El gobernador saliente, Francisco Pérez, y el entrante, Alfredo Cornejo, se cubrieron con un manto de piedad. Pérez le dio a Cornejo un respiro como para empezar a remontar la severa crisis financiera de la Provincia y el sucesor le dio al actual mandatario un salvoconducto para evitar que algunos funcionarios tuvieran que pasar por los estrados judiciales.
El respiro equivale a 5.800 millones de pesos de endeudamiento, más 1.000 millones en títulos para cubrir las deudas que viene acumulando la administración de Pérez y, de esa manera, que Cornejo arranque su tiempo pagando en cuotas el descalabro.
El salvoconducto es blanquear el cambio de destino de fondos que estaban asignados por ley y que fueron usados para gastos corrientes, particularmente el endeudamiento autorizado por la Legislatura para financiar obras de la empresa de Aguas y Saneamientos Mendoza SA (Aysam), además de cubrir con deuda las retenciones indebidas de los aportes que debieron recibir y no recibieron OSEP, mutuales y sindicatos.
Pasadas las 11, Pérez y Cornejo, junto al vice Carlos Ciurca y la vice electa Laura Montero, se plantaron ante la prensa para presentar el proyecto de ley fruto del “Diálogo por la transición” tal como lo bautizaron los protagonistas.
El fruto de ese diálogo es un proyecto de ley que fue enviado a la Legislatura ayer mismo y que tanto Pérez como Cornejo esperan que se apruebe pronto, para empezar los trámites ante el Ministerio de Economía de la Nación, que debe autorizar a la Provincia para que salga al mercado de capitales a obtener financiamiento.
Del otro lado hubo un manto de piedad que es admitido en voz baja por algunos de los protagonistas. Alguien le dijo a uno de los radicales presentes en el acto: “Le tiraron un salvavidas a los funcionarios de Pérez para que no les pinten los dedos”. El radical respondió: “No hacemos política con el Código Penal en la mano”.
En el artículo 41 de la Constitución provincial, toda ley que autorice a tomar deuda tiene que incluir el destino que tendrán esos fondos. En marzo de 2011, la Legislatura sancionó la ley 8.270 que autorizó al Ejecutivo a tomar 160 millones de dólares con destino al plan de obras de Aysam, con el objetivo de recuperar las instalaciones y mejorar el servicio. Esa autorización vence a fin de año y hasta ahora se han tomado 470 millones de pesos, de los cuáles se han pagado en obras 440 millones.
En el proyecto de ley acordado por Pérez y Cornejo se retoma este endeudamiento. En el artículo 3 de la iniciativa se autoriza nuevamente a tomar créditos por 160 millones de dólares; en realidad, a cubrir la diferencia hasta llegar otra vez a ese monto en dólares, con vencimiento en 2020. Es decir, hay más de 5.800 millones de pesos de endeudamiento previsto en el proyecto acordado.
En el segundo párrafo del artículo 4 llega el manto de piedad: dice que los fondos ingresados hasta ahora y que no hayan sido destinados para uso de Aysam “tendrán como destino cubrir las necesidades financieras del ejercicio en que se realizaron las operaciones de crédito”. Con esto, se reconoce algo que hasta ahora había negado el oficialismo: ese dinero ya se usó para gastos corrientes.
Uso compartido
Hay otro manto para cubrir alguna desprolijidad fruto de los problemas financieros. En el artículo 5 se prescribe que el 40% de los 5.800 millones de deuda deben gastarse antes del 10 de diciembre.
En el artículo 6 se indica que, de ese 40%, 800 millones de pesos son para pagarle las acreencias al Banco de la Nación Argentina, mientras que 1.000 millones son para cancelar “obligaciones contraídas con sindicatos, mutuales, Obra Social de Empleados Públicos, organismos de seguridad social, municipios, aseguradoras de riesgo del trabajo y deuda flotante, en ese orden de prioridades”. Es decir, cubrir buena parte de las acusaciones de retenciones indebidas de fondos.
En el artículo 1 del proyecto de ley se autoriza a tomar crédito en partes: 2.600 millones para cubrir las diferencias entre ingresos y egresos del Estado en 2015 (es decir cubrir el déficit de las cuentas públicas) y 2.200 millones para cubrir la amortización de la deuda pública que debe cancelarse en este ejercicio fiscal. Además, en el artículo 4 se autoriza al Ejecutivo a tomar otro crédito por 1.000 millones para disminuir la deuda flotante de la administración pública. Sumadas todas estas autorizaciones, se llega a los 5.800 millones de pesos.
