La energía nuclear es la hermana bastarda del armamento nuclear, necesario para la misilística que sigue hasta hoy la línea de Alamogordo, Hiroshima y Nagasaki, bautizada irónicamente como “Átomos para la paz”. En cada etapa del ciclo nuclear son posibles las derivaciones a la producción o tecnología de armas nucleares.
En todos sus años de existencia no se ha conseguido dar solución al problema de los riesgos que comportan los materiales radiactivos en los accidentes, mala manipulación, atentados directos o robos, vertidos y fugas a lo largo de todo el ciclo nuclear y de la descomunal cantidad de residuos que genera.
Las justificaciones han caído en el descrédito, vistas como intentos desesperados de defender esta tecnología no renovable, de alto riesgo y la más cara de la historia para producir electricidad. Se señala el tema de las emisiones de CO2, omitiendo que la mineración del uranio, el transporte y estructuras asociadas, tienen enormes emisiones que, engañosamente, no son incluidas en los cálculos.
Las últimas décadas muestran una la disminución de construcción de centrales en todo el mundo. Los inocultables accidentes e incidentes produjeron que las comunidades no otorguen la licencia social a estos emprendimientos. Italia cerró sus centrales en 1987; Austria reconvirtió su central nuclear a gas. Dinamarca prohibió por ley el uso de energía nuclear. Suecia decidió también el cierre de sus centrales. Alemania hizo lo propio poco después de Fukushima Daichi.
El relato de la seguridad es ya indefendible. El argumento económico es falaz ya que el cálculo para su evaluación deja afuera adrede, los costos de remediación, transporte, seguros, puesta en marcha, prospección y mineración, cierre de minas, la multimillonaria desactivación de las usinas al fin de sus ciclos, y fundamentalmente, los costos inimaginables de vigilancia, protección y control por miles de años de los desechos. Los cálculos honestos hacen de la energía nuclear la más cara que jamás haya existido.
Reabrir el Plan Nuclear Argentino iniciado por la Junta Militar es apostar a pérdida, con un riesgo altísimo y avasallando además los derechos de la ciudadanía que no acepta este tipo de energía. La CNEA no es fiable en este terreno. Dejó sin remediar pasivos ambientales durante décadas, es autárquica, no tiene transparencia habiéndose descubierto ocultamientos como la víctima fatal del accidente nuclear en el Centro Atómico Constituyentes en 1983.
Se trata ya no de un tema de seguridad, pues no hay buenas prácticas ni buenas técnicas que puedan evitar los atentados, garantizar la prevención de accidentes, ni gestionar con seguridad los residuos y las plantas radiactivas al final de su vida útil, en todas las centrales existentes, las obsoletas y las que se proponen construir. En cada etapa del ciclo nuclear se producen desechos que serán letales por miles y miles de años, dejando un legado radioactivo a las generaciones futuras. ¿Cómo podemos, como especie, dejar ese legado a los que vendrán después de nosotros? ¿Qué derecho nos arrogamos para semejante cosa? Se trata claramente de un tema ético.
