiscal Daniel Carnielo, denunciando por estafas reiteradas, falsificación de documentos y defraudación a los profesionales, que ahora intentan cobrar unos 57 mil pesos "de capital", que no habrían sido cancelados anteriormente.
Para Azpicueta esta maniobra configura una "estafa", teniendo en cuenta que el reclamante se ha presentado como "si fuera acreedor", sin haber declarado, como corresponde, "cuánto cobró en total" durante todos los años de pleito.
En la presentación ante Delitos Complejos se le reclama al fiscal Carnielo que "solicite con carácter de urgente los expedientes" donde están anotados los montos reclamados (como capital, más intereses y costas). Ahí "surgen indicios coherentes y concordantes con la comisión de los delitos denunciados", concluyé el abogado Azpicueta.
