De acuerdo con los trascendidos conocidos en las últimas semanas, el Gobierno nacional se encuentra analizando la posibilidad de recortar unos 28 mil planes sociales durante los próximos meses. Se trata de aquellos beneficiarios que no han podido demostrar una contraprestación durante 2017 para mantener el beneficio de estímulo al empleo, agregando que la provincia más afectada podría ser San Juan, con una baja de 13 mil puestos.
En la Argentina se llama comúnmente planes sociales a los diversos tipos de asistencia o ayuda social que el Estado provee a la población más necesitada a través de subsidios o prestaciones específicas. Algunos de los planes vigentes para el año en curso son "becas progresar", que ayudan a los jóvenes de hasta 30 años a finalizar sus estudios primarios, secundarios o universitarios, con la exigencia de que deben mantener un mínimo de materias aprobadas para mantener el beneficio; "asignaciones familiares" que contemplan un pago de un monto mensual para trabajadores informales o desempleados con hijos menores de 18 años o para mujeres embarazadas desocupadas o salarios por debajo del salario mínimo y el denominado "plan nacional de primera instancia".
El tema de los planes sociales ha sido motivo de muchas discusiones en los últimos años. Cabría recordar lo que sucedía en épocas de cosecha, cuando el Gobierno impulsaba que quienes poseían planes fueran a cosechar y estos desechaban la posibilidad en razón de que mientras tuvieran un trabajo, aunque fuera por pocas semanas, dejaban de recibir el subsidio. "Después tenemos que reiniciar los trámites para volverlos a cobrar y eso suele llevar meses", decían. Tampoco dio resultados la decisión de pagarles el subsidio y, a modo de contraprestación, el beneficiario concurriera a las fincas a cosechar, lo que fue rechazado por los productores en razón de que eran más las pérdidas que generaban, por la uva que se perdía, que los beneficios que se obtenían.
También cobraron estado público las informaciones que hacían alusión a docentes que se veían obligadas a suscribir que el chico había concurrido a la escuela -aunque no lo hiciera- porque estaban amenazadas por los padres del menor para seguir cobrando el subsidio.
Puede que se trate de casos aislados y que no a todos los alcance la misma regla, pero lo cierto y lo concreto es que los hechos existieron y fueron denunciados públicamente.
En la actualidad se otorgan alrededor de 283 mil programas de empleo y las irregularidades que detectó el Gobierno se concentran en los planes "entrenamiento para el trabajo", una asistencia ofrecida a quienes aspiran a insertarse en el mercado laboral, previa capacitación. De un total de 80 mil que se entregan a través de organizaciones sociales como Barrios de Pie, unas 28 mil personas no pudieron demostrar que estén entrenándose para un trabajo o tomando cursos para conseguir un empleo.
Quien más se molestó con el trascendido fue el diputado sanjuanino y ex gobernador José Luis Gioja, quien destacó que en su provincia se corre el riesgo de que se dé de baja a 13 mil planes sociales laborales, "con el peligro de que esto desate una crisis social de proporciones". Sin hacer alusión al caso San Juan, desde el Ministerio de Trabajo justificaron la posible decisión en razón de que había personas que argumentaban estar años capacitándose pero nunca declaraban tener un empleo.
En épocas social y económicamente complicadas, como es la actual, resulta difícil adoptar medidas que puedan terminar afectando aún más a la población, pero también es dable aceptar que no se puede continuar con una medida que comprenda el otorgamiento de un subsidio sin obtener a cambio ninguna contraprestación, por mínima y simple que sea. Es muy factible también que la gran mayoría de los beneficiarios de los 500 mil planes de empleo que otorga el Ministerio de Desarrollo Social, se sentiría mejor si sabe que le están pagando, por mínimo que sea, por una tarea que está realizando.