A eso hay que agregarle otros mil millones de pesos en títulos de consolidación de deuda previstos en el artículo 8, que podrán emitirse recién cuando Cornejo haya asumido su mandato, a partir del 10 de diciembre. Se trata de títulos de aceptación optativa y los acreedores del Estado podrán usarlos para pagar impuestos provinciales, así como depositar fianzas, cauciones reales y depósitos de garantías.
El otro detalle importante del proyecto que rubricaron Pérez y Cornejo es la moratoria previsional, destinada a empleados del Estado con más de dos años de antigüedad que estén en edad de jubilarse pero que no cuenten con los años de aportes. Esta es la medida que pidió Cornejo para empezar a achicar el gasto en personal, el que más creció en los últimos años.
Admiten que el déficit se mantendrá el año que viene
Todos los protagonistas, ya sean el gobernador Francisco Pérez o el electo Alfredo Cornejo, o los negociadores Francisco García Ibáñez y Juan Antonio Gantus por el PJ y Martín Kerchner y Enrique Vaquié por la UCR, saben que el final está lejos y que el proyecto de ley que ayer presentaron es apenas un pequeño inicio. Más aún, Vaquié sinceró que el año que viene también habrá déficit porque cortar con la escalada del gasto público por sobre la recaudación “no puede corregirse de un año para el otro”.
La frase de Vaquié se llama “abrir el paraguas”. Es que el diputado radical dijo que en Mendoza hay un déficit estructural que no se acaba con un crédito que viene a cubrir los rojos hasta ahora. La solución para el insistente déficit tiene dos caminos posibles: incrementar recursos o bajar gastos.
Tanto Vaquié como Kerchner admitieron que el acuerdo de ayer no incluye el presupuesto 2016, donde ambos también admiten que habrá déficit y, por lo tanto, necesidad de cubrirlo con nuevos créditos.
Volviendo al futuro inmediato, se viene la discusión de este proyecto de ley acordado por Pérez y Cornejo. No parece un un trámite sencillo y no porque el radicalismo quiera bocharlo; esta vez sería el peronismo, donde está clavada una dolorosa espina porque ahora se le va a dar a Cornejo un endeudamiento que el propio gobernador electo negó a Pérez desde la oposición.
Esa afirmación es relativamente cierta. Es verdad que los radicales pusieron obstáculos al endeudamiento, pero también es verdad que después de mucho tire y afloje terminó habiendo autorización para que Pérez saliera a sacar créditos.
Siempre la autorización fue menor a lo solicitado, pero siempre hubo salvo en 2015 y porque el tratamiento del presupuesto quedó trabado por voluntad del propio oficialismo.
García Ibáñez no se animó a decir que los bloques del oficialismo estuvieran dispuestos a votar el proyecto del acuerdo; decía que el ámbito de la discusión es la Legislatura, un lugar dónde “siempre puede haber disensos”.
Un acuerdo por encima de las diferencias
Francisco Pérez y Alfredo Cornejo volvieron a mostrarse juntos ayer y, según coincidieron, priorizaron las necesidades por sobre sus diferencias. El acuerdo, si es aprobado por la Legislatura, implica “previsibilidad financiera para la provincia”, dijo el radical.
“Es la primera vez, desde 1983 a la fecha, que hay una transición de gobierno de seis meses... Transición que conlleva varios temas. Uno es este. Es la primera vez desde el ‘83 a la fecha que se pone blanco sobre negro sobre la historia y los antecedentes en este caso financieros y la deuda”, decía Pérez, olvidando la transición de siete meses de sus compañeros Rodolfo Gabrielli y Arturo Lafalla, en 1995.
“Sin lugar a dudas tenemos distintas formas de concebir el gobierno, la política y la ideología. Ahora, nos parece importante sobrevolar por encima de esas diferencias para coincidir en esto, que ennoblece a la política”, dijo el Gobernador.
A su turno, Cornejo decía que “es imprescindible para la provincia tener un horizonte financiero para los meses que restan del año”. Y entonces manifestó su esperanza en que la Legislatura apruebe rápidamente el proyecto acordado.
Más adelante, Cornejo dijo: “Me parece que las diferencias hay que dejarlas de lado cuando hay intereses comunes”.
